En un artículo anterior expuse una reseña general acerca de la situación de las aduanas de Costa Rica y una lista, no taxativa, de tareas pendientes.
El siguiente decálogo, es una respetuosa recomendación que podría servir para apoyar la tarea de las nuevas autoridades del gobierno que tomarán las riendas del Poder Ejecutivo a partir del 8 de mayo próximo.
No pretendo ser exhaustivo en todos los asuntos que se deberían abordar, sin embargo, la lista incluye temas considerados como esenciales para una Aduana del siglo XXI.
Plan estratégico 2022-2026. Como dijo Einstein, “no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”. En los primeros 100 días de la nueva administración se debe estructurar el plan estratégico para el próximo quinquenio, el cual debe considerar el estado de situación de nuestro país, la opinión de los actores relevantes, los recursos disponibles, la selección del nuevo modelo de las aduanas basado en las mejores prácticas internacionales sobre nuevas tecnologías para el control y la facilitación de las operaciones de comercio. Debería ser un plan que incluya la reforma de la legislación, el cambio del sistema de información y el cierre de brechas de conocimiento del personal con metas claras y medibles, que permita orientar la labor de la administración aduanera y hacer un ejercicio de rendición de cuentas de manera periódica. El apoyo de la cooperación internacional, algo usual en estos temas, resultaría muy valioso.
Legislación aduanera. El país debe afrontar el reto de realizar una revisión integral y robusta de la legislación aduanera nacional (ley y su reglamento), de manera que garantice la adaptación del marco jurídico nacional a la realidad actual del comercio internacional, a los recientes cambios normativos internacionales y a las mejores prácticas internacionales. La puesta en ejecución del megaproyecto “Hacienda Digital para el bicentenario” hace impostergable una reforma legal que garantice que los cambios tecnológicos estarán acordes con el marco jurídico.
Sistema de información. El TICA fue implementado en el 2004. A la fecha, ha tenido pocos ajustes o cambios, lo cual ha generado importantes rezagos en materia tecnológica y de soporte a nuevos esquemas de comercio exterior. En este sentido, el sistema debe ser cambiado y replanteado, de manera que responda a las exigencias actuales sobre control y facilitación del comercio, aprovechándose de las herramientas de gobierno digital y nuevas tecnologías innovadoras tales como la inteligencia artificial para el uso de datos y el blockchain, entre otros.
Gestión coordinada de fronteras. De acuerdo con el indicador mundial de facilitación del comercio de la OCDE que mide el grado de coordinación interna entre agencias que operan en la frontera, en 2017, Costa Rica tenía una calificación de 1 sobre 2, siendo 2 la calificación máxima. En 2019, el indicador tuvo una leve mejora a 1,09. Lo anterior es una clara señal de que en materia de coordinación institucional entre quienes participan en las fronteras, puertos o aeropuertos, aún hay importantes áreas de mejora. Un claro ejemplo es la carencia de procesos de inspección simultáneos y conjuntos entre autoridades de aduanas, agricultura, control de drogas u otras que intervienen al momento del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte. Este es un asunto urgente que debe ser abordado.
En este contexto el Programa de Integración Fronteriza (PIF) es fundamental para lograr una modernización de la gestión fronteriza en los puntos de ingreso y salida localizados en el norte y en el sur del país (Peñas Blancas, Tablillas, Paso Canoas y Sixaola, principalmente). Se espera que las inversiones en infraestructura, la reingeniería de procesos y la modernización en materia de tecnología sean un aliciente para impulsar la competitividad de las empresas que realizan operaciones de comercio exterior por esas fronteras. Sin embargo, los resultados y los cambios deben llegar pronto, pues la espera ha sido bastante larga.
Gestión Inteligente del Riesgo. Aduanas debe partir de la premisa “investigar para detener y no detener para investigar”. La aduana no se debe orientar a frenar las operaciones de comercio de forma innecesaria o contraproducente. En materia de control aduanero sobre las mercancías y medios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, sin duda alguna, se requiere incorporar tecnología en todas las etapas del proceso aduanero, a efectos de lograr una gestión real, pronta y oportuna del riesgo. Los equipos de inspección no intrusiva, entre ellos, los escáneres, RFI, GPS, etc., son elementos importantes y necesarios, pero no son la “pomada canaria” para todos los problemas aduaneros. Los procesos de control deben estar acompañados de soluciones de automatización y tecnificación que habiliten una mejor atención al ciudadano y un mejor manejo del riesgo basado en datos, análisis de patrones de comportamiento y tendencias. Igualmente, las autoridades deben avanzar a modelos de atención 24 horas/7 días/365 días al año, garantizando la facilitación del comercio. Para lograrlo, la gestión aduanera actual debe estar apoyada en recursos y personal, cuyos objetivos sean alcanzar mayores niveles de eficiencia y garantizar la continuidad de los servicios. Es fundamental que las autoridades hacendarias diseñen y pongan en ejecución una estrategia de gestión del riesgo en forma integral que se encuentre basada en datos y herramientas innovadoras como inteligencia artificial y que incluya a todos los actores que intervienen en el control del comercio. De esta manera, se impulsaría una “administración de aduanas digital” que funcione basada en la gestión de riesgos.
