El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el día de hoy su reporte sobre el Tráfico de Personas en el mundo, el cual incluye a cada país en uno de cuatro niveles, según lo dispuesto por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata. Costa Rica se mantiene en el nivel 2 desde hace 6 años.

El Nivel 1 es la clasificación más alta, y aunque no significa que un país no tenga un problema de trata de personas, sí indica que el gobierno está haciendo lo suficiente para abordar el crimen, mientras que el Nivel 2, en el que se ubica Costa Rica desde el 2016, significa que el país no cumple los estándares mínimos, pero hace los esfuerzos suficientes para alcanzarlos.

Si bien Costa Rica no ha caído de nivel, el informe destaca como aspectos preocupantes que:

El gobierno no financió adecuadamente sus esfuerzos contra la trata, redujo la asignación para servicios a las víctimas y no proporcionó fondos para campañas para crear conciencia sobre la trata. El gobierno investigó muchos menos casos de trata que en el período del informe anterior y no procesó ni condenó a ningún traficante laboral por segundo año consecutivo”.

Sobre los esfuerzos realizados para la protección de víctimas durante el 2021, el informe señala que en Costa Rica se identificaron 21 víctimas de trata (seis mujeres, un niño y 14 niñas), una reducción en comparación con las 50 registradas en 2020 y las 35 identificadas en 2019.

Según el informe, 8 de las víctimas identificadas el año pasado eran víctimas de explotación sexual, tres de explotación laboral y en los otros 10 casos “el gobierno no especificó la forma de explotación”. Mientras que organizaciones independientes identificaron otras 8 víctimas, de las cuales cinco fueron de explotación sexual y tres de explotación laboral, para un total de 29 víctimas de tráfico de personas identificadas el año pasado en el país.

Adicionalmente, de las 21 víctimas identificadas, 14 eran costarricenses, tres nicaragüenses y cuatro tenían nacionalidad extranjera no especificada. El informe destacó que la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) dio atención y apoyo a las víctimas identificadas el año anterior, así como a otras de años previos, para un total de 41 personas atendidas en 2021.

El informe señala que en Costa Rica los traficantes someten a mujeres y niños costarricenses a la explotación sexual dentro del país, siendo particularmente vulnerables aquellos que viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur, y también se ha identificado a mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países de América Latina que han sido identificadas en como víctimas de explotación sexual y servidumbre doméstica. El informe también señala como una problemática severa el turismo sexual infantil que persiste en el país.

El informe da una serie de recomendaciones al país para atender la problemática del tráfico de personas:

  • Aumentar la identificación de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con socios locales y de la sociedad civil.
  • Aumentar el financiamiento de los servicios para las víctimas y proporcionar alojamiento y servicios especializados para las víctimas de explotación y trata en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.
  • Intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de tráfico y trata, así como condenar y castigar a los traficantes, incluidos los turistas sexuales que buscan menores de edad.
  • Reducir los obstáculos burocráticos para el desembolso de los fondos asignados a los esfuerzos contra el tráfico y trata de personas.
  • Financiar e implementar el plan de acción judicial para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de tráfico y trata de personas.
  • Reducir aún más la acumulación de casos de tráfico y trata de personas en el sistema judicial.
  • Llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas y transparentes sobre la supuesta complicidad del gobierno en delitos de tráfico trata de personas, así como  enjuiciar, condenar y castigar a los funcionarios cómplices.
  • Brindar mayor capacitación contra el tráfico trata de personas a policías, fiscales, jueces y funcionarios municipales.
  • Mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos judiciales, policiales y de protección de víctimas.