Es una realidad innegable que nuestro país no ha encontrado un balance entre brindar condiciones óptimas para promover el empleo formal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esto en parte se debe a la incapacidad de los distintos actores involucrados en esta discusión de llegar a acuerdos que puedan permitirle al país tan necesario equilibrio.

Para poder entablar una discusión razonable y que genere resultados, es vital desmontar mitos y creencias populares sobre la CCSS y sus servicios. Así como establecer cuál es la realidad del sector productivo del país e identificar cómo influyen las decisiones que toman los altos jerarcas de la CCSS en las condiciones de empleabilidad y formalización de actividades económicas.

Seguridad social e informalidad

Lo primero que hay que decir es que la CCSS no brinda servicios de salud de forma gratuita, aunque tenga un régimen no contributivo tanto en tema de pensiones como de salud pública. No solo porque se financia con el cobro de cuotas de naturaleza impositiva a los patronos y asalariados, sino porque su operación incide directamente en las capacidades que tiene el país para ofrecer condiciones idóneas para la generación de empleo formal. Los costos para el sector productivo no se limitan al costo de las cargas sociales, también están relacionados a la eficiencia del servicio, la gestión de los recursos y el acceso a la formalización ante la CCSS.

Esto último está en una situación crítica. Un estudio denominado “La informalidad del empleo en Costa Rica”, revela que son las empresas de la categoría micro y pequeñas las que poseen la mayor informalidad, tanto a nivel absoluto como relativo. Según Mora Guerrero, autor del estudio, para 2019 se encontraban 282.801 microempresas en la informalidad, las cuales presentan una tasa de informalidad de un 80%, lo que representa un 64% del total de empleo informal, en un país cuya informalidad alcanza a casi la mitad de su fuerza laboral.

En ese sentido, sin duda alguna, la CCSS tiene un rol protagónico, lamentablemente. Y es que, según datos de la propia institución a junio de este año, de los 14.734 patronos morosos activos, 13.168 corresponden a microempresas (empresas que emplean de 1 a 5 trabajadores), 1.382 son pequeñas empresas (de 6 a 30 trabajadores), 153 medianas empresas (de 31 a 100 trabajadores) y 31 grandes empresas (más de 100 trabajadores). Evidentemente las condiciones que establece la institución para la formalización no son compatibles con las necesidades de los emprendedores.

Estos datos son reveladores, no solo por las cifras, sino porque nos hablan de qué sección de la población es la mayor afectada por las trabas burocráticas que impiden la formalización de sus actividades. Son las personas con menos posibilidades económicas las más vulnerables ante el sistema burocrático de nuestro país, condición que les deja en una situación de riesgo social, pues una persona que labora informalmente se traduce en alguien asumiendo riesgos laborales sin contar con acceso al sistema de salud de forma óptima y quedando a expensas de otro de los problemas de la CCSS, como lo son las deudas retroactivas por el plazo que se ejerció una actividad sin reportarla a la institución. Específicamente, esta cifra corresponde a 662.000 personas trabajadores, es decir, un 30% de la fuerza laboral.

¿Son las grandes empresas la mayoría entre los morosos? Evidentemente no, sin embargo, no es pequeño el número de quienes en la clase política plantean medidas para perseguir a “los grandes capitales”. Es claro que entre mayor sea la empresa, mayores capacidades posee de hacerle frente a la burocracia y los costos de la seguridad social. Y esto no es una defensa o ataque a dichas empresas, que afortunadamente pueden sostenerse y brindar empleo, sino un llamado de atención a quienes se encuentran en posiciones de poder y toma de decisión para que centren su trabajo en la urgencia de proporcionar acceso a las personas al sistema de salud y seguridad social de nuestro país. Algo que requiere de visión de largo plazo, tan escaso en la administración pública y la política nacional.

Otro de los aspectos que deben revisarse es el enfoque de la gestión administrativa de la CCSS. Pareciera que sus jerarcas no terminan de comprender los datos antes expuestos, pues pese a que su objetivo es de sentido común (dotar a la institución de recursos que den equilibrio financiero) se empeñan en un modelo que penaliza el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de las personas.

El trato se recrudece para los trabajadores “independientes”, cuya modalidad de afiliación es rígida y les trata como un asalariado más, sin contemplar las variaciones en los ingresos de estas personas. Lamentablemente, este sector de la fuerza laboral ha quedado desprotegido ante la abusiva política implementada por la CCSS, pues dicho reglamento se aplica incluso provocando inseguridad jurídica, al establecer plazos de prescripción en cobros por deudas de periodos mayores a los 4 años establecidos en la legislación y jurisprudencia nacional sobre las cargas parafiscales, como lo son las contribuciones de los patronos y los trabajadores a la seguridad social. La CCSS en su nuevo reglamento para trabajadores “independientes” pone el tope en 10 años.

Lo anterior tiene evidentes repercusiones, de las 249.635 personas que se encuentran registradas en la CCSS en esta modalidad de seguro, poco más de 113.000 personas se encuentran morosas con la institución. Esto debería ser un llamado a las autoridades, no es que las personas no quieran pagar, pues nadie quiere una deuda que le impida formalizar su actividad, es producto de la poca flexibilidad y falto de sentido común del reglamento para las personas trabajadoras en modalidad “independiente”.

Acciones en la dirección correcta

Dentro de las acciones que deben analizarse están el eliminar la capacidad de la CCSS de cobros retroactivos de forma arbitraria, que actualmente pueden ser hasta por periodos de 10 años por actividad económica que la misma institución establece que existió, sin ningún argumento más que su propia interpretación de los ingresos de un trabajador.

También, el darle tratamiento a las cargas sociales como lo que son: cargas parafiscales, y aplicar la legislación correspondiente a las deudas que se generen por concepto de cargas sociales. En este aspecto, es importante lo propuesto en el proyecto presentado por el diputado Jorge Dengo Rosabal (expediente 23.107).

A su vez, modificar el reglamento de la CCSS para los trabajadores independientes, eliminando la discrecionalidad para establecer el monto del pago que los trabajadores deben realizar a la institución. Las personas deberían pagar acorde al ingreso real, no al que la institución supone.

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