Considerando los últimos hechos que han acontecido en el país respecto al desvío de vacunas contra el SARS-COV2 a canales irregulares de venta, es importante que la población esté consciente que Costa Rica cuenta con una amplia red de establecimientos farmacéuticos públicos y privados que aseguran a la población las mejores condiciones de almacenamiento y distribución de los medicamentos.

Los profesionales en farmacia tienen la obligación de asegurar las condiciones adecuadas que garanticen que los medicamentos mantienen sus condiciones para ser suministrados de manera segura.

El Código Penal, dentro de los delitos contra la salud, en el artículo 273 describe el delito de “suministro infiel de medicamentos”, el cual sanciona penalmente a los profesionales que expendan medicamentos en calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida.

El bloque de legalidad del país busca proteger a las personas de medicamentos falsificados, adulterados o que no cumplan con las exigencias de calidad, haciendo responsables a los profesionales en farmacia de su conservación.

Adquirir medicamentos de formas irregulares, fuera de establecimientos farmacéuticos expone a las personas a ser víctimas de productos que no posean la calidad necesaria. A pesar de esto en el país existe un comercio ilícito de medicamentos muy amplio que no ha sido controlado por las autoridades sanitarias. Es frecuente la venta de productos medicinales de dudosa calidad en el país fuera de los establecimientos farmacéuticos.

Un ejemplo claro sería la adquisición de vacunas de forma irregular. Las vacunas son productos muy delicados que deben mantenerse en un rango de temperatura específico, desde -70 ºC a 8 ºC. para mantener sus propiedades inmunológicas, no cumplir estas especificaciones producen que la vacuna no tenga la eficacia terapéutica necesaria.

El Ministerio de Salud debe utilizar los mecanismos de vigilancia para detectar el aumento de un tráfico ilegal de vacunas contra el SARS-CoV2. En vista que en el país la distribución de estas vacunas es prerrogativa de la Caja, la posibilidad que personas pretendan lucrar de la venta de vacunas es predecible.

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