En una conferencia de prensa llevada a cabo el 30 de marzo, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) pidió al próximo gobierno de la república poner especial cuidado a la violencia que se suscita en los territorios indígenas.

En un pronunciamiento bajo la lectura del presidente de la junta directiva del colegio, Mariano Sáenz Vega, señalaron que después de una revisión de los planes de gobierno de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Progreso Social Democrático (PSSD), "los documentos carecen de una estrategia integral y no le dan a la situación actual de injusticia y de violencia, la relevancia que merece".

Por tal razón, urgen a que el futuro mandatario, ya sea José María Figueres Olsen o Rodrigo Chaves Robles tomen acciones para atender los problemas que enfrentan los pueblos indígenas. Enfatizan en que no se trata solo de violencia física, también un irrespeto a sus derechos sobre las tierras.

El verdadero problema se encuentra en el logro de una concepción del tema indígena que apunte a valorar a los pueblos indígenas como costarricenses con plenitud de derechos. Un presidente que lo logre será recordado como el mandatario que asumió de manera seria y valiente una deuda histórica con los pueblos indígenas".

En concreto, la institución condenó los hechos de violencia en las comunidades indígenas y los asesinatos, aún sin resolver, de los dirigentes indígenas Sergio Rojas Ortíz, el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera, el 24 de febrero de 2020.

Lea: Asesinato del líder indígena Sergio Rojas llega a su tercer aniversario envuelto en impunidad

También puntualizaron en la inseguridad, el sufrimiento y los traumas de familias indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kicha y mas recientemente, de Bajo Chirripó.

El CPSCR indicó que en los últimos 10 años tiene conocimiento de distintas manifestaciones de violencia a personas indígenas y especialmente a recuperadores de tierras. Los casos los han recopilado a través de denuncias, testimonios, investigaciones académicas, medios de comunicación y pronunciamientos de diferentes entidades.

Esta realidad ensancha la desigualdad sociocultural y reforzada, entre otras causas, por un racismo a veces explícito y otras veces solapado contra esta población costarricense, reforzado por cuestionables resoluciones y sentencias judiciales". 

Criticaron que el Estado costarricense "no ha mostrado la voluntad política que requiere la situación". Tampoco la capacidad institucional suficiente para desarrollar acciones concretas, dirigidas por un lado a velar por la vida de las personas indígenas y por otro lado, a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de los territorios indígenas del país.

Ejemplificaron que la incapacidad institucional se observa con el poco avance del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (PLAN- RTI), impulsado por Instituto de Desarrollo Agrario (INDER). Dicho plan dio inicio en 2016 y se tenía planeado concluir a más tardar en 2023, pero las autoridades anunciaron que por diferentes atrasos el programa finalizará hasta 2026.

Al cierre del Gobierno de Carlos Alvarado, el Colegio de Profesionales en Sociología constata las escasas acciones que se han dado desde el 2018, para atender las causas de violencia en los territorios indígenas de Kéköldi (2019), China Kichá territorios Cabecar (2020), y las más recientes agresiones contra personas indígenas en el territorio Cabécar de Bajo Chirripó en diciembre de 2021. Misma suerte parece tener la iniciativa para crear la política pública para pueblos indígenas, cuya propuesta final carecerá de una efectiva participación y por tanto de legitimidad de las comunidades indígenas".

Los sociólogos recordaron que la normativa costarricense establece que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan y que las personas no indígenas que por alguna razón ocupen esos territorios están impedidas de alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.

Lea: Gobierno destina ₡3.200 millones para iniciar con la devolución de tierras en territorios indígenas

Las exigencias en concreto son: 

  • Declarar estado de emergencia nacional la situación que se viven en los territorios indígenas, particularmente en las comunidades de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kicha y Bajo Chirripó, con el fin de que se destinen los recursos necesarios para su atención y solución.
  • Concluir las investigaciones judiciales pertinentes que lleguen a identificar a las personas autoras intelectuales y materiales de los asesinatos del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz y del lider indígena Brörán Jhery Rivera Rivera, con el fin de juzgarlas y sancionarlas, así como a las personas que, concertadamente, propician la violencia en contra de las comunidades indígenas, de manera que tan graves hechos no queden en la impunidad.
  • Tomar medidas y acciones serias y contundentes para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas y pueblos indígenas, de conformidad con la Ley Indígena de 1977 y, particularmente, con las medidas cautelares N.° 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
  • Que en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contemple una estrategia integral para la atención de la problemática de las comunidades indígenas en el corto, mediano y largo plazo. Particularmente la definición de un proceso de acciones y metas para resolver en los próximos cuatro años la grave situación con las tierras de los pueblos indígenas.

El CPSCR convocó a los dos partidos contendientes y a las futuras fracciones en la Asamblea Legislativa, sin embargo solo se hicieron presentes Patricia González de la campaña del PLN y el diputado electo por el Frente Amplio, Antonio Ortega.