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Oficialismo y oposición alcanzan consenso sobre proyecto contra el lavado de dinero

Las diputaciones del oficialismo y de oposición alcanzaron este jueves un acuerdo en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para modificar el proyecto de ley que busca adecuar la legislación costarricense a los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.208, fue presentada por la Administración Chaves Robles el 19 de setiembre del 2025, con el propósito de atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de lucha contra la corrupción y el soborno transnacional.

El acuerdo se materializó mediante la aprobación de una moción de texto sustitutivo durante el conocimiento del segundo día de mociones de fondo presentadas al amparo del artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Concluida esta etapa, el expediente regresará al plenario legislativo, donde podrán conocerse eventuales mociones de reiteración o, en su ausencia, proceder con su discusión y votación en primer debate.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, destacó durante la discusión de la moción que el acuerdo alcanzado entre las fracciones fue producto de la revisión de los criterios emitidos por las instituciones consultadas y de las observaciones formuladas por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Valoro especialmente la disposición de cada fracción para escuchar las observaciones de las demás, revisar sus propias propuestas y acordar una redacción común. Ese esfuerzo merece destacarse en un tema de tanta importancia para el país como la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero".

La legisladora destacó tres cambios derivados de las negociaciones: la modificación de las disposiciones sobre el financiamiento de la supervisión financiera para evitar duplicidades en los cobros, la recuperación del requisito de consentimiento del cliente para registrar su información personal y la delimitación de los vínculos que justifican controles adicionales sobre personas relacionadas con funcionarios públicos.

Si bien varias de las disposiciones del nuevo texto fortalecen los mecanismos existentes para combatir el lavado de dinero, el acuerdo legislativo también introduce cambios que reducen el alcance temporal y personal de algunos de los controles financieros especiales aplicables a figuras políticas, respecto de la propuesta originalmente presentada por el Poder Ejecutivo y de disposiciones reglamentarias vigentes.

Inmovilización preventiva de fondos por hasta 72 horas

Uno de los principales cambios contemplados en la reforma al artículo 25 de la Ley 7786 consiste en establecer la obligación de las entidades financieras y demás sujetos sometidos a la legislación contra el lavado de dinero de congelar o inmovilizar preventivamente los recursos provenientes de operaciones de ingreso de dinero que consideren sospechosas.

Actualmente, la legislación obliga a esos sujetos a informar confidencialmente y de manera inmediata a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cuando detecten transacciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.

Con la reforma, además de presentar el reporte correspondiente, los sujetos obligados deberán inmovilizar los fondos desde el momento en que detecten la operación sospechosa, por un plazo máximo de 72 horas. La medida deberá comunicarse a la UIF dentro del plazo máximo de un día hábil, sin alertar al cliente.

Gordienko explicó que la disposición busca evitar que los recursos ingresados mediante una operación sospechosa sean retirados o trasladados antes de que las autoridades competentes tengan oportunidad de examinar el caso y adoptar las medidas adicionales que correspondan.

¿Qué gana el país con esa disposición? Gana tiempo para examinar una operación antes de que el dinero se disperse. Y lo hace con una medida temporal, con una autoridad a la que se debe informar y con la obligación de guardar reserva".

La inmovilización inicial no requerirá una orden judicial previa, pero su continuidad deberá ajustarse a los procedimientos contemplados en el artículo 86 de la Ley 7786, que el proyecto no modifica.

Ese artículo establece que, cuando el Ministerio Público o la UIF inicien una investigación y esta última lo comunique formalmente a los sujetos obligados, estos deberán congelar o inmovilizar inmediatamente los productos financieros, dineros, activos y bienes vinculados con la investigación que mantengan depositados, en custodia o registrados.

La implementación de esa segunda medida deberá comunicarse a la UIF en un plazo máximo de 24 horas. La unidad deberá informar al Ministerio Público, que dispondrá de diez días hábiles para solicitar al juez competente la aplicación de la medida cautelar. El juez tendrá cinco días hábiles para pronunciarse.

Las entidades y los funcionarios que adopten las medidas preventivas contempladas en la reforma no incurrirán en responsabilidades administrativas, civiles, penales o de otra naturaleza, siempre que no se acredite que actuaron con dolo o culpa grave.

