En Costa Rica, actualmente 280 mil personas necesitan apoyos para realizar al menos una actividad básica de la vida diaria, esto significa que en casi el 20% de los hogares, una persona requiere cuidados prolongados. Esa es una realidad que nos resulta cercana a todas y todos; y en ella, casi siempre son las mujeres quienes brindan esos cuidados, inclusive a pesar de ellas mismas y de su desarrollo personal y laboral, porque asumen jornadas extenuantes que atentan contra su propio bienestar.
Por ello, con el objetivo de implementar progresivamente un sistema de atención a las personas en situación de dependencia, el Gobierno de la República promulgó la Política Nacional de Cuidados 2021-2031, diseñada para brindar mejores condiciones a las personas adultas mayores, con discapacidad, con enfermedades crónicas o con demencias, quienes necesitan apoyos y cuidados para realizar sus actividades diarias.
Las tareas de cuidado no son ni ajenas ni accesorias. A lo largo del ciclo de vida transitamos de la autonomía a la dependencia; y forman parte de la sostenibilidad del entorno social y de la visión económica. Por ello, esta política introduce un cambio de paradigma en relación la ciudadanía; porque migra de un enfoque familiar hacia uno de corresponsabilidad social. Con esto se busca más bien, que se reconozca el valor las actividades de cuidado y que se conviertan en una responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidades y empresas; y que sean asumidas por hombres y mujeres.
Se trata de un sistema de apoyo a los cuidados, entendido como un conjunto articulado de nuevas prestaciones, de consolidación y expansión de servicios ya existentes. Servicios como la teleasistencia, la atención en el domicilio, los centros de día, las residencias de larga estancia, la Red de Cuido de Personas Mayores y servicios de respiro; llevarán bienestar a las personas que requieren cuidados y a sus familias.
La articulación de ese sistema de apoyo a los cuidados y el aumento de su cobertura se hará de forma gradual. La meta de atención al año 2031, es cubrir al 56% del total de personas en situación de dependencia. Esa cobertura incluye el 89% de personas dependientes graves y moderadas. La inversión necesaria para ello es cercana a 0,4% del PIB, cubierto en parte por presupuestos institucionales ya existentes, que puede ser complementado con un esquema de copago o de subsidios parciales.
Debemos destacar la importancia de evitar la institucionalización de las personas con dependencia y poner énfasis, entonces, en servicios de base domiciliar. Esto es importante por dos razones: es usualmente la opción más deseada por la persona que requiere cuidados, pero también es la opción menos costosa. En promedio, el costo de atención en una residencia de larga estancia es 4 veces el costo en el domicilio de la persona.
Sobre este punto es necesario entender algo trascendental: más caro que tener un sistema de cuidados, es no tenerlo. La ausencia de un sistema de cuidados no solo representa un costo altísimo para las familias, sino que se refleja también en una presión de costos en el sistema de salud debido a estancias hospitalarias más prolongadas de lo requerido.
El plan de acción de la política impulsa mejoras en la calidad y oportunidad en las prestaciones ya existentes, así como la capacitación y atención de personas que se emplean en esos servicios de cuidados. Además, incorpora políticas activas en el mercado laboral, para favorecer la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, y la formalización de los empleos en esta rama de actividad. El plan prioriza el impulso al proyecto de ley 21.962 de creación de Sistema Nacional de Cuidados (SINCA), presentado por la Diputada Catalina Montero, con apoyo de otras legisladoras y legisladores.
En conclusión, esta Política Nacional de Cuidados reviste, con una nueva alianza intergeneracional, al pacto social costarricense . Un pacto que se afianzó con las voces de muchas mujeres, organizaciones sociales y el mandato del Diálogo Multisectorial del año anterior, y que consolida conceptos como cohesión social, derechos, dignidad y justicia como parte del idioma imprescindible de un país democrático.
En el año del Bicentenario, los distintos sectores del Estado costarricense vislumbran y sientan las bases éticas e institucionales, para hacer frente a los retos de los próximos 100 años de vida independiente, mediante una política relevante que responde a necesidades actuales y prevé retos sociales, económicos y demográficos futuros. Una política que genera condiciones para romper con los roles de género que impiden la independencia económica de las mujeres. Una política pública que garantiza derechos humanos, justicia y dignidad a las personas en situación de dependencia y sus familias.
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