La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió a la Asamblea Legislativa que eleve a consulta ante la Sala Constitucional el proyecto de ley que pretende autorizar el otorgamiento de una amnistía de deudas por concepto de cuotas obrero-patronales con la Seguridad Social.
Según un comunicado de la institución, la Junta Directiva de la Caja acordó no oponerse al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 21.522, siempre y cuando se hagan las modificaciones señaladas por los integrantes de ese órgano, y que el proyecto sea sometido a una consulta facultativa de constitucionalidad.
Román Macaya Hayes, presidente de la CCSS, indicó que la Junta de la institución discutió de manera amplia entre el 10 y 11 de agosto este proyecto de ley, en el espíritu de que en esta difícil época de pandemia hay cientos de miles de personas que no gozan de una cobertura de la seguridad social porque están en esta condición de mora, lo que se agrava con las personas que no están cotizando al seguro por Invalidez, Vejez y Muerte.
Sin embargo, Macaya dijo que la Junta conoció un criterio de la Dirección Jurídica que a su vez cita criterios y opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República y oficios de la Contraloría General de la República, que señalan la imposibilidad de que esto se pueda legislar o inclusive reglamentar por la propia CCSS por tener roces con los principios constitucionales y legales de la seguridad social.
"Adicionalmente en criterio de la CGR, la condonación, entre otras cosas: podría limitar la recaudación de recursos que sustenta el régimen de seguridad social como un todo generándole una eventual desprotección; adicionalmente se señala que podría estar ante un desincentivo para quienes pagan a tiempo sus obligaciones; se estaría violentando la autonomía de la CCSS e inclusive, pone en duda que la misma Junta Directiva pueda tomar estas decisiones", citó la Caja.
Por ello, Macaya afirmó que la Junta Directiva acordó no oponerse al proyecto en el tanto, primero, se considere incorporar una lista de modificaciones que hicieron al texto y, además, se envíe a consulta de la Sala Constitucional si esta ley llega a ser aprobada en primer debate.
El presidente ejecutivo enfatizó que, además de estas dos condiciones, se plantea que todas las potestades facultativas para la Junta Directiva queden expresamente reflejadas en el proyecto y que no sean obligatorias, porque eso podría generar la posible inconstitucionalidad de la norma.
Para llevar el proyecto a consulta ante el Alto Tribunal se necesita que el expediente sea aprobado en primer debate y que al menos 10 diputados formulen la consulta a la Sala, la cual tendrá 1 mes plazo para pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto, una vez reciba el expediente de la iniciativa.
