Decisión de Junta Directiva se tomó con voto calificado de la presidenta ejecutiva.

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, anunció en conferencia de prensa la decisión de la Junta Directiva de comenzar a respetar el pago del salario mínimo inembargable a las personas funcionarias de esa institución.

La decisión de la Junta Directiva deja sin efecto el acuerdo anunciado en julio anterior, que permitía a la administración de la Caja aplicar un transitorio de la Ley 9918 referente a las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la promulgación de la Ley 9859.

Dato D+: El salario mínimo inembargable corresponde a un monto de 216.887,24 colones, al cual no se le pueden hacer deducciones.

Según datos brindados por la Caja, vía comunicado de prensa, a julio de 2022 la institución contaba con 11.126 personas trabajadoras que recibían menos de 214.000 colones mensuales como salario neto. Además, cerca de mil personas recibían menos de 5.000 colones por mes, e incluso, se registraron casos de personas que a raíz de las deducciones no recibían salario.

Según detalló la presidenta de la Caja, para tomar la decisión se tuvo que recusar a los tres directivos representantes de los trabajadores, Martha Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar, por conflictos de intereses y la votación de quedó 3-3, por lo que Esquivel hizo uso de su voto de calidad para romper el desempate.

Dato D+: El voto de calidad es la potestad que tienen las presidencias de los órganos colegiados para desempatar una votación.

Según señaló Esquivel, la decisión habría sido tomada desde el pasado 18 de noviembre, pero el acuerdo no pudo ser ratificado en firme, por lo que quedó legalmente establecido hasta la pasada sesión de la Junta Directiva de la Caja.

Por los acuerdos tomados previamente sobre aprobar los rebajos al salario mínimo inembargable, el Consejo de Gobierno denunció a tres directivos de la Caja al considerar que tomaron esas decisiones existiendo conflictos de interés al representar organizaciones que brindan créditos a las personas funcionarias de la Caja.