Los datos ya eran preocupantes en 2019, cuando el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó su último análisis de la situación educativa nacional y lo son aún más ahora, después de la pandemia.

Así se desprende del octavo Informe del Estado de la Educación que fue presentado este miércoles y en el que la entidad señaló que el sistema educativo nacional se encuentra en "la peor crisis de las últimas décadas".

Según las palabras de la Coordinadora de Investigación del proyecto, Isabel Román Vega:

Lo que el informe dice es que el sistema educativo está atravesando una grave crisis y esta crisis, desde nuestro punto de vista es el resultado de tres grandes componentes: los rezagos y problemas estructurales que arrastrábamos y que no habíamos resuelto antes de la pandemia y que con la pandemia quedaron al desnudo; los efectos que provocó la pandemia en el sistema educativo; y un tercer componente que tiene que ver con las rigideces del sistema. Esto es bien importante porque el Estado de la Educación no está diciendo que la crisis es producto de la pandemia, es que todo este conjunto de elementos han provocado un apagón educativo. Esta crisis es la peor en varias décadas, quizá solo comparable con la crisis de los '80".

En resumen, la pandemia agudizó las brechas tecnológicas y sociales que enfrentan los estudiantes, ahora que llevan lecciones desde casa, generando lo que el informe llama "nueva forma de exclusión educativa".

A su vez, la suspensión de lecciones del año pasado se unió a las consecuencias que tuvieron otras interrupciones de años recientes como la huelga de 3 meses del 2018, lo que ocasionó rezagos importantes de aprendizaje en todos los niveles en áreas como matemáticas y español, una situación que pone en desventaja competitiva al país ante otras naciones del globo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, el informe encontró que las competencias digitales de los docentes, de importancia crucial en la nueva normalidad educativa, se ubican apenas en niveles iniciales lo que se agudiza en niveles primarios de formación como preescolar y primaria; al tiempo que los investigadores alertaron sobre una necesidad urgente de replantear el financiamiento de la educación superior pública, para que se garantice su sostenibilidad a futuro.

Por ello, lo que esta octava entrega del análisis educativo está solicitando es la conformación de una Alianza Nacional de Educación en la que los diferentes actores involucrados se pongan de acuerdo a la brevedad para buscar una salida a la crisis.

Según Román Vega:

La gravedad y la complejidad de la situación es tal que no es solamente el Ministerio de Educación el que va a salir adelante con esto, amerita que el país ejecute en el cortisísimo plazo una hoja de ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación. Ese acuerdo no es la idea de firmar un papelito y tomarse la foto, es una cuestión de compromisos reales de los sectores para atender estos cuellos de botella que tenemos por delante y nivelar esta situación que tenemos y recuperarnos".

Deudas pendientes

El escenario previo a la pandemia de COVID-19 en materia educativa no era, para nada, el mejor y por ello cuando la pandemia llegó, encontró al sistema en medio de un contexto marcado por importantes desafíos que aún no habían sido resueltos y que no hicieron más que reforzarse en los últimos meses de crisis sanitaria.

En general, previo al SARS Co-V, tanto la educación preescolar, como la general básica y la diversificada arrastraban deudas en cuando a cobertura, eficiencia y calidad, lo que dificultaba el alcanzar mayores avances en el aprendizaje de los estudiantes.

En el caso de la secundaria, por ejemplo, el Informe señala que "los niveles alcanzados en los últimos veinte años son insuficientes" puesto que apenas el 75% de las personas matriculadas en el Ministerio de Educación Pública (MEP) en tercer ciclo, estaban en la edad que les correspondía (de 12 a 14 años) mientras que en la educación diversificada apenas el 54% alcanzaba el rango del Ministerio (15 a 16 años). A su vez, la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), señala que menos del 60% de las personas con edades entre los 18 y 22 años ha finalizado la secundaria, un porcentaje que se ubica por debajo del 50% cuando se trata de población que proviene de hogares con climas educativos bajos.

A lo anterior hay que agregar que hay más de 800 centros educativos que tienen órdenes sanitarias por no cumplir con los servicios básicos de agua potable o electricidad, lo que complica mucho el acceso a educación de calidad para sus estudiantes.

A su vez y en medio de un contexto en el que la inversión en educación más bien ha caído en 8%, lo cierto es que en este periodo la cantidad de estudiantes en pobreza extrema que registra el MEP aumentó en más del 59%.

Según el investigador del programa, Dagoberto Murillo Delgado:

La población estudiantil en pobreza extrema se ha incrementado de 186 mil a 297 mil personas, un incremento de más de un 59% y en ese mismo periodo, donde aumentó la demanda insatisfecha por programas de equidad, vamos a notar que en nuestro país la inversión en educación más bien cae en un 8%. ¿Y por qué es esto relevante? Porque justamente con esa inversión es que se atienden becas y programas como comedores escolares y también temas de transferencias de capital que atienden una infraestructura que, ya como vimos, tiene deficiencias muy importantes".

