Las organizaciones detallaron que, según la redacción actual, los autobuses que ingresen hoy a dar el servicio podrán continuar dándolo hasta el año 2042.

A través de una carta enviada a la Asamblea Legislativa, varios colectivos ciudadanos dedicados a impulsar una mejora en las condiciones de movilidad de las personas en Costa Rica, expresaron su molestia en contra del proyecto de ley que avala aumentar a 20 años la vida útil de los autobuses.

El expediente de 22.530, que recientemente fue dictaminado de forma positiva en la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, plantea una reforma al artículo 64 bis de la Ley No. 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad con el objetivo de alargar la vida útil de las unidades vehiculares. Sin embargo las organizaciones denuncian que la intención no tiene justificación técnica y que está basada únicamente en argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que brindan el servicio.

La activista de derechos humanos, Nicole Mesén Sojo, denunció que en la exposición de motivos del texto de ley se afirma que es técnicamente sustentable extender la vida útil de los autobuses, sin embargo el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dice que la reforma no se basa en estudios técnicos que sustente la mediación, en contraparte la exposición está argumentada en la situación de pandemia.

Carta Sociedad Civil - Exp 22530

A través de un video que compartió en sus redes sociales dijo que la propuesta atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. Mesén Sojo calificó de absurdo que en la actualidad existan autobuses en los que las rampas no cumplen los parámetros de ancho o que están en mal estado o ni siquiera funcionan, y que los espacios para las personas con discapacidad están montados sobre gradas.

Existen (esas condiciones) actualmente en autobuses que tienen permisos de revisión técnica, se supone que la ley 7600 establece que no deberían estar circulando pero igual circulan".

En el documento enviado a los congresistas, las organizaciones detallaron que, según la redacción actual, los autobuses que ingresen hoy a dar el servicio podrán continuar dándolo hasta el año 2042.

Hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que analicen este proyecto desde un punto de vista técnico, priorizando el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos y asegurando que con esta medida no se exponga la vida de quienes utilizan buses cada vez más antiguos para llegar a sus centros de trabajo y estudio". 

Los colectivos de movilidad plantearon a los diputados que votaron a favor del proyecto una serie de cuestionamientos como los criterios técnicos usados para apoyar el expediente, el no delineamiento de las empresas a las que se beneficiará y las medidas impulsadas a favor de los usuarios.

Asimismo, enfatizaron en el no acatamiento de criterios negativos o de mejoras emitidos por el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

El dictamen afirmativo del proyecto fue dado por los congresistas Waldo Agüero Sanabria del oficialismo; Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista(PLP); María Marta Carballo Arce y Vanessa de Paul Castro Mora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Olga Morera Arrieta de Nueva República; Kattia Rivera Soto y Monserrat Ruiz Guevara del Partido Liberación Nacional (PLN).

Posterior a esa votación, Kattia Rivera, jefa de fracción del PLN, afirmó que el proyecto es de suma necesidad porque hay 57 comunidades que tienen los servicios de autobús suspendidos, y que las empresas beneficiadas son en su mayoría empresas con una o tres unidades, de índole familiar, y que ni siquiera están al día con el pago del canon de Aresep debido a la situación económica que atraviesa el país.

De forma negativa solo votó la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez, quien afirmó que comprendía la necesidad que puedan tener las pequeñas empresas y cooperativas autobuseras, pero este proyecto a como quedó, no era solo para ellos, sino también para las grandes empresas autobuseras.

En similar sentido, la frenteamplista, Rocío Alfaro Molina, dijo que con este proyecto se le está "poniendo la mesa" a los grandes autobuseros que se "han ido comiendo" a los pequeños, ya que no se está respetando la regulación respecto del máximo de rutas por empresa, lo que constituye una práctica desleal para los pequeños autobuseros.

Las organizaciones plantearon una serie de ideas para mejorar el servicio y las condiciones de movilidad entre ellas:

  • Un plan de recuperación del transporte público posterior a la pandemia.
  • Apoyar la modernización del transporte.
  • Espacios caminables y seguros para utilizar bicicletas que conecten con paradas de autobuses.
  • Mecanismos para acelerar la electrificación de unidades.
  • Priorizar las inversión y el uso del transporte público.

¿Autobuses eléctricos?

Al tiempo que en el Congreso avanza esta iniciativa, el pasado el 1 de julio el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, manifestó que pasar a un sistema de buses eléctricos en el país no es una opción viable en este momento. El jerarca señaló que "con el panorama mundial y el precio de los combustibles no sería ideal cargar ese cambio de flotilla en la tarifa a los usuarios".

También aseveró que debían evaluar bien la demanda de los servicios porque no cree correcto que todas las líneas compren buses eléctricos cuando no existen variables que las financien.

En Latinoamérica hay 3701 buses eléctricos, según eBusRadar.org. Costa Rica no llega a los 10 buses eléctricos y ninguno opera comercialmente. 

Lea: Costa Rica: ¿El país OCDE con buses de veinte años?

Desde el inicio de la Administración Chaves Robles, el ministro Amador Jiménez ha sostenido la idea de darle un subsidio por dos años a los autobuseros. El Poder Ejecutivo utilizaría $200 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para este fin que actualmente estudian el Ministerio de Hacienda y el MOPT.