- La Asociación de Periodistas de El Salvador considera que es una “herramienta mordaza” que criminaliza el trabajo periodístico.
La normativa castiga con hasta 15 años de prisión a quienes realicen o colaboren en la elaboración y difusión de mensajes alusivos a grupos terroristas, ya sea a través de textos, pinturas, diseños, dibujos, o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado que explícita o implícitamente hagan alusión a grupos criminales.
La reforma también aplica a los medios de comunicación radiales, escritos, televisivos y digitales, que “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados presuntamente originados por delincuentes”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denuncia que se trata de “un claro intento de censura” y de “herramientas mordaza” para criminalizar el trabajo periodístico.
“Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas. O que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición hacia los Estados Unidos”, dice APES en un comunicado.
Para la organización, prohibirle al periodismo “reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas” solo “creará un espejismo que no es fiel a la verdad”.
Los cambios normativos forman parte de un conjunto de enmiendas que se hicieron en el código penal, en el marco del régimen de excepción vigente en el país desde hace diez días. La Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos manifestó este martes su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador.
La portavoz de la oficina, Liz Throssell, alertó "desde el punto de vista de los derechos humanos" sobre las recientes enmiendas al código penal en El Salvador, que incluyen "sentencias elevadas, también a menores, mientras se debilitaron las garantías del debido proceso". Aprobado por la mayoría oficialista, el aumento de penas es de 20 a 30 años por pertenecer a agrupaciones ilícitas y de 40 a 45 para “cabecillas”.
Régimen de excepción
En las últimas semanas, los hechos de violencia aumentaron en el país y esto sirvió para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidiera a la Asamblea Nacional que se aprobara el régimen de excepción por 30 días para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".
La norma aprobada establece que se verán afectados por un mes los siguientes derechos: a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.
