Los dilemas existenciales que enfrentó la Cucarachita Mandinga no deben menospreciarse. Decidir entre el polvorete, el labial o las cintas para el pelo no es fácil pues todos son elementos fundamentales para el buen ver.

Tampoco es fácil tomar decisiones cuando el recurso se percibe escaso y sin posibilidad de arrimarle centavo alguno a la moneda de cinco.

En silenciosa e invisible confrontación, polvorete, labial y cintas se debaten en duelo a muerte creyéndose enemigos cuando en realidad se enfrentan a una falsa disyuntiva pues todos son partes de un mismo arcoíris de color y embellecimiento.

Al igual que la Cucarachita, nos enfrentamos como país a una falsa disyuntiva creada para ponernos a pelear por los centavos perdiendo de vista el horizonte estratégico.

En la discusión por el presupuesto quieren poner a pelear a las universidades contra las escuelas, centros preescolares y colegios. Nos quieren obligar a escoger cuál eslabón de la educación pública es la más importante. O, bien, cuáles estudiantes tienen más valor: los de preescolar, los de las escuelas y colegios o las y los chancletudos (como despectivamente les llaman) de las universidades. Divide y vencerás, dice el dicho.

Es perversa esta estrategia de fabricar broncas y sentarse a esperar que corra la sangre para que emerja luego un falso mediador con una solución desesperada.

Al menos dos elementos de esta fabricada disyuntiva hay que evidenciar. El primero: ninguna de las etapas del ciclo lectivo es más importante que otra. Todas juegan un papel esencial en el andamiaje de la educación pública al colocar las herramientas del conocimiento, de las artes, las ciencias y la técnica en las manos de la población sin discriminación.  La educación pública democratiza la convivencia social y permite reducir las desigualdades. El ciclo completo de la educación pública debe recibir el presupuesto que necesita para ofrecer un servicio de calidad y de amplia cobertura.

El segundo: es falso que no haya más recursos para financiar la educación pública en todos sus niveles. Levantar la obligación de cumplimiento de la regla fiscal al MEP (para que pueda cubrir las necesidades de becas, comedores escolares, infraestructura) es una vía.  Obtener recursos frescos de otras fuentes como la reducción de los privilegios fiscales a las empresas de zonas francas, que incluso durante la pandemia no dejaron de percibir ganancias, es otra.[1]

Este país produce riqueza suficiente, pero se reparte poco. Falta voluntad política para hacer una mejor y más justa repartición del pastel. Contrariamente, se quiere hacer pagar a la población los costos de la crisis de manera exclusiva afectando lo que ha sido el pilar principal de nuestro modelo de desarrollo: una educación pública vigorosa, inclusiva y moderna.

Me cuestionó: ¿a quién le sirve una educación pública deteriorada, pobre y de mala calidad? ¿Cuántas familias podrán, ante este panorama, pagar una educación privada para sus hijos, hijas, nietos y nietas? ¿Podrá una ciudadanía poco educada hacer valer sus derechos y defender sus riquezas y soberanía?

No es dato menor que, hoy día, el 75% de los estudiantes de las universidades públicas provengan de escuelas y colegios públicos de todo el país.

A diferencia de la cucarachita atrapada en su dilema, no debemos caer en la trampa de la confrontación entre ciudadanas y ciudadanos a quienes nos interesa que nuestros hijos e hijas, de todos los rincones, tengan la mejor educación posible.

Invertir en educación nunca será un gasto. Es inversión en futuro. Y queremos que el futuro nos sonría a todos y todas por igual.

[1] Los beneficios de los que gozan estas empresas son exoneraciones del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años, de impuestos asociados con la exportación o reexportación de producto, del impuesto sobre las remesas al extranjero, y de patentes municipales por 10 años. Si se suman todas estas exoneraciones del 2019, representan un 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del informe «El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 2019», del Ministerio de Hacienda.

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