Las recientes declaraciones de la exministra de Educación, Anna Katharina Müller, han generado preocupación en diversos sectores educativos del país. Afirmar que no publicó la «Ruta de la Educación» porque «no le dio la gana» no solo denota una actitud poco profesional, sino que también refleja una falta de compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
Desde su publicación, en el 2023, el borrador de la mencionada ruta generó preocupación debido a su falta de claridad y fundamento técnico. Entre los aspectos más alarmantes se encuentran:
- Inconsistencias en la participación de las instancias consultadas. Se menciona una consulta nacional que, según nuestras autoridades, no contó con la participación efectiva de las universidades, aunque estas fueron citadas como entidades consultadas.
- Inconsistencias en el diseño curricular. La propuesta de reinstaurar pruebas nacionales estandarizadas como mecanismo para evaluar la calidad del aprendizaje no consideraba el contexto actual de los estudiantes, marcadamente afectado por interrupciones significativas en su proceso educativo debido a huelgas y la pandemia. A ello se suma un tratamiento superficial del enfoque por competencias: la Ruta plantea tres competencias, «la formación de ciudadanos responsables y solidarios», «para la vida» y «para la empleabilidad digna», sin ofrecer un marco contextual ni operativo que oriente su aplicación. Esto resulta reduccionista si se considera que, desde el 2019, el MEP ya contaba con una guía de mediación pedagógica por habilidades que describía trece habilidades claramente definidas. Estas no solo estaban alineadas con un enfoque centrado en la persona y el aprendizaje, sino que integraban de manera coherente las competencias que, de forma simplificada y desarticulada, se presentaban en este borrador como novedad.
- Retrocesos en la enseñanza de la lectoescritura. La decisión de homogenizar el proceso de enseñanza de la lectoescritura en primer grado contraviene los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y desconoce los avances alcanzados en la articulación de los dos primeros años de primaria como una unidad pedagógica. Esta articulación, impulsada durante la administración del exministro Leonardo Garnier (2010-2014) y fortalecida posteriormente por la exministra Sonia Mora Escalante (2014-2018), representó un hito en la consolidación de un enfoque progresivo y respetuoso de los ritmos de desarrollo infantil.
- Falta de lineamientos claros para el personal docente. A más de un mes y medio de iniciado el curso lectivo, el personal del Ministerio de Educación Pública aún no contaba con directrices claras para implementar la Ruta propuesta, lo que generó incertidumbre y afectó la calidad de los procesos educativos.
La reciente declaración de la exministra de Educación Pública de Costa Rica, Anna Katharina Müller, lejos de ser solo una expresión personal, desnuda una actitud que, abiertamente, contradice los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad que deben orientar la gestión pública, especialmente en el ámbito educativo. De acuerdo con Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en Florini 2007, «La transparencia no es solo un medio técnico de gestión: es un imperativo moral y democrático. Lo que se oculta al público, con frecuencia, se le niega».
En este sentido, quien asume un cargo público también, y, sobre todo, asume un compromiso con su país; no se trata de una parcela personal. Ejercer una función pública no es motivo de celebración anticipada —como suele ocurrir—, sino una responsabilidad que debe ser honrada con integridad y servicio.
La educación ha sido históricamente el pilar del desarrollo de Costa Rica. Por ello, las políticas y planes educativos no solo deben formularse con eficacia, sino también construirse de manera participativa, incorporando la voz de los actores clave interesados, así lo advierte Delors (1996) en La educación encierra un tesoro, al subrayar la importancia de una visión colectiva y corresponsable en la construcción del futuro educativo.
Y es que «La educación no solo es un derecho fundamental, sino también un bien público y una responsabilidad colectiva» (UNESCO, 2015, p.9). Esta idea ha sido defendida en nuestro país por diversos actores sociales, especialmente ante un gobierno que se ha caracterizado por desmantelar avances logrados en al menos tres administraciones anteriores, como la transformación curricular, financiada precisamente con recursos del pueblo. Solo quien realmente comprende el valor de una política educativa es capaz de reconocer, fortalecer y dar continuidad a lo que otros han construido. Borrar o desvirtuar de manera acrítica lo que otros han hecho solo denota desconocimiento.
Gestionar la función pública como se gestiona un bien personal no solo es un acto irresponsable, sino temerario. La educación no puede ser objeto de decisiones unilaterales ni de caprichos personales. Es imperativo que las políticas educativas se construyan de manera participativa, con base en evidencia científica y con el compromiso de todos los actores involucrados. Solo así podemos garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los estudiantes del país.
