Recientemente circuló un audio en el que el presidente de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), Gonzalo Peraza Agüero, amenaza a personas recuperadoras indígenas y personal de la Universidad de Costa Rica. Habló de quebrar vidrios a busetas y "volarles" cuando pasen por una "montañita".
Esa organización ha sido denunciada por agresiones que van desde la tergiversación de información, convocatoria a manifestaciones con información falsa, incitación al odio, apología del delito, amenazas de muerte y agresiones físicas.
Por ejemplo, el 29 de julio pasado, en el Territorio Bribri de Yabamï Dí (Cabagra), Peraza Agüero y otras personas amenazaron de muerte con armas de fuego a Dominga Morales Ortiz, Jordany Sandí Morales y Nuriet Sandí Morales del Clan Duri Wak.
Ese tipo de situaciones son constantemente reportadas por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS): en 2021 contabilizaron un total de 63 actos violentos que quedaron registrados en el informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, de la organización.
El estudio está elaborado con base en los comunicados públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos por las organizaciones que participan en la CLSS y otras organizaciones con presencia en territorios de la zona.
En la presentación, que se llevó a cabo este miércoles 24 de agosto en la Universidad de Costa Rica, se detalló en la cantidad de eventos por territorio:
- Bribri Yäbami Dí (conocido como Cabagra): 24.
- Cabécar de China Kichá: 21.
- Bribri de Salitre: 13.
- Todos los territorios (amenazas generalizadas realizadas por la AMPBA): 4.
- Crun Shurin, Brörán de Térraba: 1.
Actores violentos
Las amenazas de muertes documentadas ascendieron a 12 y en su mayoría fueron colectivas, las cuales se especifican en el estudio. Sin embargo, también existieron individuales, como la que vivió Pablo Sibas Sibas, recuperador de Crun Shurin y miembro del Consejo de Mayores Brörán, organización propia del pueblo Brörán de Térraba, el pasado 12 de marzo de 2021, cuando un hombre de apellido Campos lo amenazó de muerte alegando que poseía medidas cautelares a su favor, lo cual era falso.
Al respecto de las principales formas en las que fueron agredidos los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país durante el 2021; entre las más frecuentes está el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros, con un total de incidentes. Estos tienen que ver con acciones como insultos racistas, acciones de hostigamiento e intimidación en contra de las personas recuperadoras por parte de los sujetos señalados (por ejemplo: concentraciones de varias personas en lugares públicos o en las cercanías de las recuperaciones, movimientos de vehículos extraños, etc).
La segunda corresponde a las invasiones de recuperaciones en ocasiones distintas, acciones (como incendios) para dañar cosechas, casas o pertenencias de las familias recuperadoras.
La tercera forma es la omisión policial referida a la violencia emanada desde la Fuerza Pública y, por tanto, constituye en una agresión de parte del Estado costarricense. Esta remite a la inacción frente a las agresiones que la policía atestigua pero decide no accionar.
Precisamente la policía es el principal actor que agrede a los Pueblos indígenas, con un total de 26 incidentes, entre los que se encuentra la omisión policial, la complicidad con los terratenientes, la amenazas de arresto sin justificación, el lanzamiento de gases lacrimógenos y las detenciones arbitrarias.
La mencionada Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires también figura entre los actores agresor de los pueblos originarios y que ha sido denunciado pública y judicialmente. Detrás aparecen nombres puntuales como: Eliodoro Figueroa Uva (usurpador), Ángel Porras (Fuerza Pública), Miguel Vargas Mata (usurpador), Leonel Arburola (usurpador) y Juan José Espinoza Valle (usurpador).
El informe detalló que en la AMPBA se dan concentraciones donde las personas que asisten, como finqueros, terratenientes o peones, "denuncian" actos racistas y discriminatorios en su contra, como persona no indígenas.
"Su discurso, en ese sentido, pretende hacer uso del racismo a la inversa y denunciar una supuesta relación de poder que les vulnerabiliza", enfatizó el informe.
La recientemente confesión del presunto asesino del líder indígena Jehry Rivera se dio justamente en un espacio organizado por la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena, convocada por el Poder Ejecutivo, junto con la Asociación Multiétnica y Pluricultural.
Desde la CLSS confirmaron que los 63 hechos documentados y expuestos han sido denunciados pública y algunos judicialmente. A la fecha de publicación, no obstante, ninguno ha alcanzado la justicia.
Así pues, los Pueblos Originarios de la Zona Sur, inmersos en los procesos de recuperación de tierras-territorio sobreviven a la violencia y a la impunidad avalada por el Estado costarricense, responsable de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por omisión y acción".
Mujeres más vulnerables
Un apartado del documento está dedicado a la situación que viven las mujeres de los pueblos indígenas, que al tener extensas horas de trabajo en labores de cuido, domésticas y organizativas, quedan en una situación de vulnerabilidad.
Para el 2021 identificaron que la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö, en el Territorio Cabécar de China Kichá, que fue impulsada por mujeres, es considerada como un flanco fácil de ataque y punto de avanzada para los finqueros y personas no indígenas. Además, se registró un intento de femicidio y acciones de agresión dirigidas directamente a mujeres de los Pueblos Originarios.
Menos casos
Si bien los hechos de violencia registrados disminuyeron del informe del 2020 al 2021, al pasar de 86 a 63 incidentes, desde la CLSS advierten que el conflicto en la Zona Sur está lejos de terminar. El estudio sostiene que el conflicto entre Pueblos Originarios, terratenientes, peones y el Estado se encuentra en constante transformación y cambio.
La disminución de hechos de violencia no se traduce en una reducción del conflicto, sino que, al contrario, evidencia su transformación", puntualizan.
Para la organización la transformación resulta evidente al considerar aspectos como:
- El surgimiento de un nuevo actor que conglomera a distintos terratenientes con intereses en buena parte de los Territorios Indígenas de la Zona Sur y les unifica en una sola organización, la Asociación Multiétnica y Pluricultural.
- Se registra una nueva forma de violencia por parte del Estado, la detención arbitraria.
- Aumentan los incidentes de seguridad en los que ha sido vinculada la Fuerza Pública, los Pueblos Originarios identificaron al menos 17 ocasiones en las que el ente policial ha accionado a favor de los terratenientes e intereses privados.
- La Fuerza Pública, por segundo año consecutivo, es el actor que más agresiones comete contra los Pueblos Originarios (en 2021 cometió un total de 26 incidentes de seguridad, 2 más que en 2020), las más recurrentes fueron la omisión policial y la complicidad con los terratenientes.
- Un total de 26 personas recuperadoras de tierra-territorios se encuentran amenazadas de muerte.
- Se utiliza la tergiversación de información para incitar al odio y hacer apología del delito, cuestión que es responsabilidad de la Asociación Multiétnica y Pluricultural.
- Se registró en el Territorio Bribri de Yabamï Dí un intento de femicidio en contra de una mujer recuperadora.
Diferentes instrumentos a nivel nacional e internacional como La Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que los Territorios indígenas son exclusivos para estos pueblos.
En el caso de la Ley Indígena, que data de 1977, en su artículo 3, dice que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan.
Además, el Artículo 5º explica: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO (hoy INDER) deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones”.
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 14, detalla que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. También que los gobiernos están obligados tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Por último enfatiza en instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados
Costa Rica ha reconocido a través de diversos cuerpos jurídicos que el 6,7% del territorio nacional — 3,344 km² — les pertenece a los pueblos originarios que habitan el país. Sin embargo, solo el 56,8% de estas tierras están “poseídas efectivamente” por miembros de las comunidades indígenas.
