Dos intenciones de donación de vacunas contra la COVID-19 a Costa Rica, fabricadas por Johnson and Johnson, han generado altas expectativas en el país durante los últimos días.
La última de ellas emanó del propio gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz Cubillo, quien anunció en el programa Nuestra Voz de Monumental que la Federación de Veteranos de Estados Unidos donaría 1500 dosis de las vacunas de Janssen al país, sin embargo, horas más tarde la donación fue descartada.
El primer anuncio, y que aún está pendiente de confirmarse o también descartarse, es una donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna de J&J a Costa Rica por parte del Estado de Texas.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica informó el sábado que esta semana el país podría tener "buenas noticias" al estarse pronto a concretar esa donación, lo que ayudaría a acelerar la llegada de la inmunidad colectiva en el país, por tratarse de una vacuna que es de una única dosis.
Sin embargo, el Colegio no suministró en ese momento suficientes datos y la expectativa creada alrededor de la donación fue muy alta. Con el pasar de los días, reconoció que la donación aún no era un hecho, y que tampoco podía asegurar el origen de las vacunas, aunque posteriormente afirmó que no serían las fabricadas por Emergent Biosolutions, cuya planta lleva más de 2 meses cerrada tras echar a perder millones de dosis de vacunas al mezclar las fórmulas de AstraZeneca y Janssen.
Asimismo, el Colegio luego afirmó que la donación de las vacunas la realizaría el Estado de Texas, pero que estaba pendiente la autorización del Gobierno Federal.
¿Por qué parece tan complicado concretar una donación de vacunas contra la COVID-19 de Estados Unidos? En esta nota lo explicamos:
'Las reglas' en Estados Unidos
La sección cuatro de la orden ejecutiva 13.962 promulgada el 8 de diciembre del 2020 por el entonces presidente Donald Trump, y aun vigente, establece que corresponde a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos y a la Secretaría de Estado, en coordinación con el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Dirección Ejecutiva de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), al Presidente y Presidente del directorio del Export-Import Bank de los Estados Unidos y los jefes de otras agencias, facilitar acceso a las vacunas contra la COVID-19 del gobierno de los Estados Unidos a los aliados, socios y otros, una vez determinado que existe suficiente biológico para inmunizar a la población estadounidense.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), todas las vacunas contra la COVID-19 que están en Estados Unidos son propiedad del gobierno de ese país, hasta que sean aplicadas a las personas, por lo que quienes tengan vacunas contra el coronavirus en su poder tienen prohibido venderla, solicitar o recibir incentivos para vacunar, vacunar individuos que no sea elegibles para recibir la vacuna como miembros de un grupo autorizado bajo la priorización especificada por el el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el CDC, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, el gobernador del Estado/territorio u otra autoridad de salud pública relevante; o desviar la vacuna contra la COVID-19 del Programa de Vacunación COVID-19 de los CDC.
El sitio web del CDC advierte que cualquiera de las prácticas arriba descritas constituye un fraude y es una violación de los términos del acuerdo que firman los entes que se anotan para recibir y administrar las vacunas contra la COVID-19.
En Estados Unidos las dosis las compra el gobierno federal y luego se asigna a las jurisdicciones estatales y locales y a otros socios federales para su administración y distribución. Los estados tienen la autoridad para determinar los planes de distribución y priorización, pero solo dentro de sus jurisdicciones.
Por otro lado, la revista Vanity Fair reveló en abril que los contratos que el gobierno de Donald Trump había firmado con las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janseen para que el país recibiera vacunas contra la COVID-19, incluyeron cláusulas que prohibían al gobierno compartir sus dosis excedentes con el resto del mundo; a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia de gripe A H1N1 de 2009.
Si bien el Departamento de Defensa intentó renegociar esas cláusulas, Vanity Fair afirmó que algunas -sin especificar cuáles- se negaron. Inclusive, la revista reveló que cuando Estados Unidos accedió a enviar 1.5 millones de dosis de AstraZeneca a México a finales de marzo, los gobiernos de ambos países debieron negociar contratos separados para indemnizar a la farmacéutica y la terminología usada no pudo ser "donación", porque el contrato lo prohibía, sino "préstamo de vacunas". En abril se usó el mismo by-pass para anunciar el "préstamo" de 4 millones de dosis de AstraZeneca a México y Canadá.
Se desconoce si Janssen es una de las farmacéuticas que se negó a renegociar la cláusula que prohíbe donar vacunas, pues de ser el caso, la administración Biden negaría el permiso al Estado de Texas o tendría que recurrir también al "préstamo", opción que el presidente Carlos Alvarado Quesada afirmó semanas atrás que también se puso sobre la mesa en las solicitudes al gobierno norteamericano.
