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Unicef ayudó a más de 1.7 millones de personas en Costa Rica durante la pandemia

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Costa Rica presentó hoy su informe de resultados para los años 2020-2021. El documento resalta el impacto directo e indirecto en más de 1.7 millones personas en lo que se refiere a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia del país en medio de la pandemia por COVID-19.

Lo anterior con una inversión de más de 6.3 millones de dólares, de los cuales se destinaron más de 1.3 millones de dólares para el suministro de insumos básicos de higiene y protección personal para comunidades y poblaciones especialmente vulnerables. Además, se apoyó con la entrega de 1.3 millones de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX.

El informe destaca que se documentó oficialmente a 3500 estudiantes migrantes con el objetivo de responder a la crisis migratoria. Dicha labor junto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Nacional de Migración y Extranjería (DGME) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos (BRPM por sus siglas en inglés).

Junto a PANI, municipios y asociaciones desarrollo se abrieron 16 Espacios Seguros en comunidades de acogida de migrantes y refugiados para ofrecer servicios de apoyo, referencias e información para la prevención de la violencia, aprendizaje y educación, apoyo psicosocial y asistencia legal más de 2.000 niñas y niños.

La representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela de Souza, enfatizó la necesidad de enfrentar los desafíos hacia la niñez y revertir la persistente pobreza y desigualdad.

Debemos reducir las inequidades sociales y económicas que afectan fuertemente niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales, fronterizas y costeras, urbanas y territorios indígenas”.

Retos

UNICEF también destacó cinco grandes desafíos que, desde su perspectiva, Costa Rica debe abordar de manera urgente: 

1.Educación con calidad e inclusiva desde la primera infancia, con acceso universal a internet y nuevas tecnologías de manera segura. Es necesario revertir urgentemente el gran número de personas adolescentes y jóvenes que son excluidas del sistema educativo antes de completar su educación.

2. Expansión y fortalecimiento de las Políticas de Protección Social para erradicar la pobreza infantil y proteger a los más vulnerables, beneficiando directamente a los más del 39% de niñas y niños que viven bajo la línea pobreza.

3. Asegurar oportunidades a los adolescentes y jóvenes para que completen su educación, tengan acceso a formación vocacional y desarrollen competencias para la empleabilidad y revertir así la alta cifra de desempleo juvenil.

4. Acciones de mitigación del cambio climático, que afecta fuertemente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a quienes los impactos del medio ambiente actualmente representan amenazas a las décadas de progreso alcanzadas en la capacidad de sobrevivir, crecer y prosperar.

5. Acciones coordinadas e interinstitucionales de prevención y respuesta hacia los diferentes tipos de violencia contra la infancia.