La diputada de Nueva República, Gloria Navas Montero, será la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Navas fue electa por la mayoría de ese foro legislativo en una votación secreta que usó papeletas, como cabeza de la comisión durante la primera legislatura que terminará el 30 de abril del 2023.
Alejandra Larios Trejos del Partido Liberación Nacional (PLN) fue la encargada de postular a Navas para la presidencia de la comisión. Durante su exposición resaltó la trayectoria de Navas como abogada con más de 50 años de experiencia que ha trabajado en la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública.
"Además ha trabajado temas de seguridad y tiene un amplio conocimiento del tema de seguridad en el país, por lo que es la persona idónea para presidir esta comisión", señaló Larios.
Las diputaciones del oficialista Progreso Social Democrático se negaron a que la elección de Navas se realizara por aclamación, lo que obligó a repartir las papeletas para proceder a la votación secreta. Aunque no fue postulado, el diputado Jorge Antonio Rojas López del PPSD obtuvo dos votos, mientras que Navas al obtener la mayoría a su favor, quedó electa.
Navas fue jefa del Departamento Legal de Productos de Concreto, asesora legal para bancos del Estado y privados, trabajó en el Departamento Legal del Ministerio de Trabajo, fue jueza de Trabajo, jueza del Tribunal Penal, Fiscal del Ministerio Público y jefa de Defensores Públicos de la Corte Suprema de Justicia.
Como abogada defensora, Navas asumió casos de alto perfil mediático: fue la defensora del narcotraficante condenado Ricardo Allen León, del exministro liberacionista Farid Ayales que fue condenado en 2003 a cuatro años de prisión por el delito de concusión, al cobrar la tramitación de tarjetas de trabajo para nicaragüenses mediante una fundación; y de Jorge Martínez Meléndez, excoordinador del Programa de Compensación Social y condenado por un millonario desvío de fondos de ese programa, quien llevó su condena hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien rechazó su reclamo en 2018.