El proyecto también establece que, cuando una institución financiera sospeche de la existencia de operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y considere razonablemente que realizar procedimientos de conocimiento del cliente podría alertarlo, podrá prescindir de ese proceso y remitir inmediatamente un reporte confidencial a la UIF.

El Ministerio Público podrá utilizar la información producida por esa unidad como fuente de inteligencia para sus investigaciones. Sin embargo, los reportes de operaciones sospechosas no podrán divulgarse a terceros ni incorporarse al expediente judicial. Su utilización indebida será sancionada como falta grave o gravísima, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

Gordienko señaló que esos reportes permitirán orientar las investigaciones del Ministerio Público, pero no sustituirán las pruebas que deberá recopilar la Fiscalía para sustentar sus casos ante los tribunales.

¿Quiénes serán considerados personas expuestas políticamente?

La iniciativa incorporaría un nuevo artículo 16 ter a la Ley 7786 para establecer expresamente cuáles personas deberán ser consideradas personas expuestas políticamente (PEP) y las obligaciones que tendrán las entidades financieras y demás sujetos regulados respecto de ellas.

Esta categoría comprende a quienes, por la naturaleza de sus funciones públicas, su capacidad de tomar decisiones, administrar recursos estatales o ejercer influencia dentro de las instituciones, requieren una valoración particular de los riesgos asociados con sus operaciones financieras.

La condición de persona expuesta políticamente no implica que exista una sospecha de participación en actividades delictivas. Se trata de una clasificación utilizada internacionalmente para prevenir que los cargos públicos y las posiciones de influencia sean aprovechados para ocultar recursos provenientes de actos de corrupción u otras actividades ilícitas.

Entre los cargos expresamente comprendidos en el nuevo texto figuran:

  • La Presidencia y las vicepresidencias de la República, las diputaciones, los ministros y viceministros.

  • Las magistraturas propietarias y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los jueces de la República, los integrantes del Consejo Superior y el director ejecutivo del Poder Judicial.

  • El fiscal general de la República, el fiscal general adjunto, los fiscales adjuntos y los fiscales auxiliares del Ministerio Público.

  • Los jerarcas de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

  • El gerente general de la Asamblea Legislativa.

  • Los rectores y vicerrectores de las universidades públicas.

  • Los jerarcas e intendentes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las superintendencias del sistema financiero y los integrantes del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

  • El contador nacional, el tesorero nacional y los oficiales mayores de los ministerios.

  • Los presidentes ejecutivos, integrantes de juntas directivas, directores generales, gerentes generales y subgerentes de instituciones autónomas, semiautónomas, bancos estatales y empresas públicas.

  • Los directores y subdirectores de los cuerpos policiales y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como los directores, subdirectores, gerentes y subgerentes de Aduanas.

  • Los alcaldes, vicealcaldes y regidores municipales, tanto propietarios como suplentes.

  • Los jefes de misiones diplomáticas costarricenses acreditados en el exterior.

  • Los directores, integrantes del Consejo Directivo y responsables de las unidades de Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas.

  • Las personas que ejerzan otros cargos de nivel jerárquico equivalente y con facultades relevantes de decisión, administración, supervisión, control o disposición de recursos públicos.

La definición también comprenderá a quienes ejerzan o hayan ejercido funciones públicas prominentes en otros países y a quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos de alta dirección en organizaciones internacionales públicas, intergubernamentales, multilaterales o supranacionales.

El texto aclara que los funcionarios públicos de rango medio o inferior no serán considerados personas expuestas políticamente por el solo ejercicio de sus cargos.

Restringen definición de personas expuestas políticamente dentro de partidos

El acuerdo alcanzado entre las bancadas legislativas introduce una delimitación específica de los cargos partidarios que darán lugar a la condición de persona expuesta políticamente.

Estarán comprendidos quienes ejerzan cargos de alta dirección en los órganos nacionales de partidos políticos que tengan representación en puestos de elección popular y cuyas funciones impliquen facultades de dirección, decisión, administración o control dentro de la agrupación.

Sin embargo, el texto aprobado incorpora una disposición que restringe cuáles puestos serán considerados de alta dirección:

Para efectos de esta disposición, se entenderán como cargos de alta dirección aquellos correspondientes a las tesorerías y a quienes ostenten la representación legal del partido político".

