Estado de Derecho significa un Estado que protege la propiedad, la libertad y demás derechos fundamentales y actúa sujeto al principio de legalidad. Estado social (o solidario) significa, en términos del artículo 50 de nuestra Constitución, un Estado que “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

En un ensayo sobre el tema (Costa Rica: Estado social de Derecho, 1976), el connotado jurista nacional Eduardo Ortiz Ortiz explicaba que, aunque aparentemente exista una contradicción entre ambas necesidades del Estado, la libertaria y la social, en el fondo hay una convergencia hacia el enriquecimiento del individuo —espiritual y no solo materialmente entendido— que mediante su satisfacción equilibrada logra la plena y verdadera libertad. El problema —decía el autor— está en crear un balance entre el crecimiento del Estado producido por el aumento de su poder para cometidos sociales y la esfera de libertad y propiedad que debe respetar.

En términos generales, la Sala Constitucional ha avalado el intervencionismo estatal y ha dicho que limitaciones a la libertad de empresa solo son inconstitucionales si son irrazonables o desproporcionadas, estándar que es subjetivo y difícil de acreditar.

En los últimos tiempos, tanto el Estado de Derecho como el Estado social se han visto afectados en Costa Rica, de distintas formas. Por ejemplo, la saturación del Poder Judicial y la larga duración de los procesos han debilitado el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, un elemento esencial de nuestro Estado de Derecho. El apagón educativo, la brecha digital y el aumento de la informalidad en la fuerza laboral (46% hoy en día) han afectado la equidad, un objetivo central del Estado social.

Costa Rica no escapa a la realidad de la región

La equidad que busca el Estado solidario se ve lejana en América Latina. En medio de la pandemia, la región emerge como la más desigual del mundo, nos dice un informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, 2021). Costa Rica no escapa a esa realidad.

Parte del problema se atribuye a los sistemas tributarios. En el caso de Costa Rica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado, entre otros aspectos, una excesiva dependencia de las contribuciones a la seguridad social (que fomenta la informalidad laboral) y bajos ingresos por impuestos a la propiedad y a la renta personal. En cuanto a evasión fiscal, sigue siendo un reto, aunque Costa Rica ha adoptado medidas significativas como la ley contra el fraude fiscal (Ley 9416), el registro de accionistas y beneficiarios finales del Banco Central, la factura electrónica obligatoria, el impuesto al valor agregado (Ley 9635) y el reciente empréstito con el Banco Mundial para Hacienda digital (Ley 9922).

Ineficiencias en el gasto público

Ahora bien, parte importante de la persistente desigualdad en la región se debe a ineficiencias y desperdicios en el gasto público, nos dice un informe también reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (Mejor gasto para mejores vidas: Cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos, 2018). Cuando se consideran los impuestos y transferencias del Estado (incluyendo transferencias monetarias y beneficios en especie, como los servicios públicos en educación y salud), el coeficiente de Gini que mide la desigualdad baja apenas un 4,7% en promedio América Latina, mientras que en países europeos baja hasta un 42%. Eso significa que los impuestos y el gasto público social no están teniendo un efecto redistributivo significativo en la región.

El informe analiza el costo de las ineficiencias en compras públicas, excesos en la nómina salarial del sector público y transferencias que no llegan a los beneficiarios que realmente las necesitan y lo estima en un 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, un 4,7% del PIB en el caso de Costa Rica. Son montos muy significativos.

Para mejorar la eficiencia del gasto público, la OCDE nos recomienda reformas en tres áreas: empleo público, institucionalidad y contratación pública. El proyecto de ley sobre empleo público está en consulta ante la Sala Constitucional y se aprobó una nueva ley sobre contratación pública (Ley 9986), que entrará en vigor en diciembre de 2022. Lo que sigue sin avanzar es la reforma institucional, a pesar de que se viene hablando de reforma del Estado desde hace más de 30 años. La OCDE aboga por una revisión exhaustiva del sector público para aumentar la eficiencia y la capacidad del gobierno central para reasignar fondos a áreas prioritarias (Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020).

Intervención estatal en los mercados

Además del tema de eficiencia del gasto público, la forma en que el Estado interviene en los mercados juega un papel determinante en la búsqueda de equidad social, pues incide en las opciones, calidad y precios de bienes y servicios esenciales para la población, incluyendo pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores de ingresos medios y bajos.

El Estado interviene en los mercados de distintas formas: proveyendo directamente servicios públicos, participando en actividades empresariales, apoyando a sectores mediante actividades de fomento, o como regulador. En algunos mercados (como el mercado financiero) participa de varias de esas formas.

En el índice de regulación del mercado de productos (PMR, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que mide cuán favorable a la competencia es el entorno regulatorio, nuestro país se ve afectado por el exceso de empresas públicas y la intensidad y onerosidad de las regulaciones, en especial cargas administrativas sobre nuevas empresas y barreras de entrada a los mercados. Ello, aunado a la poca efectividad que se nos señala en la aplicación de la legislación de competencia, contribuye a costos de producción y precios más altos, con el consecuente impacto social.

Revisar el rol de empresas públicas que distorsionan mercados y trasladan altos costos a los consumidores y reducir la carga regulatoria que afecta particularmente a las pymes iría en línea con los fines del Estado solidario. Un ejemplo reciente de excesos en regulación es el de las tasas de usura (Ley 9859). En lugar de impulsar mayor competencia, transparencia y educación financiera, el Estado optó por fijar topes máximos a las tasas de interés, lo que en el segmento de tarjetas de crédito y microcréditos tuvo como efecto -confirmado por los reguladores- la exclusión del sistema financiero formal de 180.000 deudores considerados de alto riesgo, que quedan a merced del mercado informal. ¿Es ese el tipo de Estado solidario que queremos?

A manera de conclusión

Además de su reconocido régimen de paz y democracia, Costa Rica ha alcanzado grandes logros en educación, salud y programas sociales que nos han distinguido en América Latina. Ese Estado social se ha venido debilitando, en parte por el golpe de la pandemia, pero también por factores que venían desde antes como burocratización, ineficiencias y excesiva intromisión en los mercados.

Recuperar el rumbo del Estado solidario requiere, ante todo, lograr tasas más altas de crecimiento económico, pues como suele decirse, primero hay que generar riqueza para poder repartirla. Mejorar la eficiencia del gasto público -sobre todo el gasto social- y el funcionamiento de las instituciones y reorientar la intervención estatal en los mercados para reducir distorsiones y promover mercados más competitivos, son también ingredientes esenciales de la receta.

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