En entrevista a un medio de comunicación, el ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, defendía los recortes aplicados al sector de la vivienda durante su administración, con argumentos equívocos y desafortunados. Vale la pena aclarar estos yerros, pues la política económica debe basarse en hechos, datos y resultados; y más aún la política social, porque es la que impacta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

En primer lugar, vale la pena recordar que el Fondo de Subsidios para la Vivienda, del BANHVI, merced de los recursos mayoritariamente del Fodesaf, tanto por medio del bono familiar individual (60%) y de proyectos para familias en condición de extrema pobreza (hasta el 40%), desde su aprobación y adjudicación, corresponde y va dirigido a una familia determinada. Incluso, las características y diseños de las viviendas responden a las necesidades particulares de cada núcleo familiar. En el caso de las soluciones individuales, en un alto porcentaje de los casos, incluso, la familia aporta el terreno para la construcción (40% en 2021).

En segundo lugar, es preciso reiterar que la relación público-privada establecida por ley (Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, SFNV), ha permitido al país hacer más de 400 mil casas, lo que genera a su vez que seamos el país de América Latina con el menor déficit habitacional. Para decirlo en palabras sencillas, 1 de cada 4 casas del parque habitacional de nuestro país, ha sido construida por medio de este sistema. El sector privado construye a la familia que es la que recibe el subsidio. Es ilógico pensar que el subsidio no lo reciban las familias.

Pese a lo anterior, el ministro considera que los programas de vivienda del Estado no subsidian “a las personas que están recibiendo las viviendas”. Esto es claramente incorrecto, dado que cada año se entregan decenas de miles de soluciones de vivienda, a personas en condición de pobreza, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, población nativa, de alta vulnerabilidad y bajos recursos, en ocasiones sin costo alguno, o cuando sus ingresos lo permiten, con un subsidio parcial para la solución del problema habitacional. En esta Administración se han entregado más de 44 mil soluciones de vivienda en todo el país, los registros de los beneficiarios son públicos, así que cualquier costarricense puede darse a la tarea de consultar a los beneficiarios si el costo de su solución fue subsidiado o no.

Negar que los programas de vivienda popular benefician a familias, que no cuentan con los recursos para acudir al sistema financiero tradicional, y para las cuales de no ser por medio de esta alianza público-privada tampoco hay una oferta de vivienda, es cegarse ante el hecho que en el país cientos de miles de hogares viven bajo un techo gracias a este mecanismo. Estos programas han erradicado muchísimos asentamientos informales, han llevado alivio a personas ubicadas en zonas de riesgo, afectadas por eventos naturales y accidentes causados por la actividad humana. Gracias a esta realidad, Costa Rica ostenta el déficit habitacional más bajo de la región, un logro de muchas generaciones del cual todos nos debemos sentir orgullosos, y deberíamos defender y potenciar.

En la lógica del ministro, los programas de vivienda popular subsidian a las empresas que construyen las viviendas. Esta es una afirmación abiertamente falsa, que muestra el desconocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Financiero para la Vivienda. Ninguna empresa o institución que entrega soluciones de vivienda puede ser subsidiada, todas prestan un servicio, con costos y parámetros regulados.

Bajo la lógica del ministro de Hacienda, si las empresas proveedoras del SFNV son subsidiadas, también lo serían todos los proveedores del Estado, desde los que le venden lápices y papel, hasta los que construyen carreteras.

El ministro afirma que el sector de la vivienda “es la industria más subsidiada en los últimos años”. Nuevamente reproduce la lógica que como el Estado contrata a proveedores privados para la construcción de viviendas los está subsidiando, obviando el hecho de que son contratados mediante un proceso concursal con precios y márgenes regulados. Bajo la lógica del Ministro, la industria “más subsidiada” sería la financiera, a la que se le destina más del 43% del presupuesto público por concepto de comisiones e intereses (₡2,2 billones en 2022 sólo en intereses, un 5.6% del PIB), o la de construcción de obras viales, que recibe casi el doble de recursos vivienda.

De todo lo anterior, queda claro que existe una postura ideológica sobre el sector vivienda, que ha llevado a que en los años recientes se le hayan aplicado recortes reiterados al presupuesto, mismos que tuvieron que ser corregidos parcialmente por la Asamblea Legislativa para cumplir continuar cumpliendo con la misión encomendada por la Ley, de dotar de vivienda digna, de un techo y, a la vez, contribuir a la reactivación económica y empleo que tanto le urge a nuestro país.

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