De esta manera, no todos los integrantes de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos adquirirán necesariamente la condición de PEP por el solo hecho de ocupar esos cargos. Tampoco la adquirirán quienes desempeñen funciones partidarias de nivel medio, territoriales, operativas o exclusivamente administrativas.

Lo anterior no impide que esas personas sean consideradas PEP si, independientemente de sus responsabilidades partidarias, ocupan otros cargos comprendidos en la legislación.

Expresidentes dejarían de ser considerados PEP de manera indefinida

Otro de los principales cambios introducidos mediante el nuevo texto consiste en reducir el plazo durante el cual las personas mantendrán la condición de PEP después de abandonar los cargos que dieron origen a esa clasificación.

El proyecto originalmente presentado por el Poder Ejecutivo establecía que esa condición se mantendría durante los ocho años posteriores a la finalización de las funciones correspondientes y que, en el caso de los presidentes o jefes de Estado, sería indefinida. Esas disposiciones coinciden con las contempladas en el artículo 24 del Reglamento General de la Ley 7786, decreto ejecutivo 36.948.

Sin embargo, el texto acordado este jueves establece que la condición de persona expuesta políticamente se mantendrá durante el ejercicio del cargo y hasta cuatro años después de su finalización, independientemente del motivo por el cual la persona haya cesado en sus funciones.

Transcurrido ese periodo, las entidades financieras y demás sujetos obligados deberán evaluar si subsisten circunstancias y elementos de sospecha verificables técnicamente que justifiquen mantener medidas de debida diligencia reforzada hasta por cuatro años adicionales.

Para efectuar esa valoración deberán considerar, entre otros aspectos, la influencia formal o informal que todavía pueda ejercer la persona, la jerarquía del cargo anteriormente desempeñado y la existencia de vínculos entre sus antiguas funciones públicas y sus actividades económicas actuales.

Así, la legislación establecería un plazo ordinario de cuatro años después del cese de funciones y la posibilidad de mantener los controles reforzados, bajo condiciones específicas, durante otros cuatro años. El nuevo texto elimina la excepción que contemplaba la propuesta original para mantener indefinidamente la condición de PEP de los expresidentes.

El establecimiento de un límite temporal para las medidas reforzadas resulta particularmente relevante a la luz de las orientaciones internacionales en esta materia. En el apartado 44 de su guía sobre personas expuestas políticamente, publicada en el 2013, el GAFI señala que el tratamiento de quienes dejaron de ejercer funciones públicas prominentes debería fundamentarse en una evaluación de riesgos y no en plazos predeterminados.

Si bien el texto sustitutivo incorpora factores de evaluación mencionados por el propio GAFI, también establece un límite de cuatro años adicionales para mantener las medidas reforzadas bajo esa disposición.

Esas limitaciones temporales no eliminan las obligaciones generales de prevención del lavado de dinero que las entidades financieras deben aplicar a todos sus clientes, independientemente de los cargos que hayan ocupado.

Controles reforzados dependerán del riesgo de cada figura política

El proyecto establece un tratamiento diferenciado entre las personas expuestas políticamente extranjeras, nacionales y vinculadas con organizaciones internacionales.

Cuando se trate de una PEP extranjera, las entidades deberán aplicar en todos los casos medidas de debida diligencia reforzada. En cambio, cuando se trate de una persona que ejerza o haya ejercido una función pública prominente en Costa Rica o en una organización internacional, los controles reforzados solamente serán obligatorios cuando la relación comercial sea clasificada como de mayor riesgo.

Para determinar ese riesgo, las entidades deberán utilizar criterios objetivos previamente establecidos en sus políticas internas, considerando la naturaleza y jerarquía del cargo, el acceso o control sobre recursos públicos, el perfil del cliente y las características de las operaciones, productos o servicios financieros utilizados.

Gordienko defendió la incorporación expresa de las diputaciones dentro del régimen de personas expuestas políticamente y la necesidad de que quienes ejercen funciones públicas se sometan a verificaciones financieras acordes con los riesgos asociados a sus cargos.

Quienes tomamos decisiones públicas debemos aceptar que las entidades financieras examinen, en los casos previstos por la ley, el origen de nuestro patrimonio y de los fondos que movilizamos. También debemos legislar con suficiente precisión para que esas verificaciones respondan al riesgo de cada relación".

