El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, por mayoría, el informe de mayoría de la Comisión Especial Investigadora sobre la penetración del narcotráfico, territorios y gobiernos locales de la Zona Sur, que evita señalar responsabilidades políticas por las visitas de involucrados en el narcotráfico a diputados, alcaldes, y hasta su postulación para cargos públicos con agrupaciones partidarias.

La Comisión, creada luego del estallido del caso Turesky, realizó solo 13 sesiones en apenas cuatro meses de investigación, no llamó a comparecer a todas las personas involucradas ni tomó acciones ante la negativa del 91.3% de los partidos políticos de suministrar información sobre sus finanzas y donantes.

El informe de mayoría fue duramente criticado por el oficialismo y diputados independientes.

José María Villalta del Frente Amplio afirmó que el trabajo de la comisión dejó mucho que desear y que los partidos políticos tomaron el foro legislativo como una oportunidad para mitigar el impacto que tuvo el caso Turesky y no como una investigación seria y responsable. Además, reprochó que las conclusiones y recomendaciones de ese informe sean las que hicieron las instituciones consultadas, pero es totalmente omisa respecto a las responsabilidades políticas por visitas de narcos a diputados y viceversa.

Villalta también criticó la excusa planteada por la oposición representada en la comisión, de que no pudieron hacer una investigación a profundidad porque el caso está en investigación judicial. En igual sentido, la diputada independiente Paola Vega Rodríguez afirmó que la comisión desconoció la función de control político y se dedicó a salvar políticos y proteger compadrazgos.

El diputado Welmer Ramos González, candidato presidencial del PAC, afirmó que el informe de mayoría fue realizado por salir del paso y no profundizó en los casos que han salido a la luz pública en los últimos meses; mientras que el oficialista Luis Ramón Carranza, representante del PAC en la comisión investigadora, afirmó que sus compañeros no tuvieron la voluntad de profundizar en las investigaciones y ampliar el plazo de dicho foro.

Carranza reseñó que solo el alcalde de Corredores, Carlos Viales, fue llamado a comparecer. El informe de mayoría, además, evita hacer alusión alguna a los señalamientos que pesan contra el alcalde liberacionista, quien fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 14 de diciembre anterior, y ahora se encuentra suspendido de su cargo como medida cautelar.

El informe de mayoría fue aprobado con 24 votos a favor (PLN, PRN, PUSC, independientes fabricistas, Erick Rodríguez y Zoila Volio) y 15 en contra (PAC, PIN, José María Guevara y Shirley Díaz).