Cómo garantía de vida, decía Benjamín Franklin, nada es más seguro que la muerte y los impuestos. Y ante la crisis económica que enfrentan los estados, así como la irrupción de la economía digital que encontró lagunas normativas que le han permitido operar con bajas cargas impositivas, se ha venido discutiendo desde el 2008 las formas de someter a tributación a las economías digitales y cerrar portillos de evasión trasnacional a las grandes corporaciones. Así, a partir del 2013 inició la discusión del impuesto mínimo global liderada por la OCDE.

Para ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha venido trabajado en una suerte de marco normativo internacional. Ese esfuerzo, altamente impulsado por el gobierno de Joe Biden, dio como resultado que ha inicios de mes más 130 países y jurisdicciones se integraran en un nuevo plan compuesto de dos pilares, orientado a reformar las regulaciones fiscales internacionales y que recientemente fuese avalado por el G20.

Así, la OCDE ha definido dos pilares sobre los cuales basar su modelo. El pilar uno reasignaría algunos derechos tributarios sobre las empresas más grandes y rentables trasladándolos de sus países de origen a los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos.

Las empresas "más grandes y rentables" que tendrán que reasignar una parte del beneficio residual global a los países de los mercados se han definido como aquellas con una facturación global superior a 20.000 millones de euros (al menos hasta 2031) y un margen de beneficio superior al 10%.

Por su parte, el pilar dos apunta a establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha del impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas. La tasa mínima será del 15%. Es importante apuntar que este tipo impositivo aplicará a los grupos multinacionales con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros, pero los países serán libres de aplicar umbrales más bajos a los grupos con sede en su país.

Esto lleva la necesidad de que los países inicien negociaciones que permitan aprobar un convenio marco internacional, que luego deberá ser ratificado en sus jurisdicciones, teniendo un ambicioso plazo de finalización para el próximo octubre, esperando poner en marcha su ejecución en el 2023.

Para economías pequeñas y receptoras de inversión internacional —como la costarricense— es altamente urgente que nuestras autoridades estén claras sobre la posición país, dado que existen retos importantes de cara a regímenes especiales, máxime cuando de ello depende el empleo de miles de costarricenses.

Este tema pone de nuevo sobre la palestra el alto costo de crear empleo formal en Costa Rica debido al peso de las cargas sociales. Si los beneficios fiscales dejan de ser un atractivo y tenemos el altísimo costo de la electricidad, mala infraestructura y servicios públicos deficientes, más un costo de empleabilidad alto, tendremos la receta perfecta para el desempleo en nuestro país.

Aunado a ello, es importante tener claro que nuestro modelo de sujeción debe seguir siendo el territorial, aún y cuando voces políticas más interesadas en las cámaras y no en la técnica señalen lo contrario. En ese sentido, tal cual señaló la OCDE en el documento Análisis de políticas fiscales de la OCDE Costa Rica 2017, “Costa Rica no debe pasar de un sistema territorial en el impuesto sobre sociedades a uno puramente mundial que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos”.

Lo anterior, según dice la OCDE, debido a que “gravar ingresos activos de fuente extranjera a una tarifa alta como la del 30% pondría a las sociedades costarricenses que operan en los mercados exteriores en una posición de desventaja competitiva. Por otra parte, Costa Rica es una economía abierta pequeña e importadora neta de capital. El número de empresas residentes en el país que obtienen ingresos de fuente extranjera es relativamente bajo. En estas circunstancias, el paso hacia un sistema de renta puramente mundial no aportaría demasiadas ventajas económicas. Tal movimiento conllevaría, además, elevados costos administrativos, sin que la recaudación aumentara de un modo sustancial”.

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