El presente proyecto de Código de Ejecución Penal define los alcances de los diferentes órganos intervinientes, sus competencias y los derechos y deberes de las personas sentenciadas. Al tiempo, sistematiza y actualiza muchas de las regulaciones que se han dictado en los últimos años para crear un marco normativo que determine una política de Estado en la materia y asegure la observancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Se regulan los niveles del sistema penitenciario, de acuerdo al tipo de pena, y se establecen los criterios para su promoción, los cuales, como novedad y como sucede en casi todos los regímenes democráticos, tendrán, en adelante, que ser sometidos, en última instancia, al control judicial, para evitar la discrecionalidad de las Administración. La inclusión del filtro jurisdiccional fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, a la vez que incorpora la voz de la víctima que debe ser escuchada por el Estado.