Este jueves 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, entra en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como el Acuerdo de Escazú, pues lleva el nombre del cantón donde fue adoptado por 24 países) las negociaciones las dirigieron dos países: Chile y Costa Rica.

Chile al asumir su actual gobierno, decidió alejarse de este tratado internacional sobre medio ambiente basado en Derechos Humanos y Costa Rica, luego de firmar ante Naciones Unidas el 26 de setiembre del 2018, no hizo mucho más.

El Acuerdo ha estado en un vaivén, que va más o menos así; se votó en primer debate y fue aprobado por unanimidad, luego de una consulta a la Sala Constitucional, esta anula esa votación por tener vicios de procedimiento (no se le consultó al Poder Judicial), pasan varios meses y el pasado lunes 12 de abril el Poder Ejecutivo convoca el proyecto a la Asamblea Legislativa en este período de sesiones extraordinarias, pero dos días después, el miércoles 14 de abril el Ejecutivo desconvoca este y todos los demás proyectos que no sean Empleo Público, el jueves 15 de abril, Gobierno vuelve a convocar el Acuerdo de Escazú.

En este momento está en manos del Poder Legislativo la ratificación, ciertamente a destiempo. Este mismo retraso tiene consecuencias donde, más allá de la vergüenza internacional de que Costa Rica, como país verde y defensor de los derechos humanos, no haya ratificado el Acuerdo que presidió, negoció e incluso dió nombre; esto pasa a segundo plano cuando vemos que en este tiempo de espera han ocurrido los crímenes a Sergio Rojas y Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados y que, al día de hoy, luego de dos años de la muerte de Sergio y un año de la de Jehry, siguen sin recibir justicia, lo cual podría ser diferente de haberse ratificado Escazú.

En este mismo momento, frente a los ojos de una sociedad indiferente y de un Gobierno que algunas veces se queda corto en su accionar ante el discurso, siguen los ataques a los pueblos originarios y amenazas a algunos dirigentes como el líder indígena Pablo Sivar.  Costa Rica es un referente internacional, famoso por sus políticas de protección ambiental, descarbonización, abanderada de los derechos humanos y una solidez envidiable en su democracia.

Pero todas estas medallas en el ojal no deben quedarse de adorno, sino más bien, deben servir como faros para seguir avanzando. En cuanto a esta democracia sólida y reconocida internacionalmente, debemos recordar que es para todas las personas, y sirve para que todos tengan sus derechos a diario, derechos con los que no se puede jugar ni negociar, no son moneda de cambio en contienda electoral ya que de estos dependen vidas. Ahorita que dentro de las paredes del plenario hay tantos candidatos a la presidencia, se espera de ellos que mantengan una línea consecuente y decente, a la altura de los tiempos, pues esperamos que sepan y reconozcan que los derechos de acceso a la información y participación ciudadana contribuyen al fortalecimiento, de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Toda la sociedad está preocupada por la crisis sanitaria, la crisis económica y los niveles de desempleo que atraviesa el país, todas y todos deseamos que se creen e impulsen “medidas que reactiven nuestra economía, permitan generar empleo, atraer inversiones e impulsar nuestra producción para salir de la penumbra económica”,  todos los sectores sociales, sin distinción, queremos esto, acá nadie se salva solo y lo sabemos.

Pero sabiendo que nadie se salva solo y que todos somos habitantes de esta casa común, se debe velar y exigir que estas medidas sean responsables, cuidadosas y armoniosas con el medio ambiente. El Acuerdo de Escazú no es una amenaza contra la dinamización de las empresas y la generación de empleo, lo que busca es que esta dinamización sea responsable, seria y consecuente con la línea ambiental que tiene nuestro país, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, no regresividad y progresividad.

Como parte de esta sociedad, esperamos la consecuencia de los sectores que la componemos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, cámaras empresariales y sectoriales, sociedad civil, como país que cree en la diplomacia, en la democracia y por tanto en los Derechos Humanos, agregamos esta parte de un párrafo del Acuerdo, con el que esperamos, estemos todas y todos de acuerdo.

Reafirmando la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y recordando otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ponen de relieve que todos los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna, incluidas de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Por tanto, como país, debemos alegrarnos y trabajar para que tratados como el Acuerdo de Escazú, sean una herramienta que llegue y proteja a cada vez más personas y aporte en el crecimiento y fortalecimiento de más democracias de América Latina y el mundo, con tratados que sean útiles, terminamos trayendo a estas líneas un párrafo del llamado del Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si:

Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad, de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos…”

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