Propone hacer obligatoria la presentación de una declaración jurada, por parte de las personas candidatas a puestos de elección popular, sobre su patrimonio e intereses, semejante a la que actualmente están obligados a realizar quienes ocupan diversos cargos de alta responsabilidad en la función pública. Además, se incorpora una declaración obligatoria, para estas personas candidatas, sobre su cumplimiento/incumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social. Estas declaraciones serán puestas a conocimiento de la ciudadanía, y a ello se adicionará la revelación de las participaciones en personas jurídicas u otras estructuras jurídicas por parte de las personas candidatas y sus familiares, utilizando, para estos fines, la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales que administra el Banco Central de Costa Rica.