Cuando corresponda aplicar medidas de debida diligencia reforzada, las entidades deberán establecer procedimientos para conocer el origen de la riqueza y de los fondos de sus clientes, mantener registros documentales que permitan rastrearlos y realizar un seguimiento permanente e intensificado de la relación comercial.

Asimismo, cuando existan motivos suficientes, deberán valorar la elaboración de un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.

El establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales con personas expuestas políticamente extranjeras requerirá la aprobación expresa de la alta gerencia de la entidad correspondiente o de quien ocupe un puesto equivalente. Esa exigencia también abarcará a sus familiares, asociados cercanos y determinadas estructuras jurídicas de las que sean beneficiarias finales, en los términos establecidos por el nuevo artículo.

En el caso de las personas expuestas políticamente nacionales o vinculadas con organizaciones internacionales, así como de sus familiares y asociados cercanos comprendidos en la disposición, la aprobación de la alta gerencia solamente será necesaria cuando la relación comercial se clasifique como de mayor riesgo.

La iniciativa también obliga a solicitar una declaración jurada a las personas extranjeras cuando inicien una relación comercial, en la cual deberán manifestar si se encuentran comprendidas dentro de alguna de las categorías de PEP. Esa declaración no sustituirá la obligación de verificar dicha condición mediante otros mecanismos razonables.

En cuanto a los seguros de vida, las entidades deberán adoptar medidas para determinar, antes del pago de las pólizas, si sus beneficiarios son personas expuestas políticamente. Cuando identifiquen una relación de mayor riesgo y el tomador, beneficiario o beneficiario final sea una PEP, deberán informar previamente a la alta gerencia, aplicar los controles reforzados correspondientes y valorar la presentación de un reporte de operación sospechosa.

Reducen alcance de controles sobre familiares y allegados

El texto sustitutivo también modifica las condiciones bajo las cuales las medidas especiales de identificación y vigilancia financiera podrán aplicarse a familiares, socios, allegados y estructuras jurídicas vinculadas con personas expuestas políticamente.

Mientras que el proyecto originalmente presentado por el Gobierno contemplaba la aplicación de esas medidas, bajo un enfoque basado en riesgos, a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, el nuevo texto reduce ese alcance al primer grado, además del cónyuge o conviviente.

Esto implica que los padres, hijos, suegros, yernos y nueras permanecerán comprendidos dentro de la disposición relativa a familiares, pero los hermanos, abuelos, nietos y cuñados dejarán de estar expresamente incluidos por su vínculo familiar.

Además, la moción aprobada incorpora como requisito adicional para la aplicación de las medidas de identificación, debida diligencia y, cuando corresponda, debida diligencia reforzada, la existencia de elementos de sospecha verificables técnicamente y un enfoque basado en riesgos.

En el caso de los socios o asociados de una persona expuesta políticamente, deberán existir elementos objetivos y razonables que acrediten una vinculación estrecha y relevante, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Compartir con la PEP la propiedad efectiva, el control o el beneficio final de una persona jurídica, fideicomiso u otra estructura jurídica.

  • Mantener una relación comercial, profesional o societaria significativa que implique intereses económicos comunes.

  • Actuar habitualmente en nombre, por cuenta o en beneficio de la PEP.

  • Mantener una relación personal o profesional estrecha respecto de la cual existan elementos objetivos y razonables que permitan determinar un riesgo de utilización de ese vínculo para ocultar, administrar, controlar o disponer de recursos en beneficio de la PEP.

Las medidas también podrán aplicarse a personas jurídicas, fideicomisos y otras estructuras respecto de las cuales existan elementos objetivos y razonables para determinar que su titularidad real, administración, control o beneficio final está materialmente vinculado con una persona expuesta políticamente o se ejerce en beneficio de esta.

Gordienko explicó que Servicios Técnicos había advertido sobre las dificultades de aplicar una referencia genérica a la cercanía social entre personas. Según la legisladora, las nuevas disposiciones permitirán identificar vínculos mediante criterios verificables relacionados con el control de sociedades, los intereses económicos comunes o la actuación habitual de una persona en nombre de otra.

Para investigar el lavado de capitales, esa precisión importa mucho. Permite llegar a la pregunta que interesa cuando hay una sociedad o un fideicomiso de por medio: ¿quién controla los bienes y quién recibe realmente el beneficio?".

