El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, una reforma al Código Penal para incorporar sanciones por homicidios motivados por odio en el país.
Se trata del expediente 21.652 "Adición de un inciso 11) al artículo 112 del Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970" presentado por el diputado oficialista Enrique Sánchez Carballo, y que recibió el voto unánime de los 40 congresistas presentes al momento de su votación.
La modificación consiste en añadir un nuevo inciso al artículo que tipifica las causales que llevan a las autoridades judiciales a castigar un homicidio como calificado, con la consecuente pena de 20 a 35 años de prisión.
El nuevo inciso dispone que tendrán esa pena las personas que den muerte a otras por motivos de odio a causa de su pertenencia a un grupo etario, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.
La iniciativa tuvo criterios afirmativos del Conapam, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Comisionado Presidencial para la Población Afrodescendiente, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, de Costa Rica Afro, de la Comisionada Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ, de la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y de la Defensa Pública.
De hecho, en su fase de audiencias sólo la Federación Alianza Evangélica Costarricense manifestó su oposición porque se crea un "instituto jurídico basado en subjetivismos", se crea "un delito para favorecer a minorías" y porque la propuesta llevaría a "teatralizar" (sic) casos como estos, mediáticamente hablando, pero que no lograría disminuirlos, sino exacerbarlos.
Una idea plasmada como esta de este proyecto de ley, más bien causaría que se genere una comunidad afectada, en estado de miedo e intimidación permanente, como lo han hecho iniciativas afines a esta. Y el temor genera parálisis y falta de desarrollo. No son estos antivalores lo que estamos acostumbrados a promover o apoyar.
Al momento en que el diputado Sánchez Carballo presentó el proyecto de ley existían al menos 42 países que habían regulado como un agravante los delitos que se realicen contra una persona a causa de su pertenencia a un grupo específico. En ocasiones, se ha regulado específicamente el agravante en los casos de asesinato; en otras, se ha creado el agravante que aplica de manera general a varias normas; y algunos más, cuentan con ambas normas.
Muchos de los países que cuentan con este tipo penal son europeos y algunos otros asiáticos y africanos. Entre los países que han creado un agravante para el delito de asesinato específicamente se encuentran: Austria, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Moldavia, Portugal, Rusia, Suecia, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.
Entre la normativa que respalda esta iniciativa de ley se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el convenio Nº 169 de la OIT, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia; y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Breves
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó el acuerdo legislativo tramitado en el expediente 22.811 "Declaratoria de Ciudadana de Honor a la pintora Dolores Fernández Caballero conocida como Lola Fernández".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.432 "Autorización a la Municipalidad de Barva para que done terreno de su propiedad a la Asada de San Pedro de Barva".
— Con 19 votos a favor y 24 en contra se rechazó en primer debate y se archivó el expediente 21.800 "Código de Ejecución Penal". Con esta votación negativa la Asamblea Legislativa persiste en su incumplimiento de 28 años de emitir el Código de Ejecución Penal señalado en el artículo 51 del Código Penal, y en incumplimiento por casi 7 años de la sentencia 2015-019582 de la Sala Constitucional que le ordenó promulgar esa ley.
— Con 37 votos a favor y 1 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.231 "Convenio Constitutivo del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.116 "Reforma del artículo 466 Bis del Código Procesal Penal para incorporar el principio de doble conformidad".
— La Comisión de Cartago dictaminó afirmativamente el expediente 22.331 "Autorización a la Municipalidad de Paraíso para la condonación de deudas, principal, intereses y multas sobre impuestos, tasas servicios y demás obligaciones de carácter municipal", el expediente 22.885 "Autorización al Ministerio de Educación Pública para que done un terreno de su propiedad a la Municipalidad de la Unión" y el expediente 22.764 "Desafectación del uso público de terrenos propiedad de la Municipalidad de Cartago para que los done a la Asociación Seres de Luz".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente 21.770 "Ley para mitigar los accidentes de tránsito de motociclistas", el expediente 22.354 "Ley de impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social" que forma parte de la agenda del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional; el expediente 22.460 "Adición de un inciso d) al artículo 31 de la Ley N° 7594, Codigo Procesal Penal, del 10 de abril de 1996 y sus reformas, para que los delitos de corrupción no prescriban en treinta años", el expediente 22.469 "Reforma a los artículos 229 y 240 del título IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial N°8, del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas", el expediente 22.537 "Creación de la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica", el expediente 22.549 "Adición de un párrafo final al transitorio XIII del Código Electoral, Ley N.°8765 de 2 de setiembre de 2009 para garantizar el acceso de las agrupaciones políticas a la contribución estatal en casos de imposibilidad de renovación de estructuras, previo a los comicios electorales de 2022, debido a la emergencia nacional por COVID-19", y el expediente 22.551 "Ley para Fortalecer el Combate a la Corrupción y Transparentar los Patrimonios y los Intereses Económicos de las Candidaturas a Puestos de Elección Popular". En su lugar, la comisión dictaminó afirmativamente el expediente 22.477 "Reforma del artículo 75 del Código de Trabajo, N°2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas", el expediente 22.523 "Reforma a los artículos 346 y 347 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud"", y el expediente 22.567 "Reforma del inciso 10) y derogatoria del inciso 13) del artículo 18 del Código de Comercio, Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Reforma del artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687 de 4 de diciembre de 2008. Ley para Establecer el Correo Electrónico como Medio de Notificación para las Sociedades Mercantiles". Además, el expediente 22.226 "Pérdida de credencial de Diputados y Diputadas de la República" fue trasladado a una subcomisión con 32 mociones de fondo presentadas.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 21.434 "Ley del Trabajador Independiente", el expediente 22.114 "Ley para optimizar los requisitos de rentas de capital inmobiliario" y el expediente 22.542 "Ley de Incentivos para la Atracción y Promoción de Empresas Extranjeras de Innovación y Tecnología". Asimismo, dictaminó negativamente y archivó el expediente 21.911 "Exoneración temporal del IVA a los productos de higiene y limpieza", el expediente 21.977 "Ley para aumentar el flujo de efectivo en las empresas", el expediente 22.048 "Ampliación de los plazos establecidos en la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19, Ley N° 9830 del 20 de marzo del 2020", el expediente 22.055 "Ley para fomentar la participación de aspirantes al Consejo de Sutel y al Órgano Superior de Coprocom", y el expediente 22.105 "Ley de estimulación financiera para la reactivación económica sostenible".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el expediente 22.113 "Impuesto solidario a la riqueza, para reactivar el país ante la emergencia del COVID-19" y el expediente 22.175 "Ley para incentivar el turismo en los parques nacionales". En su lugar, dictaminó afirmativamente el expediente 22.467 "Ley de responsabilidad de los partidos políticos por deudas y condenas en perjuicio del erario público".








