La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), encabezada por la exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, publicó este lunes por la tarde su informe preliminar sobre la segunda ronda electoral en Costa Rica. 

Aunque el documento destaca la solidez del sistema electoral de Costa Rica como referente para otros países de la región, los observadores hicieron múltiples señalamientos sobre aspectos negativos presenciados en el transcurso de la campaña de cara al balotaje.

Por ejemplo, el informe señala que la campaña estuvo caracterizada por acusaciones entre ambos candidatos presidenciales a través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Sumado a filtraciones de material audiovisual de índole privado relacionado con ambas candidaturas, los ataques desviaron la atención de la discusión de las propuestas electorales y generaron un empobrecimiento de la calidad del debate público. Esta campaña electoral dista mucho de las tradiciones republicanas del país.

Asimismo, la Misión notó "con inquietud" la existencia de cuestionamientos, por parte de una de las campañas, contra la institucionalidad electoral costarricense. Si bien el informe no hace mención expresa a cuál campaña, fue la del Partido Progreso Social Democrático que tomará el poder en mayo próximo la que lideró esos señalamientos.

Dichas acusaciones generaron un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y suscitaron una pronta y aceptable respuesta por parte del TSE. En ese mismo sentido, la Misión también observó con preocupación que una de las candidaturas criticó de manera constante el rol de la prensa y el trabajo de algunos comunicadores sociales, alegando una cobertura parcializada de la campaña con la intención de perjudicarlo. La libertad de expresión y el derecho de los periodistas a realizar investigaciones sobre figuras públicas son valores protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos.

La Misión electoral recordó que esas inconformidades (expresadas principalmente por el presidente electo Rodrigo Chaves Robles), deben ser tramitadas por las vías institucionales, de acuerdo con el derecho de rectificación o respuesta establecido en la ley costarricense y en el sistema interamericano.

El informe también recopila la queja de ambas campañas del tiempo que debe transcurrir entre la primera y segunda ronda electoral, lo que acorta el periodo de tiempo para conformar un Gobierno: "La Misión considera que Costa Rica se beneficiaría de una discusión sobre los tiempos indicados en la norma, lo que podría resultar en la disminución de gastos de campaña electoral, y favorecería la definición de equipos de gobierno y la construcción de consensos necesarios para dar paso a la gobernabilidad". 

En la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Constitución Política para acortar el plazo entre la primera y segunda ronda electoral fue dictaminado negativamente por parte de la mayoría de integrantes de la comisión especial conformada específicamente para el estudio de la iniciativa.

La Misión de la OEA también tuvo conocimiento de denuncias relativas a aportes ilegales realizados a las dos campañas contendientes en la segunda vuelta electoral. Estas denuncias motivaron la apertura de investigaciones preliminares sobre una presunta estructura ilegal y no declarada de financiamiento de la campaña electoral del presidente electo Rodrigo Chaves, y sobre un viaje no reportado en un vuelo privado del candidato José María Figueres, del Partido Liberación Nacional.

La Misión considera positivo que casos como estos se den a conocer con la celeridad necesaria, y entiende que su resolución debe respetar los tiempos de investigación y el principio del debido proceso. La MOE/OEA seguirá atenta al dictamen de los órganos correspondientes. Costa Rica cuenta con instituciones electorales y judiciales robustas que tienen a cargo la resolución de estos asuntos.

El documento también reitera que el sistema de financiamiento electoral actual de Costa Rica no favorece la equidad de la contienda electoral, ya que los datos provistos indican que sólo 5 de las 25 candidaturas presidenciales que participaron de la elección realizaron más del 75% del total de gastos en publicidad registrados durante la campaña.

Además, Costa Rica tiene un esquema de individualización de responsabilidad civil y penal hacia tesoreros y jefes de campaña que la MOE/OEA considera positivo. Ese modelo, sin embargo, podría tener una mayor fuerza de disuasión si se incluyeran sanciones específicamente dirigidas a los partidos que incurren en delitos o faltas electorales, para incrementar los niveles de equidad y transparencia en la contienda.

Asimismo, de acuerdo con los resultados preliminares, la participación electoral para esta segunda vuelta alcanzó un 56.85%, lo cual representa una caída de más de 3 puntos con relación al 60% registrado en la primera vuelta. La Misión electoral afirmó que ve con preocupación que los índices de participación electoral muestren un constante descenso que impacta tanto a las elecciones generales como a las municipales.

La Misión considera que Costa Rica se beneficiaría de una discusión sobre la unificación de los calendarios electorales como estrategia para combatir el creciente abstencionismo en sus procesos electorales. La MOE/OEA recuerda que, en regímenes democráticos, el ejercicio del sufragio es un instrumento valioso que debe ser aprovechado por la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones a través del voto.