La reducción del grado de parentesco contrasta con la justificación de la propuesta original del Poder Ejecutivo, recogida en la opinión jurídica PGR-OJ-077-2026 de la Procuraduría General de la República, según la cual la inclusión de familiares hasta segundo grado respondía a un análisis de las relaciones familiares en Costa Rica y a disposiciones adoptadas en otros países.

La guía del GAFI sobre personas expuestas políticamente no establece un grado específico de parentesco, sino que recomienda considerar las características sociales, económicas y culturales de cada país, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas o amplias de los conceptos de familiares y asociados cercanos.

Registro de personas expuestas políticamente será confidencial

La propuesta establece que las dependencias encargadas de gestionar los recursos humanos de las instituciones públicas deberán suministrar a la Contraloría General de la República información oficial, actualizada y precisa sobre las personas comprendidas dentro de la categoría de PEP.

La información permitirá alimentar un mecanismo de consulta restringida, administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), destinado a facilitar la identificación de esas personas y apoyar las labores institucionales de prevención del lavado de dinero.

El registro contendrá el nombre de la institución, el nombre completo del funcionario, el puesto que desempeña, su nacionalidad, el tipo y número de identificación y las fechas de inicio y finalización de sus funciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá suministrar a la Sugef la información necesaria para identificar a las personas expuestas políticamente vinculadas con las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en Costa Rica.

Mientras que la propuesta original declaraba el registro de interés público, aunque de acceso restringido y con la posibilidad de consultarlo por razones justificadas, el nuevo texto dispone que la información contenida en el registro tendrá carácter confidencial, acceso restringido y uso exclusivamente oficial.

Podrán consultarlo las siguientes autoridades, dentro del ámbito de sus competencias y bajo perfiles de acceso previamente definidos:

  • La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, para fines de inteligencia financiera, prevención e investigación de los delitos contemplados en la legislación.

  • Las cuatro superintendencias del sistema financiero, exclusivamente para ejercer sus labores de supervisión.

  • El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, para la investigación y persecución penal de los delitos previstos en la ley.

  • La Contraloría General de la República, para labores de administración, actualización, control, resguardo y auditoría del mecanismo.

La disposición prohíbe reproducir, circular o utilizar esa información para finalidades distintas de las expresamente autorizadas por la legislación. El texto no contempla el acceso directo al registro por parte de la ciudadanía ni incluye a las propias entidades financieras entre las autorizadas expresamente para consultarlo.

La existencia del mecanismo tampoco sustituirá las obligaciones de identificación, evaluación de riesgos y debida diligencia de los sujetos obligados. En consecuencia, la ausencia de una persona en ese registro no será suficiente para descartar que deba ser considerada una PEP.

Nuevas garantías para el tratamiento de datos de clientes financieros

Otro de los componentes de la reforma consiste en modificar las reglas de funcionamiento del Centro de Información Conozca a su Cliente (Cicac), una base de datos administrada por la Sugef que facilita el cumplimiento de las obligaciones de identificación y conocimiento de los clientes del sistema financiero.

Si bien la legislación vigente ya contempla la existencia de esa base de datos, el proyecto incorporaría expresamente obligaciones relacionadas con la legalidad, el consentimiento previo e informado, la proporcionalidad, la finalidad específica, la calidad, la seguridad y la confidencialidad en el tratamiento de la información, conforme a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968).

Al iniciar una relación comercial, las entidades deberán registrar, verificar y actualizar la información de sus clientes en la base de datos, siempre que estos lo hayan autorizado. El Conassif podrá establecer reglamentariamente las excepciones que considere pertinentes a esa disposición.

Gordienko explicó que la recuperación del requisito del consentimiento del cliente responde a una recomendación formulada por las superintendencias generales de Valores y de Seguros durante la consulta legislativa del proyecto.

Las entidades supervisadas comprendidas en el artículo 14 de la Ley 7786 únicamente podrán consultar información de sus propios clientes mientras exista una relación comercial vigente. El Conassif establecerá distintos niveles de acceso según la finalidad de la consulta, sus características y el perfil de riesgo de la relación comercial.

Todos los accesos deberán quedar registrados en una bitácora que permita identificar a quien realizó la consulta, su finalidad y los datos a los cuales accedió. Esa información deberá conservarse durante un plazo mínimo de diez años.

