Autoridades investigan si aceptaron dádivas a cambio de facilitar procesos de adopción irregulares.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes a cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el marco de una investigación por trata de personas con fines de adopción irregular.

Los detenidos, que incluyen a tres mujeres y dos hombres, fueron identificados con los apellidos Hernández, Fernández, Chavarría, Barrantes y Chacón. Las detenciones se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina.

La investigación se originó en octubre de 2022, cuando la presidenta ejecutiva del PANI remitió un informe al Ministerio Público, señalando irregularidades en los trámites de adopción en la Oficina Local de Cariari, Pococí. Según el informe, existían anomalías administrativas que podrían estar afectando a menores de edad en proceso de adopción.

A raíz de esta alerta, el OIJ inició diversas diligencias de investigación que llevaron a la identificación de los funcionarios involucrados. Las indagaciones revelaron que estos operaban con una serie de irregularidades, entre las que se destaca la manipulación de la ubicación de menores y la falta de cumplimiento en los procesos administrativos requeridos para la adopción. Además, se encontró evidencia de que los funcionarios brindaban falso testimonio en estos procedimientos, lo que permitió separar a los menores de sus familias biológicas y colocarlos en hogares adoptivos.

Para dar continuidad a la investigación, el OIJ realizó una serie de allanamientos en las oficinas del PANI en Cariari de Pococí, la sede de Puerto Jiménez, el Departamento de Atención Regional Inmediata en Alajuela, así como en Orotina y un centro integral en Santa Ana, San José. Estos operativos tenían como objetivo recopilar evidencia que respalde las acusaciones y esclarecer el alcance de las irregularidades.

Durante las detenciones, los funcionarios fueron arrestados en la vía pública y presentados junto con un informe ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades investigan también la posibilidad de que estos funcionarios hayan recibido dádivas a cambio de facilitar procesos de adopción irregulares.

El Patronato Nacional de la Infancia confirmó en un comunicado de prensa su cooperación con las autoridades judiciales. Kennly Garza, presidenta ejecutiva de la institución, destacó que las acciones judiciales son el resultado de una coordinación estrecha con el Poder Judicial.

El PANI informó que en julio de 2024 se dictaron medidas cautelares, incluyendo la suspensión de labores de siete funcionarios, entre ellos trabajadores sociales, abogados, psicólogos y un coordinador. Estas medidas, parte de una investigación preliminar, son prorrogables y buscan asegurar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos.

El Proceso Especial de Protección (PEP), en el cual se basan las denuncias, abarca las acciones psicosociales y legales que el PANI dicta para garantizar el bienestar de los menores. Este proceso incluye desde medidas de orientación y apoyo hasta la colocación provisional en familias sustitutas o refugios temporales. Garza reiteró que todas las acciones del personal del PANI deben estar alineadas con el interés superior de los menores, y que la institución no tolerará ninguna falta funcional.

Finalmente, Garza ordenó a la Gerencia Técnica que se garantice la continuidad de los servicios y que se revisen exhaustivamente las intervenciones administrativas en curso para asegurar que se cumplan los estándares establecidos.