Si bien es cierto, y por cuestión de percepción propia, una de las frases más comunes que he oído mencionar es: “la pandemia me hizo cambiar de opinión”, y personalmente no soy ajeno a ella. La pandemia me hizo cambiar de opinión, con respecto a lo que se debe hacer con el gasto, puesto que antes pensaba que se debía aumentar la austeridad para cortar el gasto, ahora creo firmemente en reasignar el gasto y por ende reducirlo, sin embargo, como un medio al mismo fin que siempre he querido como ciudadano costarricense: el bienestar de la sociedad, en par a la sanidad en las finanzas públicas. Cabe destacar lo siguiente: Bajo esta administración no hemos encontrado ninguna de las dos. Es evidente que no soy experto en el tema, ni pretenderé serlo, por lo que advierto que solo estoy compartiendo lo que he logrado observar, y hago una invitación a toda crítica constructiva.
Me parece increíble observar el despilfarro que se ha hecho con las finanzas públicas, como si de jugar bolio se tratara, para así lograr mantener a un grupo selecto de personas a costa del sector privado y por ende la mayoría de costarricenses. Tal es el caso con Recope, una institución ineficiente, con un presupuesto de 18,494 millones de colones, para mantener la convención colectiva que cubre a sus 1,800 empleados, vigente para el 3 de febrero de este año. No hace falta una eminencia matemática para calcular que dicha cifra equivaldría a más de 10 millones de colones por persona.
Ahora bien, la pregunta que le planteo a usted el lector es la siguiente: ¿Si ese es el caso con tan solo una de nuestras 332 instituciones públicas (sin tomar en cuenta la creación de la agencia espacial), ¿cómo ha de ser con las demás? ¿Cuántas duplicidades existen y cuántas de ellas han presentado los resultados que prometen? Porque para citar a Milton Friedman “uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”.
Estoy convencido que Costa Rica está mal, porque hemos sido víctimas de una pésima administración pública. El dinero se ha malgastado en la ineficiencia estatal y debería de ser reasignado, no incrementado, porque hay instituciones que necesitan de ayuda y dedicación urgente: tal como nuestro sistema de educación.
Claro está que nuestra constitución establece que la inversión en educación no debe ser inferior al 8%, lo cual perpleja a cualquiera quien se dé cuenta que nuestras calificaciones en las prueba PISA para el 2019 no superaron el promedio de la OCDE ¿Que está fallando ahí? Creo que un vivo ejemplo de las penurias de nuestro sistema educativo público es el caso que se presentó recientemente en el colegio Juan XXIII, donde se construyó un gimnasio equipado para sus docentes, mientras que sus estudiantes ni tan siquiera cuentan con uno.
La desigualdad social se está promoviendo dentro de los colegios públicos, y lo peor de todo es que ¡La mala administración de las finanzas públicas lo está propagando! ¿Cómo podemos explicar, o peor aún, defender como sociedad que eso se esté presentando en nuestro país?
Según un estudio de la OCDE, publicado en julio del año pasado, nuestro coeficiente GINI supera el 0.5%, lo cual nos hace un país muy desigual. Para ello, unas de las recomendaciones que nos han dado es reemplazar los incrementos en salarios en universidades públicas, y actualizar de manera más periódica los planes de estudio. Además, hicieron ver que nuestra inversión en medicina y educación, a pesar de ser de gran cantidad, no se refleja en la calidad de servicios públicos que nuestro país está otorgando. Sus estudios también hicieron denotar que la “reforma de la remuneración en el sector público” tendría un impacto sobre el Gini de -0,019 y la “mejora de la focalización de las políticas sociales” tendría un impacto de -0,003. Estos números respaldan lo planteado. Se debe reasignar el gasto, bajo la consigna de una buena administración pública.
Nos urge hacer un sistema menos desigual. Donde el dinero de los ciudadanos cese de ser mal utilizado, y sea invertido en lo que verdaderamente deja retornos positivos. Tal como la educación, invirtiendo de manera sensata el dinero. La infraestructura también es esencial para alcanzar dicha meta. Escribían los economistas Esther Duflo y Abhijit Banerjee en su libro La buena economía para tiempos difíciles, que tener carreteras de buena calidad es necesario, para así ayudar al productor a transportar mercancías fácilmente. Sin embargo, le agregaría yo que en nuestro caso como país, es necesario para lograr reducir la desigualdad en acceso a la educación. Es una triste reflexión ver casos como el de Yornel, un niño de Talamanca cuya historia fue reportada por Repretel, puesto que caminaba tres horas para ver los partidos de futbol de Heredia por una rendija en una soda, o las de Rashel y Sofía del Liceo rural Katsi, quienes en el 2019 tuvieron que caminar por horas e inclusive cruzar el río Telire, para llegar a un medio de transporte que las pudiera llevar a la feria científica, donde iban a representar a su colegio.
Creo firmemente que la noción de hacer inversiones más robustas en programas sociales como la educación, mejorar su calidad y sanear las finanzas públicas no es antagónico. Es cuestión de revisar con objetividad el tamaño del estado, eliminar duplicidades, fusionar instituciones y ministerios, revisar que los sistemas administrativos funcionen efectivamente, y llevar a cabo los cambios necesarios, para así lograr alcanzar dichas metas. Es cuestión de pensar en los niños, y en el futuro de nuestro país, para así lograr un Estado más eficiente y eficaz.
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