Las superintendencias podrán consultar la base de datos exclusivamente para ejercer sus competencias de supervisión, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá hacerlo en el marco de análisis o investigaciones de inteligencia financiera formalmente iniciadas, dejando constancia del expediente o caso que motivó la consulta, la identidad del funcionario y la fecha y hora en que se efectuó.

Cuando una persona solicite la apertura de productos o servicios financieros que, por sus características o montos, puedan representar riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la entidad deberá consultar previamente la información correspondiente, para lo cual requerirá el consentimiento informado y temporal del solicitante.

La base de datos podrá incorporar información proveniente de fuentes públicas de acceso general y también de fuentes restringidas, siempre que en este último supuesto el titular haya otorgado su consentimiento informado.

Los clientes tendrán derecho a solicitar una copia de la información registrada sobre sus personas y requerir su rectificación cuando consideren que los datos no reflejan su situación real. Las entidades deberán atender esas solicitudes en un plazo razonable.

El uso indebido, acceso no autorizado o divulgación de la información será sancionado conforme a los artículos 196 bis y 203 del Código Penal, relacionados con la violación de datos personales y la divulgación de secretos. La infracción de esas disposiciones también conllevará la destitución del funcionario responsable, sin responsabilidad patronal.

El proyecto aclara que la información contenida en el Cicac no constituirá por sí misma una calificación o valoración del riesgo de los clientes. Cada entidad deberá efectuar su propia evaluación y continuará siendo responsable de cumplir las obligaciones legales relacionadas con el conocimiento de las personas con las cuales mantiene relaciones comerciales.

Proveedores de activos virtuales contribuirán al financiamiento de la Sugef

El nuevo texto también modificaría el artículo 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732) para incorporar expresamente a los proveedores de servicios de activos virtuales entre los sujetos obligados a contribuir al financiamiento de las labores de supervisión que realiza la Sugef.

Esos proveedores fueron incorporados al régimen de prevención del lavado de dinero mediante la Ley 10.961, del 9 de junio del 2026, que adicionó el artículo 15 quáter a la Ley 7786.

El Conassif deberá determinar anualmente el monto del canon correspondiente, el cual podrá diferenciarse según el perfil de riesgo de cada sujeto supervisado, su estructura, la cantidad y el monto de sus transacciones, su vulnerabilidad al riesgo y los costos asociados con su supervisión.

La reforma mantiene la disposición según la cual, cuando un mismo sujeto se encuentre sometido a la supervisión de más de una superintendencia, únicamente contribuirá al presupuesto de su supervisor natural o principal.

En cuanto al funcionamiento del Centro de Información Conozca a su Cliente, el proyecto establece que el Conassif, a propuesta de la Sugef, fijará reglamentariamente un canon para cubrir los costos de desarrollo, operación y mantenimiento de esa plataforma.

Las personas físicas y jurídicas comprendidas en los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la Ley 7786 estarán exentas del pago de este último canon y tampoco tendrán acceso a la base de datos del Cicac.

Gordienko señaló que esta distinción responde a observaciones de Servicios Técnicos sobre el riesgo de duplicar cobros y permite diferenciar las actividades de supervisión que deben financiar los sujetos obligados de los costos de funcionamiento de la base de datos.

Nuevo delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

En materia penal, la iniciativa modificaría el artículo 69 bis de la Ley 7786, que sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión el financiamiento al terrorismo, para incorporar expresamente los activos virtuales entre los recursos que pueden ser utilizados para cometer ese delito.

Asimismo, incorporaría un nuevo artículo 69 ter para tipificar de manera independiente el delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual será sancionado con penas de cinco a 15 años de prisión.

La nueva figura penal comprenderá a quienes, directa o indirectamente, recolecten, reciban, custodien, oculten, administren, transfieran, movilicen, entreguen o faciliten recursos económicos, financieros o virtuales, medios o servicios, con la intención o el conocimiento de que serán utilizados para financiar la adquisición, elaboración, producción, desarrollo, posesión, suministro, exportación, importación, almacenamiento, transporte, transferencia o utilización de armas de destrucción masiva.

La disposición también abarcará el financiamiento de sus sistemas vectores, medios de lanzamiento, materiales relacionados, tecnologías y bienes de uso dual cuando estos contribuyan al desarrollo, producción, elaboración o utilización de esas armas.

