Venezuela ya no sale en los medios con la frecuencia de antes. Actualmente el país vive una aparente pausa a la crisis (pax bodegónica), donde el dólar es moneda de pago, nadie quiere hablar de política y los productos se consiguen, carísimos eso sí, pero se consiguen. Sin embargo, los problemas estructurales no se fueron a ninguna parte. Esto quedó demostrado en la revisión de la situación de derechos humanos que realizó hace unos días el Consejo de Derechos Humanos.

Más de cien Estados se refirieron a la situación venezolana en el marco del Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las recomendaciones pusieron en evidencia la situación venezolana, donde continúa la persecución en contra de las personas defensoras de derechos humanos y la oposición política, los ataques a la libertad de expresión y de asociación, la violencia contra las mujeres y la falta de independencia del poder judicial, de la fiscalía y la defensoría del pueblo, que impide que todo lo anterior sea investigado y juzgado debidamente.

Las investigaciones de las violaciones de derechos humanos a nivel internacional también se han visto afectadas por el actuar del gobierno. En el 2019 el Consejo de Derechos Humanos creó una Misión de Determinación de los Hechos “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”. Sin embargo, la misión se ha visto obligada a trabajar sin cooperación del gobierno de Maduro, el cual no ha permitido que entren al territorio venezolano. Por esto, nueve Estados recomendaron a Venezuela a cooperar con la Misión de Determinación de los Hechos.

Las atinadas recomendaciones dadas por los Estados participantes del Examen Periódico Universal evidencian la labor de cabildeo de las organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana, quienes hacen un enorme trabajo para demostrar lo que está ocurriendo. Esta labor debe continuar a lo largo del año, ya que la situación de los derechos humanos de Venezuela seguirá siendo analizada por el Consejo de Derechos Humanos en el 2022, y se tendrá que decidir si se extiende el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.

Sin investigaciones independientes a nivel interno o a nivel internacional, es sumamente difícil aclarar cuál es la situación de Venezuela, más allá de la “aparente mejora”, y casi imposible juzgar y castigar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos. Si bien la sociedad civil logra evidenciar mucho de lo que sucede, es fundamental que el gobierno de Maduro muestre que la “mejora” de Venezuela no es solo superficial, y coopere con la Misión de Determinación de los Hechos.

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