Señora Müller, con todo respeto, la educación no es una parcela personal ni un acto de improvisación. La educación es, ante todo, ciencia y arte. Nuestras acciones deben estar validadas técnica y científicamente. Quienes ejercemos un puesto público le decimos un «sí» rotundo a Costa Rica, no a intereses o agendas particulares.
Preocupa profundamente que, sin un análisis serio, se haya procedido al desmantelamiento de lo que al país le tomó años construir. Tal es el caso del Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad (eliminado por completo) y del Programa de Español para I Ciclo (distorsionado por desconocimiento), ambos desarrollados con el acompañamiento de referentes sólidos de la comunidad científica nacional e internacional.
En particular, el programa de Español concebía la enseñanza de la lectoescritura como un proceso gradual, congruente con nuestro modelo pedagógico desarrollista: iniciaba en primer grado con el desarrollo de la habilidad de leer, para consolidarse en los años siguientes con estrategias que permiten al estudiante leer para aprender. Como bien lo afirma el neurocientífico Stanislas Dehaene (2015), «cuanto más se automatiza la lectura, más puede el niño concentrar su atención en comprender lo que lee y volverse así un lector autónomo» (p.17).
Conseguir la automatización de los procesos requiere holgura: tiempo, práctica sostenida y respeto por los ritmos individuales. Así lo comprendieron quienes, en 2011, promovieron las reformas al programa de Español, sentando las bases de un enfoque que articulaba los dos primeros años de primaria como una unidad de aprendizaje. Enseñar a leer con base en la ciencia de la lectura implica adoptar una enseñanza explícita, sistemática y estructurada, especialmente en el desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento del principio alfabético y la decodificación.
Como señala Louisa Moats, «la instrucción explícita y sistemática es esencial para que los estudiantes aprendan a leer palabras con precisión y fluidez, y para que comprendan lo que leen» (Moats, 2020, p. 13). En la misma línea, Castles, Rastle y Nation (2018) destacan que «las prácticas instruccionales basadas en evidencia, como la enseñanza fonológica explícita, son fundamentales para una alfabetización efectiva». Dicho de otro modo: estas decisiones no fueron fruto de la improvisación, sino del estudio riguroso de las evidencias neurocientíficas y pedagógicas. Desmontar ese avance bajo criterios imprecisos, sin diagnóstico técnico ni evaluación seria de su impacto, constituye un grave retroceso.
No es de extrañar, entonces, que en el contexto actual encontremos estudiantes en primaria y secundaria cuyas habilidades lectoras no les alcanzan para aprender con autonomía. Este rezago no es responsabilidad exclusiva de alguien, sino consecuencia de decisiones políticas improvisadas, de la falta de continuidad en los procesos formativos y de la ausencia de políticas públicas sostenidas y coherentes. No se trata de retroceder en los esfuerzos realizados por gestiones anteriores del Ministerio de Educación, sino de consolidarlos con sustento técnico y mejorar solo aquello que lo amerite. El desmantelamiento, cada cuatro años, de políticas educativas construidas con voluntad política y esfuerzo colectivo genera profundo desgaste. No es casual que muchos docentes no logren asimilar un cambio cuando ya se les impone otro, lo cual amenaza no solo la calidad educativa, sino también la seguridad psicológica y el sentido de pertenencia en los centros educativos.
Quien asume un cargo público no lo hace para engrandecerse, sino para engrandecer el bien común desde ese lugar y, con ello, al país. Gobernar es un acto de servicio, no de poder. El verdadero poder nace del servicio con integridad. Ahora, es altamente preocupante que la exministra haya encontrado tierra fértil para un discurso que minimiza la responsabilidad ética del Estado y trivializa decisiones que afectan el futuro del país.
Tan alarmante como sus palabras… es el retroceso real que vive nuestra educación: se desmantelan políticas construidas con evidencia, se siembra incertidumbre en las aulas y se deja desprotegido al sistema que, como expresó Bernardo Toro en el TEDx Pura Vida 2012, cuida del cercano y del lejano. La escuela pública es el único espacio que sigue cobijando, con dignidad, a muchos niños y niñas que no merecen la indiferencia y egoísmo de quien pasó como un remolino y ahora, además, viene a decir que solo fue un capricho. Toda acción que debilite la institución pública nos debilita como país.
Como afirmaba Paulo Freire, «Es en la inclusión del ser humano y en el reconocimiento de esa inconclusión donde se inscribe la educación como un proceso permanente» (Freire, 1970, p.101). ¡Y en eso no hay lugar para la indiferencia ni para los caprichos! La mayor paradoja es que la única respuesta a gestiones de esta naturaleza sigue siendo invertir en más y mejor educación.
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