Este lunes 29 de agosto, la Corte Suprema de Justicia seleccionará su Presidencia para los próximos cuatro años, por medio de una votación interna en la cual una mayoría simple, al menos doce de los veintidós magistrados y magistradas, deben apoyar alguna de las cinco candidaturas que se han presentado. Este proceso tiene implicaciones muy importantes para el desempeño y la imagen del Poder Judicial en su conjunto.

La Corte Plena como la cúspide del Poder Judicial aglutina el poder de decisión final en asuntos jurisdiccionales, administrativos y políticos. Es el más alto tribunal del país, encargado, por ejemplo, del juzgamiento de autoridades de supremos poderes y conflictos de poderes. En términos administrativos, es el órgano de decisión final en asuntos de gestión institucional, tiene una amplia lista de competencias administrativas, incluyendo algunas de micro gerenciamiento, como la documentada en el Informe Estado de la Justicia. Y, también ejerce la representación política hacia el exterior, aprueba políticas judiciales y planes estratégicos que definen la ruta que debe tener el conglomerado judicial.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia tiene asignada la dirección de la Corte Plena, es decir, la elaboración de la propuesta de agenda y la organización del debate de cada sesión. Son asuntos de enorme relevancia, pues el creciente volumen de asuntos administrativos y políticos que deben decidir y la división interna de este órgano, han complejizado la tarea. En esta labor de dirección de la corte, la persona que preside tiene formalmente las mismas competencias que sus pares en la Corte, no está en un nivel jerárquico superior, es decir no puede imponer sus iniciativas o prioridades más allá de la persuasión que tenga.

Esta figura parece bastante delimitada, en la práctica, y especialmente en la última década, su protagonismo ha sido determinante en procesos dentro y fuera del Poder Judicial. Su papel de coordinador de las sesiones de Corte implica una enorme cantidad de funciones que van mucho más allá del día de sesiones. Varios departamentos de la institución responden y dependen directamente del despacho de la presidencia. Este volumen de asuntos ha promovido que la persona magistrada presidente deba ser sustituida por suplentes en sus funciones jurisdiccionales de la sala a la que pertenece, debido a la falta de tiempo para atenderlas.

Como si no fuera suficiente, la Presidencia de la Corte también preside el Consejo Superior del Poder Judicial, que es el órgano de gerencia y sesiona dos veces a la semana con agendas saturadas y actas de cientos de páginas y acuerdos, entre otras cosas nombrar y administrar el régimen disciplinario de jueces.

Finalmente, la Presidencia tiene un foco mediático mucho mayor que sus pares de la corte plena, es el vocero oficial de la posición del Poder Judicial en temáticas sensibles o de alto perfil nacional, es la contraparte frente a otros poderes, es la llamada a comparecencias en la Asamblea Legislativa, y representa al Poder Judicial en órganos regionales, internacionales. En ese papel puede influenciar directamente la opinión pública. Una figura de presidencia cuestionada contaminaría con un halo de desconfianza al resto de la corte y del órgano judicial.

Los antecedentes de cada aspirante son cruciales para valorar cuál es la persona más idónea, a la vez que examinar sus aportes en el fortalecimiento de la institución, sus críticas y propuestas para abordar las principales problemáticas, sería un buen punto de inicio.

Las magistrados y magistrados que aspiran por este puesto deberían al menos presentar a la ciudadanía cuál es su planteamiento en asuntos particularmente cruciales, que si bien no enteramente en su control, si pueden ejercer un liderazgo, como lo son el fortalecimiento de la independencia judicial, mora en los procesos, así como los desafīos y sus principales aportes a este Poder de la República.

La elección y la conducción de la Presidencia de la Corte no es un mero procedimiento administrativo, lo que está en juego es la misma legitimidad del Poder Judicial.

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