La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente este martes, por mayoría de 7 vs. 1, un proyecto de ley para aumentar la vida útil de los autobuses que prestan servicio de transporte público, pasándolo de 15 a 20 años.

Se trata del expediente 22.530 "Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica", presentado por el entonces diputado de la Unidad Social Cristiana, Erwen Masís Castro.

Pese a que múltiples diputados de la fracción del Frente Amplio se hicieron presentes a la comisión, aunque no fueran miembros de esta, para hacer uso de la palaba en contra de la iniciativa, solo Sofía Guillén Pérez, que ostenta la representación titular del partido en ese foro legislativo, votó negativamente.

Apoyaron el dictamen afirmativo del proyecto los congresistas Waldo Agüero Sanabria del oficialismo; Gilberto Campos Cruz del PLP; María Marta Carballo Arce y Vanessa de Paul Castro Mora del PUSC; Olga Morera Arrieta de Nueva República; Kattia Rivera Soto y Monserrat Ruiz Guevara del PLN.

Kattia Rivera, jefa del Partido Liberación Nacional, afirmó que este proyecto es de suma necesidad porque hay 57 comunidades que tienen los servicios de autobús suspendidos, y que las empresas beneficiadas son en su mayoría empresas con una o tres unidades, de índole familiar, y que ni siquiera están al día con el pago del canon de Aresep, porque la situación económica nacional los ha tenido al margen.

Rivera recordó que el 50% de los trabajadores de la Gran Área Metropolitana debe trasladarse para poder desempeñar sus labores y que las unidades de transporte de estudiantes tienen una vida útil de 20 años, por lo que cuestionó la diferenciación respecto a los autobuses de transporte público.

Sofía Guillén, diputada del FA, afirmó que comprendía la necesidad que puedan tener las pequeñas empresas y cooperativas autobuseras, pero este proyecto a como quedó, no era solo para ellos, sino también para las grandes empresas autobuseras.

Estoy convencida de que debemos ayudarle a pequeñas y cooperativas, pero votaron en contra mis mociones para enfocarlo en eso. Este proyecto tiene otra intencionalidad, voy a insistir en presentar mociones para que lo arreglemos y no premiar malos pasos que ha tenido este sector.

En similar sentido, la frenteamplista Rocío Alfaro Molina dijo que con este proyecto se le está "poniendo la mesa" a los grandes autobuseros que se "han ido comiendo" a los pequeños, ya que no se está respetando la regulación respecto del máximo de rutas por empresa, lo que constituye una práctica desleal para los pequeños autobuseros.

Se esta justificando con el pequeño, mientras los tagarotes están detrás esperando comerse la competencia. Hago un llamado a los pequeños autobuseros para que no los utilicen.

El también frenteamplista, Ariel Robles Barrantes, señaló que hasta el Consejo de Transporte Público (CTP) emitió criterio negativo respecto a esta iniciativa de ley.

El diputado del Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz, afirmó que el argumento más fuerte para apoyar el proyecto es garantizar la continuidad del servicio a los usuarios, y aportó datos del CTP para poner en perspectiva el eventual efecto que tendrá el proyecto.

Cruz señaló que de las 4800 unidades de autobús para transporte que tiene el país, solo 180 están fuera de su vida útil de 15 años, y están repartidas en 74 empresas, de las cuales 40 cuentan con solo una unidad "vencida"; 17 empresas tienen dos unidades fuera de su vida útil; cinco empresas tienen tres unidades vencidas; seis empresas tienen cuatro unidades expiradas; tres empresas tienen cinco unidades vencidas; dos empresas tienen seis unidades; y una empresa, cada una, tienen siete, ocho, diez, once y doce unidades vencidas.

De las 74 empresas en cuestión, 37 no tienen más de cinco unidades en total; tres empresas tienen entre 5 y 10 unidades en total; 8 empresas tienen entre 10 y 20 unidades; 11 empresas tienen entre 20 y hasta 50 autobuses; y solo cinco empresas tienen más de 50 unidades.

Traigo a colación estos datos porque a los empresarios grandes no les afecta la vida útil, porque el modelo de fijación tarifaria hace que tengan necesidad de hacer inversión y sustitución de flota para actualizar tarifas. Son [los afectados] los pequeños, los que no tienen acceso a créditos, a quienes le piden estados financieros de dos años cuando estábamos en pandemia, y que justamente los hace prácticamente inaccesibles al crédito. Estos temas son estrictamente técnicos y de modelos de fijación tarifaria; lo peor que le puede pasar a los usuarios es que el servicio no se les brinde.