El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Costa Rica presentó hoy su informe de resultados para los años 2020-2021. El documento resalta el impacto directo e indirecto en más de 1.7 millones personas en lo que se refiere a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia del país en medio de la pandemia por COVID-19.

Lo anterior con una inversión de más de 6.3 millones de dólares, de los cuales se destinaron más de 1.3 millones de dólares para el suministro de insumos básicos de higiene y protección personal para comunidades y poblaciones especialmente vulnerables. Además, se apoyó con la entrega de 1.3 millones de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX.

El informe destaca que se documentó oficialmente a 3500 estudiantes migrantes con el objetivo de responder a la crisis migratoria. Dicha labor junto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Nacional de Migración y Extranjería (DGME) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos (BRPM por sus siglas en inglés).

Junto a PANI, municipios y asociaciones desarrollo se abrieron 16 Espacios Seguros en comunidades de acogida de migrantes y refugiados para ofrecer servicios de apoyo, referencias e información para la prevención de la violencia, aprendizaje y educación, apoyo psicosocial y asistencia legal más de 2.000 niñas y niños.

La representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela de Souza, enfatizó la necesidad de enfrentar los desafíos hacia la niñez y revertir la persistente pobreza y desigualdad.

Debemos reducir las inequidades sociales y económicas que afectan fuertemente niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales, fronterizas y costeras, urbanas y territorios indígenas”.

Retos

UNICEF también destacó cinco grandes desafíos que, desde su perspectiva, Costa Rica debe abordar de manera urgente: 

1.Educación con calidad e inclusiva desde la primera infancia, con acceso universal a internet y nuevas tecnologías de manera segura. Es necesario revertir urgentemente el gran número de personas adolescentes y jóvenes que son excluidas del sistema educativo antes de completar su educación.

2. Expansión y fortalecimiento de las Políticas de Protección Social para erradicar la pobreza infantil y proteger a los más vulnerables, beneficiando directamente a los más del 39% de niñas y niños que viven bajo la línea pobreza.

3. Asegurar oportunidades a los adolescentes y jóvenes para que completen su educación, tengan acceso a formación vocacional y desarrollen competencias para la empleabilidad y revertir así la alta cifra de desempleo juvenil.

4. Acciones de mitigación del cambio climático, que afecta fuertemente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a quienes los impactos del medio ambiente actualmente representan amenazas a las décadas de progreso alcanzadas en la capacidad de sobrevivir, crecer y prosperar.

5. Acciones coordinadas e interinstitucionales de prevención y respuesta hacia los diferentes tipos de violencia contra la infancia.