El Ministerio Público ordenará las investigaciones correspondientes y podrá aplicar, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, las medidas inmediatas previstas en los artículos 33 y 86 de la legislación para impedir que los recursos sean puestos a disposición de quienes financien esas actividades.

La reforma al artículo 72 de la Ley 7786 también permitirá investigar, enjuiciar y sancionar en Costa Rica los delitos contemplados en los artículos 69, 69 bis y 69 ter, independientemente de que las actividades delictivas relacionadas hayan ocurrido en otra jurisdicción territorial, sin perjuicio de los procedimientos de extradición que correspondan.

Gordienko destacó la importancia de esa disposición para un país que enfrenta redes criminales transnacionales, pues permitirá a las autoridades continuar sus investigaciones cuando parte de las actividades delictivas haya ocurrido fuera del territorio costarricense.

Congreso busca atender recomendaciones internacionales contra el lavado de dinero

La legisladora socialcristiana sostuvo que las reformas permitirán avanzar en el cumplimiento de distintas recomendaciones del GAFI, entre ellas las relacionadas con el conocimiento de los clientes del sistema financiero, las personas expuestas políticamente, el reporte confidencial de operaciones sospechosas y la represión del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

No obstante, recordó que las evaluaciones internacionales no solamente consideran el contenido de la legislación, sino también los resultados que obtienen los países al aplicarla.

Gordienko también reivindicó los antecedentes de la legislación costarricense contra el lavado de dinero, particularmente la reforma integral impulsada durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) y aprobada mediante la Ley 8204, que permitió crear el Instituto Costarricense sobre Drogas y fortalecer los mecanismos de detección de operaciones sospechosas.

La socialcristiana señaló que combatir la legitimación de capitales también contribuye a proteger a los comerciantes y empresarios legítimos frente a la competencia desleal de organizaciones criminales que utilizan negocios para dar apariencia de legalidad a sus ganancias y que pueden mantenerlos en funcionamiento aun cuando generen pérdidas económicas.

Cuando una organización criminal usa un negocio para dar apariencia legal a sus ganancias, ese comerciante queda en desventaja frente a alguien que puede operar aun perdiendo dinero. Para él, que el país sepa detectar y frenar el lavado tiene un valor muy concreto".

Con la aprobación del texto sustitutivo durante el segundo día de mociones de fondo, el expediente regresará al plenario legislativo, donde las diputaciones podrán presentar mociones de reiteración respecto de aquellas propuestas de modificación que fueron rechazadas durante su conocimiento en comisión.

Una vez agotada esa etapa, o en caso de que no se presenten mociones de reiteración, el proyecto podrá ser discutido y votado en primer debate y, posteriormente, en segundo debate, conforme a los procedimientos legislativos aplicables.

De convertirse en ley, la reforma regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. No obstante, el Conassif y la Sugef dispondrán de un plazo de 36 meses para realizar los ajustes reglamentarios y tecnológicos necesarios para adecuar el funcionamiento del Centro de Información Conozca a su Cliente a las nuevas disposiciones.

Breves

— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 25.206 "Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles y delitos conexos".

— Con 50 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención se aprobó en segundo debate el expediente 25.129 "Reforma de los artículos 15 bis, 15 ter y 81 y adición del artículo 15 quinquies a la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, del 30 de abril de 1998". La diputada del PLN Karen Alfaro se abstuvo de votar de conformidad con el artículo 105 del Reglamento del Congreso, para situaciones de posibles conflictos de interés.

— Con 50 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 24.698 "Adición de un Transitorio XII a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), del 30 de abril del 2020".

— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 24261 "Reformas a la Ley 10.081, Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido".

— Con 37 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención se aprobó prorrogar el plazo cuatrienal del expediente 23.473 "Ley para regular la utilización de grúas torre y estabilización de taludes mediante sistemas de anclaje". El diputado Ronald Campos del PLN perderá la dieta de este jueves por no haber votado esta moción pese a estar dentro del salón de sesiones. La presidenta legislativa se negó a anular la votación y repetirla.

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Internacionales dictaminó afirmativamente el expediente 25.729 "Segundo protocolo al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la cooperación para suprimir el tráfico ilícito".

Leyes publicadas

Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.

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