A todo lo anterior, la pandemia de COVID-19 no hizo más que caerle encima y agudizarlo. Así lo señaló la también investigadora, Katherine Barquero Mejías, cuando agregó que:

No podemos achacarle todo a la pandemia porque hemos venido acumulando rezagos históricos y uno de ellos son las constantes interrupciones que ha tenido el ciclo lectivo y que hasta la fecha ha dejado al menos una interrupción por año. A esto y aunque todas las interrupciones afectan el proceso de aprendizaje, quizá la más fuerte interrupción de todas fue la del 2020, donde se produjo el apagón educativo, el cierre más prologado de la historia reciente de Costa Rica en los centros educativos y uno de los más grandes de la OCDE, donde solo el 13% de las lecciones se dieron presencialmente, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables".

Así, el informe señala que el año anterior áreas educativas esenciales como las Matemáticas, padecieron importantes rezagos como que, por ejemplo, en promedio se redujeran cerca del 50% de los contenidos dados frente a los estipulados en el programa de estudios. Es decir, los estudiantes recibieron apenas la mitad de la materia que tenían que haber recibido. Esta situación se agrava debido a que durante el 2018 tampoco se pudieron incluir todas las lecciones, con un porcentaje de afectación del 68% y 78%, respectivamente.

Así las cosas y de manera conjunta, "ambas coyunturas acumulan una pérdida promedio equivalente al 80% de un año lectivo regular".

Según reza el informe:

En primer y segundo grado no se cubrió cerca del 45% de la materia, años claves para la formación matemática, pues en estos se obtienen las habilidades que permiten el desarrollo de nuevos conocimientos. En secundaria, se destaca que el estudiantado no posee bases matemáticas sólidas para ingresar a la universidad".

Una nueva forma de exclusión educativa

A lo anterior hay que agregar un nuevo reto educativo que viene de la mano directamente con la nueva normalidad: la educación a distancia que según, el PEN, podría más bien convertirse en una nueva forma de exclusión educativa, afectando mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables.

Según Katherine Barquero:

En este escenario se envió a más de un millón de estudiantes a sus casas, a improvisar en sus hogares el espacio educativo. Esto es importante porque ya la literatura internacional ha documentado que cierres prolongados de centros educativos se asocian a pérdidas de aprendizaje, aún en las mejores condiciones de virtualidad, y afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables".

Un análisis realizado para este informe demostró que las familias con menores recursos económicos presentaron mayores dificultades para acceder a una educación remota de calidad, con respecto a sus pares con mejores condiciones. Así, las personas que pertenecen a los quintiles de ingreso más bajos tienen más problemas de acceso a internet o a dispositivos móviles o computadoras y eso les somete a peores condiciones para recibir educación remota.

Según los datos del informe, en el año 2020 mientras que el 78% de las personas estudiantes de 5 a 18 años, pertenecientes al quintil de mayor ingreso, tenían acceso a una buena conectividad, entre los del primer quintil ese porcentaje se reducía al 40%, mientras que otro 40% solo tenía conexión a internet por celular. A su vez, un 13% no tenía ningún tipo de conexión.

Lo anterior, señalan los investigadores, incrementaron las brechas entre la educación pública y privada debido a que el 99% de la población estudiantil proveniente de estos hogares más desconectados asiste a los centros educativos públicos.

El ala territorial también tuvo un componente de afectación en esta vía: en la Región Central, el informe señala que cerca del 64% de la población de 5 a 18 años, que asiste a la educación formal, tenía conexión a internet de buena calidad (por fibra óptica o cable coaxial); mientras que en regiones como la Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, entre el 49% y el 54% tiene conexión por medio del teléfono celular.

Por ello es que ahora los investigadores hablan, enfáticamente, de una nueva forma de exclusión educativa:

Esto responde a lo que el informe denomina una nueva forma de exclusión educativa. Son estudiantes que están formalmente inscritos en el sistema pero para los cuales su derecho y acceso a la educación se ha visto muy reducido. El informe llama a prestarle atención a esto porque no podemos seguir midiendo la exclusión educativa de forma tradicional como hasta ahora lo hemos hecho; si lo hacemos así pues sí, tenemos niveles históricos de los más bajos en los últimos años pero viendo la coyuntura y los retos que tenemos por delante en este momento, hay un grupo de estudiantes que no ha podido acceder a una educación de calidad", señaló Barquero.

En esta misma línea, el informe alertó sobre el riesgo de que la exclusión aumente en los próximos años y que se vuelva a los niveles de exclusión tradicionales registrados en el periodo prepandémico (cuando cerca de 24 017 estudiantes en edad de asistir al sistema estaban fuera de este): el primero es un sistema educativo con estudiantes poco preparados para avanzar hacia niveles superiores debido a los rezagos de aprendizaje acumulados entre 2018 y 2020; la brecha digital y la falta de acceso a dispositivos y conectividad; y el incremento en los niveles de pobreza que experimentó Costa Rica durante el 2020.

