En forma sistemática y constante, algunos medios informativos controlados por un pequeño grupo de gran poder económico y político pugnan por la privatización de servicios que están bajo el control del Estado costarricense. En función de este fin desarrollan perennes campañas por distintos medios.
Si se miran de lejos estas campañas puede que se crea que los animan buenas y puras intenciones y que lo que buscan, es hacer que esos servicios mejoren e, incluso, que sean más asequibles porque bajarían el costo si pasaran a manos privadas. Empero si se examina de cerca y de forma objetiva, se podrá concluir que el propósito principal que los dirige es convertir esas actividades y servicios públicos, en negocios lucrativos bajo el control de empresas transnacionales o de un pequeño grupo de empresarios del país.
Así las cosas, ese micro grupo plutocrático (entendido como el poder de los más ricos) y sus medios de comunicación, coludido con algunos partidos que hace rato perdieron su rumbo social inclusivo, buscan debilitar aún más nuestro Estado Social de Derecho, convirtiendo derechos sociales —como la salud y la educación, por ejemplo— en negocios lucrativos en sus manos. A pesar de que, en sus campañas y acciones políticas, hablen del interés común está más que claro que el principal interés que los mueve es adueñarse de actividades públicas.
Es dentro de esta disyutativa: interés social nacional versus interés individual, mezquino y concentrador, que hay que ubicar la ya larga campaña que han emprendido contra la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) estos grupos, medios y personajes políticos.
Recope es una empresa que se ocupa, en el presente, de la importación y distribución de los combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional, bajo administración del Estado; tal como lo expresa la ley 7356 del año 1993. Aun cuando conserva el nombre de refinadora, Recope ya no desarrolla esta labor desde hace 10 años.
Esta entidad pública ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del país por más que sus enemigos y detractores, no quieran reconocerlo. El abastecimiento de combustibles, que representan el 66% de la demanda energética del país, Recope lo asegura desde hace más de 50 años.
Esta institución del Estado desarrolla su labor sin fines lucrativos y ha sido calificada por la entidad Fitch Ratings con AAA, la categoría más alta y que otorga a las empresas en rubros combinados de calidad, fiabilidad y estabilidad. Recope, asimismo, distribuye los mejores combustibles de la región y al mismo precio en todos los lugares del territorio nacional. Sin lugar a duda, los precios de los combustibles serían los más bajos del istmo sino formara parte de su costo final el impuesto único a los combustibles, establecido por la Administración Figueres Olsen 1994-1998 y que es cercano al 40% del costo final de los carburantes.
En forma insidiosa quienes han impulsado la campaña contra Recope, han ocultado siempre la forma como se estructuran los precios de los combustibles en el país. Veamos los componentes de ese precio:
- El precio internacional del producto, que oscila entre un 44 % y 52 %, según sea gasolina –súper o plus 91— o diésel.
- El impuesto único que es 26, 1% en el diesel, 36,9% en la gasolina plus y 36,7 % en la súper.
- El margen de ganancia de estaciones de servicio que va entre 7,5 a 9;1 %, según el tipo de combustible.
- El flete que es un 2,5 %.
- Subsidio y otros gastos: alrededor del 2 %.
- Margen que corresponde a Recope: Entre 7 y 8 %, en arreglo al tipo de combustible.
Pongamos un ejemplo concreto: Supongamos que usted va a llenar el tanque de su vehículo con 40 litros de gasolina plus 91, cuyo precio por litro es de ₡647. Cuando le llenan el tanque de su vehículo tendrá que pagar ₡25.880. ¿Cuánto de ese monto va para el impuesto único? Pues ₡9.550. Mientras tanto por las labores que cumple Recope lo que se destina de ese monto, es poco más de ₡1.800. De esta manera, si eliminamos ese impuesto lo que pagaría por su tanque lleno es ₡16.330.
Es importante hacer notar que el margen de ganancia que tienen las estaciones de servicio es un poco más alto que el monto que obtiene Recope por las múltiples tareas que cumple. Pero eso siempre se ha buscado ocultar.
Por otra parte, al igual que con sus campañas sistemáticas, estos grupos han buscado satanizar a los empleados públicos, igual lo han hecho con los trabajadores de Recope. Han atacado la convención colectiva porque ciertamente incluyó rubros que eran abusivos, pero que han sido oportunamente corregidos. Sin embargo, es importante hacer notar que la convención colectiva vigente en Recope, significa menos de ₡4 de lo que cuesta cada litro de combustible.
Valga destacar que el citado impuesto único proporcionó a las arcas del Estado en 2019, más ₡552.000 millones; siendo el tercero en recaudación después del IVA y el de la renta.
No obstante, todos estos datos reales y concretos, hay diputados que siguen pensando en cerrar Recope o venderla al mejor postor. Se trata de los mismos grupos e intereses que impulsaron la ley de concesiones que posibilitó que dos empresas privadas como MECO y HSolís acapararan la construcción y mantenimiento de obras públicas, con los fatídicos resultados que ha mostrado el escándalo de megacorrupción conocido como Caso Cochinilla.
Es seguro que, si a estos pequeños grupos de privilegiados los animara un interés genuino por el país, les preocuparía que todas las instituciones públicas mejoren en eficiencia y eficacia, en la calidad y alcance de los servicios públicos que prestan. Y sus propuestas tendrían tal dirección. Pero no. Detrás de sus campañas este propósito o no existe del todo o lo utilizan, para ocultar sus verdaderas intenciones.
Es seguro que Recope puede y debe mejorar. Es seguro que Recope debe transformarse para encarar el desafío de avanzar hacia la producción y utilización de energías limpias, que no contaminen como lo hacen los combustibles fósiles o hidrocarburos hoy día. Con ello el país estaría contribuyendo en la lucha contra la grave crisis climática, que se nos está colando con sequías e inundaciones devastadoras, incendios a granel y huracanes terriblemente destructores, con el deshielo de los glaciares y la amenazante inundación de amplios litorales.
Sin embargo, una cosa es proponer iniciativas políticas y acciones legislativas, inspiradas en el bien común y el sostenimiento de nuestro Estado Social de Derecho y otra cosa, es impulsarlas con la mira puesta en acrecentar las ganancias de unos pocos, como lo ha puesto en evidencia la pandemia, que sigue asolando el planeta.
Bien lo dijo el Papa Francisco: "Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común".
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