El grupo de magistrados y magistradas tiene en ciernes una importantísima decisión de enorme responsabilidad para la vida institucional del Poder Judicial: elegir a quien va a ocupar la Presidencia de la Corte Plena.
El asunto no tendría la trascendencia del caso si en los últimos tiempos el Poder Judicial de nuestro país no se hubiera visto expuesto a cuestionamientos, sobre todo en lo relativo a la designación de quienes ocupan cargos en la Corte Suprema de Justicia, ya que al ser electas las personas por parte de quienes integran la Asamblea Legislativa, en procesos que muchas veces no cuentan con ni con la claridad ni con la transparencia requerida, el asunto torna dimensiones de importancia.
Todavía recordamos lo sucedido en mayo del año pasado, cuando no se recibió en Corte Plena al Relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, y en donde la discusión sobre si era procedente recibirle o no, agotó la agenda del visitante a pesar de que el tema era justamente la forma en que se designan y eligen esos altos cargos. Una situación demasiado bochornosa y lamentable, pero que parece dar cuenta de actitudes relativas a no querer escuchar aquello que simplemente no se desea, aunque se trate de personas en el ejercicio de una muy delicada función pública.
En ese contexto, quien llegue a ocupar la Presidencia de la Corte sin duda tendrá que lidiar con esas actitudes absolutamente incomprensibles en un órgano que, aunque cabeza de una institución, muchas veces parece absolutamente separado y divorciado de la realidad institucional y de la forma en que operan los despachos judiciales en la materialidad. Igualmente debe tratarse de una persona de trayectoria académica e institucional impecable, habida cuenta de que tal cargo debe ser una especie de premio a los méritos adquiridos durante la carrera Judicial de varios años.
Le corresponderá entonces escuchar a los gremios de la institución, que cada día se encuentran más organizados, y que reclaman soluciones para los conflictos que afrontan día a día y que generalmente han sido ignorados a lo largo de los años. Se trata de tender puentes y no de ahondar la brecha existente entre la cúpula judicial y los demás. Por eso resulta esencial que sea una persona con la autoridad moral y ética para exigir eficiencia y prontas soluciones en relación con los muchos casos rezagados que esperan una pronta solución en muchas oficinas.
Igualmente es de esperar, que quien ocupe la presidencia predique con el ejemplo en lo tocante al conocimiento de la materia y que además enarbole la bandera por el respeto a la independencia judicial, tan denostada y venida a menos, en parte por actitudes de jueces y juezas que hacen gala de poca preparación, en parte por el ataque gratuito y tergiversado de medios de comunicación y finalmente y en buena medida, por el silencio de la cúpula judicial.
Finalmente debe recordarse que hace unos años, el Poder Judicial afrontó un serio cuestionamiento relativo a cercanías inadecuadas e indebidas de funcionarios con personas del quehacer político, lo que trajo como consecuencia bruscos cambios a lo interno. Sin querer entrar a discutir quién tuvo o pudo tener algún grado de responsabilidad, puedo afirmar que la ciudadanía espera que esa triste historia, no se vuelva a repetir.
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