Autoriza a los partidos políticos que hayan alcanzado el umbral constitucional para acceder a la deuda política, y hayan prorrogado sus estructuras partidarias internas sin realizar los procesos de renovación debido a la pandemia de COVID-19, a que se prorrogue también la autoridad de los comités ejecutivos superiores para la presentación de su correspondiente liquidación de gastos, el reconocimiento de dichas erogaciones, así como aquellas otras asociadas a liquidaciones trimestrales de gastos ordinarios y permanentes de organización y capacitación política.