En setiembre del año 2020, presenté el proyecto de ley N° 22.206, denominado ‘Plan Nacional de Alfabetización Digital’, con el fin de ejecutar lo más pronto posible, acciones concretas que por años se han postergado de manera injustificada y que, en primera instancia, serán catalizadores de la tan necesaria transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el sector público, al garantizar la conectividad en más de 4300 centros educativos.

Esta tecnología, permitirá crear una súper carretera digital, que cubriría todo el territorio nacional y por medio de la cual, circularán contenidos académicos y administrativos, facultando un cambio radical de nuestro modelo educativo y generando las condiciones necesarias para enfrentar los retos de los próximos años, que ya conocemos y que son, complejos y profundos.   En términos simples, pasaríamos de una pizarra a una pantalla, todo en un contexto de velocidad y seguridad.

Esta supercarretera es la ‘Red del Educativa del Bicentenario’, que también posibilitará la generación de datos, que se convertirán en insumos para la toma de decisiones en política educativa, lo cual es relevante en el contexto fiscal actual, por cuanto, tendremos que acostumbrarnos por muchos años, a presupuestos limitados y a ser más inteligentes en la forma en que invertimos los recursos públicos. Pero, lo que es aún más vital, debemos procurar que los gobiernos de turno, tomen decisiones basadas en datos, como le corresponde a una democracia moderna como la nuestra, en lugar de gobernar a partir de ocurrencias o aspiraciones personales.

El proyecto de Alfabetización Digital, además, y que resulta muy importante, permite romper con las desigualdades territoriales en el acceso a una educación de calidad, porque históricamente, las escuelas más urbanas son las que han contado con más y mejores recursos, por el contrario, los centros rurales y alejados, son los de mayores carencias, propiciando bajos niveles de escolaridad en las comunidades donde se ubican.

Justamente, por esta desigualdad, es que también el proyecto resulta prioritario, al asegurarle al país, que toda la Red Educativa podrá ejecutarse al mismo ritmo y como un todo.

Sin el proyecto de ley, tendremos un proyecto complejo, dividido en dos ejes, uno a cargo del MEP y la Fundación Omar Dengo (FOD), con un diseño e implementación completa de la Red, en centros educativos ubicados en áreas urbanas. El otro eje, responsabilidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y enfocado en las zonas más alejadas y vulnerables, con un diseño incompleto, tal y como la misma Supertintendencia ha reconocido. Dos redes desiguales, nos siguen colocando en el modelo actual de las dos Costa Ricas.

La conectividad no puede ser vista como un privilegio, especialmente cuando los expertos concluyen que la escuela, tal y como la conocemos, debe ser superada en sus formas tradicionales, en sus contenidos y metodologías de enseñanza y aprendizaje, pero, sobre todo, en las debilidades que le evitan garantizar el cumplimiento de los derechos que la cimientan. Para el caso de nuestro país, los cambios son muchos, son fuertes y son urgentes.  Apuntalar esos desafíos con la tecnología, podría hacer más fácil sus soluciones desde todo punto de vista, de ahí que insista e insista, en la importancia de avanzar en la Asamblea Legislativa con el proyecto de Alfabetización Digital.

Mal haríamos, si dejamos que los recientes escándalos que involucran al MEP y su gestión, nublen nuestro criterio con ideas cortoplacistas que no cambian el problema de fondo. El énfasis no puede ser simplemente en despedir jerarcas y descabezar el sistema público. Lo que ha acontecido en la institución, más bien reafirma la necesidad de abordar las deficiencias que acarrea, de modernizarle, de evaluar y transparentar su labor.

Claramente, el MEP no es la institución que todas y todos quisiéramos y nos merecemos tener, pero eso no significa que debamos cruzarnos de brazos, a esperar que se den las condiciones ideales para conectar nuestras escuelas o alfabetizar digitalmente a nuestros estudiantes. Particularmente, cuando no existe certeza que la llegada de un nuevo gobierno, significará, inmediatamente, la existencia de esa situación perfecta.

Lo que si es cierto, es que, a hoy, las y los candidatos, no han dicho concretamente qué harán ni cómo lo harán para transformar nuestro sistema educativo público y atender esta tremenda crisis educativa.  Creer a partir de simples intenciones, sin que se aclare el cómo, es una apuesta a ciegas; ya hemos perdido mucho tiempo y no podemos asumir esos riesgos.

Aún estamos a tiempo de iniciar una de las transformaciones más importantes que el país requiere; porque la educación es un pilar fundamental para solventar los principales problemas para las y los costarricenses. Lo es para acabar con la corrupción, el desempleo, la pobreza, la inseguridad y la delincuencia.

Lo que ahora se necesita, es que este compromiso sea manifestado de forma verbal, pública y decidida, por quienes aspiran a ocupar la silla presidencial y que se vea acompañado del voto, en la Asamblea Legislativa.

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