Esto es especialmente importante porque de seguir o de aumentar la exclusión educativa, también vamos a aumentar la pobreza y, especialmente, esa pobreza se va a incrementar en las poblaciones que ya hemos señalado que son más vulnerables como mujeres, quienes asisten en zonas más vulnerables o los habitantes de regiones como la Brunca y Huetar Caribe".

Atención al financiamiento de las universidades públicas

Otro punto al que el informe también solicitó poner atención es a la sostenibilidad del financiamiento de la educación superior nacional.

Según los investigadores, "las universidades estatales enfrentan desafíos financieros críticos que amenazan el cumplimiento de su misión esencial" pues "desde hace varios años, los efectos de la desaceleración de la economía convergen con una crítica situación fiscal y un gasto creciente, presionando las finanzas de las universidades".

La inesperada crisis en 2020 y 2021 enfrentó a las universidades públicas a restricciones especiales que incluyeron la obligación de destinar 35.000 millones del FEES a gastos de capital, el recorte de 10.000 millones al FEES 2019, aplicado en la Asamblea Legislativa, reducir y postergar gastos e inversiones previstos para el ejercicio económico 2020 por ¢48.000 millones, aporte especial para atender la emergencia nacional por COVID-19, ₡3.200 millones como transferencia corriente y ₡9.800 millones como transferencia directa a la Comisión Nacional de Emergencias, así como el ajuste a la baja del presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía", señala la investigación.

Por ello los investigadores presentaron varias medidas a partir de las cuales sugiere a las entidades académicas, que trabajen para generar mayores ingresos propios y racionalizar gastos ante esta coyuntura.

La primer medida es que se considere aumentar los aranceles de matrícula que se cobra a los estudiantes durante su carrera; otra opción corresponde a aumentar las ventas de servicios externos remunerados y explorar la creación de empresas auxiliares, así como la venta de servicios de investigación "lo cual es factible, pero requiere estrategias instituciones concretas y tiempo para rendir frutos".

También se abordaron opciones para reducir gastos, tales como generar economías de escala a partir de una mejor coordinación del sistema de educación superior público y un movimiento hacia esquemas de gestión regional más eficientes; y dado el peso de la masa salarial en el presupuesto universitario, se sugirió revisar la estructura de salarios y el comportamiento de los incentivos, "por ser la opción con mayor capacidad de generar suficiente holgura presupuestaria".

Según el PEN, otra opción que ayudaría a eficientizar gastos será la de reducir la cantidad de estudiantes que reprueban, lo que liberaría cupos que pueden ser aprovechados por nuevos estudiantes; así como reducir la cantidad de alumnos que cursan dos carreras a la vez, incurriendo en doble gasto para la entidad académica.

Ello, señala el Informe, ayudaría además a mejorar la cobertura universitaria que tiene más de diez años de estancamiento y cuya brecha con respecto a países de la OCDE se amplió de 5,4 a 13,6 puntos porcentuales entre 2010 y 2019.

La educación superior costarricense ha llegado al tope de cobertura de su mercado natural y que nuevas ampliaciones en el acceso a este nivel serán viables, solo es posible si se aumentan las posibilidades para grupos de la población históricamente relegados. Por lo tanto, se requiere que las universidades fortalezcan las estrategias, principalmente las públicas, líderes en políticas afirmativas, como las becas socioeconómicas, para impulsar una inclusión social que permita un mayor acceso a personas con barreras socioeconómicas", sostiene el informe.

Poner el tema de educación en agenda

De cada al próximo proceso electoral, el mensaje que nosotros estamos enviando es que cualquiera que vaya a ser la nueva autoridad, no puede llegar a improvisar soluciones. El tema de educación tiene que ser un tema prioritario en los partidos políticos porque ahora no lo es. Si no nos preocupamos por esto, al paso siguiente ni va a haber más competitividad ni productividad o desarrollo humano porque este recurso está bastante comprometido".

Con estas palabras, la Coordinadora de Investigación del Informe, Isabel Román Vega, resumió el mensaje final de la investigación que va dirigido a que se conforme esa Alianza Nacional de Educación "donde los sectores realmente sumen soluciones y no se posterguen las medidas, siendo que hay propuestas y recursos en la mesa".

Para los investigadores de este programa, ni reducir los recursos ni postergar las reformas son las soluciones que se necesitan en estos momentos, pues lo que se requiere es que los sectores sumen y articulen acciones medibles, con objetivos e indicadores que permitan no solo avanzar, sino echar para atrás en el retroceso de los últimos meses y años.

Lo que se requiere es que tomemos consciencia y no lleguemos a la improvisación con borrón y cuenta nueva. No podemos acostumbrarnos ni normalizar que tengamos a estos niños recibiendo educación en condiciones de este tipo".