Facilitación del comercio. Los esfuerzos, por parte de aduanas, en materia de implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC deben ser redoblados. El nuevo periodo presidencial (2022-2026) resulta un momento propicio para que se trabaje en la planificación, desarrollo e implementación de una Estrategia Nacional sobre Facilitación del Comercio, en un horizonte de al menos cuatro años, concertada con el sector privado, y con métricas claras para que los avances puedan ser monitoreados. Los compromisos sobre el tema asumidos por el país ante la OMC deben ser vistos como un punto de partida y la política pública sobre facilitación del comercio debe ser permanente y continua. Los índices mundiales relacionados con desempeño logístico, facilitación del comercio o facilidad para hacer negocios son puntos de referencia para trabajar en los procesos de mejora continua. En todo ese proceso, las autoridades aduaneras son fundamentales, pues la facilitación del comercio debe ser una misión clave en su accionar. No se debe olvidar que más de tres cuartas partes de los compromisos del Acuerdo de Bali están estrechamente relacionados con aduanas.
Servicio al cliente. Poco se lograría transformando digitalmente los sistemas, a nivel de hardware y software, si no se acompaña de recurso humano decidido y comprometido con una real transformación de los servicios. El desarrollo de servicios por parte del Ministerio de Hacienda, desde sus inicios, ha tenido un enfoque centrado en quien produce los servicios y no en quien los recibe (usuarios). El proceso de transformación digital exige romper ese paradigma y obliga a enfrentar el gran desafío de desarrollar un modelo de servicio centrado en los ciudadanos.
Hay que tener claridad acerca de las expectativas de los ciudadanos, que esperan servicios con tomen en cuenta, por ejemplo: la fiabilidad (trabajo bien hecho); la capacidad de respuesta (hacer las cosas a tiempo); la competencia (saber hacer las cosas); la accesibilidad (comodidad y facilidad); la cortesía (trato amable y máxima atención); la comunicación (información clara y amigable); la credibilidad (servicios honestos); la seguridad (garantía de respeto a la confidencialidad); la comprensión y empatía (funcionario se pone en lugar del ciudadano); y el apoyo físico (entorno agradable y de calidad), entre otros.
Cumplimiento informado. Aduanas tiene la responsabilidad de informar y educar a los usuarios del comercio exterior. De esa forma, no habría excusa para incumplir las regulaciones aduaneras y de comercio exterior. La tecnología actual y los cambios esperados con la nueva futura infraestructura tecnológica que derive del Proyecto Hacienda Digital, permitirán realizar esa función de manera más rápida, transparente y certera. Las redes sociales, los videos, las aplicaciones, las infografías, el e-learning y la virtualización de las comunicaciones son tan solo algunas alternativas para que las aduanas incorporen activamente acciones concretas tendentes al impulso del cumplimiento informado de los usuarios-contribuyentes. En este aspecto, debemos trabajar en un cambio cultural de grandes dimensiones. Los ahorros para el Estado serían millonarios y los procesos litigiosos se reducirían con los consecuentes beneficios para el sector público y privado.
Relación Aduana-Empresa. El sector privado es un aliado para las aduanas, no un enemigo. Las alianzas, bajo la figura de auxiliares de función pública, son positivas, si se basan en la integridad y la transparencia. Todos estamos en el mismo barco, así que debemos trabajar conjuntamente para mejorar la situación del país y reactivar la economía, mediante el impulso de la inversión, el comercio y el empleo. Es fundamental, la creación e institucionalización de un Consejo Aduanero Público Privado, similar al existente en Chile, que sirva como una especie de instancia de diálogo y de consulta, de carácter permanente, entre la Dirección General de Aduanas y los usuarios del comercio exterior. Esa iniciativa podría convertirse en un fruto de cosecha temprana para la administración del próximo gobierno, al generar, desde el inicio, mayor confianza y compromiso del sector privado en las nuevas autoridades aduaneras, y sería un importante apoyo para el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).
Adopción de instrumentos internacionales y participación activa en la OMA. Seguir aislados de los grandes acuerdos aduaneros internacionales, como la Convenio Revisada de Kyoto (CRK) y el Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio (Marco SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), no es una buena apuesta. No solo debemos adoptarlos, sino trabajar activamente en su desarrollo y modernización. Ser país miembro de la OMA, como ocurre con Costa Rica, sin participar activamente en esa organización es dilapidar recursos estatales. La pandemia de la Covid-19 ha dado señales de importantes transformaciones en el funcionamiento de las aduanas. Es imprescindible estar presentes donde se generan los cambios, en la primera fila, para proponer ideas, conocer sus alcances y medir sus implicaciones.
Los desafíos en aduanas que enfrentaremos no pueden ser atendidos correctamente sin la utilización intensiva de herramientas tecnológicas modernas. El Proyecto Hacienda Digital dispone de los recursos para abordar ese derrotero.
Ahora bien, todo indica que las condiciones están dadas para realizar un nuevo proceso de reforma aduanera que integre aspectos tales como, recurso humano, estructura organizacional, marco legal, procedimientos y sistemas de información, gestión del cambio, servicios orientados a los ciudadanos, indicadores de desempeño, entre otros.
La aduana del siglo XXI debe cumplir su misión con altos estándares de eficiencia, eficacia, transparencia, predictibilidad, productividad y servicio al cliente.
Esperamos que el nuevo gobierno, con liderazgo, voluntad política, energía renovada y claridad de miras asuma la responsabilidad de hacer la reforma aduanera que el país demanda. Una reforma moderna, integral, pragmática, realista y basada en resultados e indicadores de desempeño.
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