La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó los argumentos orales en un caso contra Guatemala que podría sentar un precedente para los Pueblos Indígenas de toda América Latina en su búsqueda, no sólo de los derechos colectivos a sus tierras ancestrales, sino del derecho a controlar sus recursos naturales.

La comunidad Maya Q'eqchi' de Agua Caliente, demandante contra el Gobierno de Guatemala, es una de las 16 comunidades comprometidas desde hace 40 años en una lucha por desterrar de sus territorios una conflictiva mina de níquel a cielo abierto en El Estor, Guatemala, operada por una filial del grupo suizo Solway Investment.

El abogado del Indian Law Resource Center y miembro del equipo jurídico del demandante, Leonardo Crippa, señaló que este caso es la primera vez que se le brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional público.

Tanto las pruebas como el contexto histórico apoyan esta decisión. Ahora tenemos un nuevo y poderoso aliado, un influyente público mundial que exige el fin de las inversiones -de empresas, bancos multilaterales, gobiernos y otros inversores- que dañan el planeta y violan los derechos humanos". 

Una sentencia positiva supondría una victoria para todas las comunidades Maya Q'eqchi' de El Estor, incluidas las que fueron noticia en octubre del año pasado, cuando soldados detuvieron a decenas de miembros de la comunidad y el gobierno declaró el estado de emergencia para poner fin a un bloqueo establecido para protestar por los impactos ambientales de la mina Fénix en el agua, el aire y el suelo de las zonas afectadas.

En un escrito presentado  ante el tribunal, los demandantes argumentan que las Declaraciones de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la O. E. A., y las políticas de protección socioambiental de los bancos multilaterales de desarrollo, establecen la obligación de obtener el consentimiento de las poblaciones indígenas antes de introducir un proyecto en sus tierras.

Sostienen que "el Tribunal debe establecer esta obligación como garantía de protección de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales".  Sugieren que, al hacerlo, la decisión influiría en el comportamiento de las empresas extractivas que quieran hacer negocios en la región.

Adicionalmente, argumentan que el gobierno de Guatemala ha incurrido en un patrón de engaño que incluye la negligencia de reemplazar las páginas faltantes en un registro que documentó la larga lucha de Agua Caliente por el título.

Recurriendo a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el equipo jurídico asegura que el gobierno obligó a sus miembros a identificarse como "campesinos sin tierra" para obtener la titularidad de sus terrenos. El gobierno utilizó entonces el proceso para ampliar las tierras cubiertas por el proyecto minero Fénix, señala el informe y enfatiza también que el gobierno no ha cumplido con la orden del tribunal nacional de que el gobierno emita el título colectivo de Agua Caliente sobre sus tierras.

En lugar de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno sugirió a las 16 comunidades de El Estor que abandonaran las tierras en disputa que se solapan con la mina Fénix.

Por ahora, la mina ha detenido sus operaciones en los territorios cubiertos por la sentencia, pero su planta de procesamiento en la orilla del lago Izabal bombea polvo al aire, día y noche. Y los manifestantes dicen que las comunidades están sufriendo por las toxinas que se filtran en el lago de Izabal, la mayor extensión de agua de Guatemala.

Los demandantes solicitan al tribunal que ordene al gobierno guatemalteco la realización de estudios sobre el impacto de los proyectos mineros propuestos en los derechos humanos -antes de conceder su aprobación-; que pague las costas y los gastos por el retraso de 40 años del gobierno en la emisión del título colectivo para las tierras de Agua Caliente, y que proporcione una compensación monetaria por "el daño no pecuniario" que ha causado a la comunidad.

También piden que se ordene al gobierno el pago de una reparación por las continuas amenazas de muerte contra afectados en el conflicto.