Durante el año 2020, marcado por la pandemia de COVID-19, la gran mayoría de países en el mundo se vieron obligados a aplicar estrictas medidas de cierre y confinamiento. Uno de los ámbitos de la vida en sociedad que sufrió mayores golpes producto de dicha situación fue la educación, afectando el desarrollo de su principal población receptora: la niñez y la adolescencia. La situación actual de la educación, tanto a nivel nacional como internacional, constituye una verdadera emergencia la cual, de no ser abordada de forma oportuna e integral, podría representar consecuencias devastadoras durante varias décadas. Por ello, se requiere una verdadera re imaginación del derecho a la educación para la niñez y la adolescencia; por medio de políticas progresistas, enfocadas en las poblaciones más vulnerables y orientadas al cierre de las desigualdades.

Las consecuencias negativas del cierre generalizado de centros educativos no se han hecho esperar en el mundo. De acuerdo con un informe de UNICEF publicado en agosto de 2020, una tercera parte de personas menores en edad escolar alrededor del mundo no tuvo acceso a la educación a distancia durante los confinamientos. Asimismo, en un diagnóstico de noviembre pasado, la misma entidad alertó sobre el riesgo que presentan los grupos de infancia de no regresar a las aulas una vez que se han ausentado de estas durante largos períodos de tiempo. Esta situación afecta con mayor énfasis al grupo que se encuentra dentro de la etapa de la primera infancia, pues el mapeo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia encontró que alrededor de un 70% de niñas y niños en edad de preescolar no contó con medios para acceder a educación desde sus hogares.

Desde antes de la pandemia, la situación educativa para casi todos los países resultaba alarmante. La crisis de aprendizaje se refleja en que alrededor de 617 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo no alcanza el nivel mínimo en habilidades como la lectura, la comprensión, la gramática, la escritura, entre otras. Este dato constituye un reflejo de los efectos devastadores que las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la educación pueden tener sobre el desarrollo del potencial y otros derechos básicos de cada niña, niño y adolescente.

La desigualad socioeconómica tuvo un impacto directo sobre la posibilidad de acceder a las tecnologías para recibir educación a distancia. Los canales de internet apenas llegan a un 24% de las personas infantes en edad escolar en todo el mundo. Por ello, resulta posible afirmar que la pandemia tuvo un impacto en la profundización de la brecha digital y de acceso a los conocimientos en línea. Sumado a esto, existen otras limitantes que se suman a la falta de acceso a medios tecnológicos tales como las disparidades que sufren las personas estudiantes que deben encargarse de labores domésticas y de cuido, las necesidades socioeconómicas provocadas por la crisis sanitaria en distintas familias, poca disponibilidad de materiales desde las casas, así como la imposibilidad de compatibilizar labores de personas adultas con la ayuda a la niñez durante el proceso de aprendizaje.

La respuesta a la emergencia educativa requiere sentido de urgencia por parte de todas las autoridades e instituciones. Reimaginar la educación de la niñez y adolescencia después la pandemia implica un desafío conjunto. Posibilitar la continuidad y el progreso de la educación requiere que planteemos tres áreas a intervenir con la brevedad posible: el cierre de la brecha digital, mejorar las condiciones físicas y sociales de los centros de enseñanza, y hacer frente a la problemática de la discriminación dentro de los sistemas educativos.

El cierre de la brecha digital debe consistir en una verdadera democratización de fuentes seguras de información y conocimiento que puedan ser consultadas desde los hogares. Ello implica un diseño de formas de educación digital accesibles para niñas y niños de todas las edades y de diversas condiciones sociales, habitacionales y familiares.

De la misma forma, debe convertirse en una prioridad pública el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y saneamiento dentro de las escuelas y colegios. Los espacios educativos deben ser objeto de cambios, con el fin de que sean respetuosos de los modos de convivencia que desarrolla la niñez entre sí. La atención de la emergencia debe poner como eje transversal la adecuada atención de la nutrición infantil, así como el cuidado de la salud mental de niñas, niños y personas jóvenes.

Como tercer punto, frenar la discriminación dentro de los sistemas educativos implica que el regreso a la presencialidad permita identificar casos de abuso, abandono, o violencia de género. También requiere de un abordaje inclusivo de la población con discapacidad, adolescentes LGBTIQ+, y minorías étnicas. Asimismo, este eje debe significar la construcción de condiciones equitativas de acceso para niñas y niños que habitan zonas rurales.

La emergencia educativa que golpea a la niñez y adolescencia amenaza con tener efectos adversos sobre las dinámicas sociales, económicas, culturales y comunales de no ser abordada con celeridad y seriedad. Las injusticias sociales exacerbadas por la pandemia han tenido como blanco especial a la educación, cargando la falta de acceso a esta sobre las poblaciones más vulnerables y restando mayores días escolares a aquellas niñas, niños y adolescentes que provienen de hogares de ingresos bajos.

Una declaratoria de emergencia educativa no solo es necesaria con base en las cifras mundiales, es también una enorme oportunidad de pensar un mundo de la post pandemia que sea mejor para las infancias y nos evite una generación perdida. Los derechos de educación, protección integral frente a la violencia, socialización y recreación de la niñez y adolescencia lo demandan sin demoras.

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