Si hace algunos años se nos hubiera preguntado por el futuro de nuestro país hubiéramos imaginado una gran cantidad de respuestas, algunas más optimistas que otras, pero incluso en el escenario más negativo imaginable, se acercaría a la realidad que hoy vivimos en nuestro país, lo que vivimos hoy en día es inimaginable. Basta con revisar los diarios o medios de comunicación diariamente y observas fácilmente la grave situación de crisis en las que nos encontramos inmersos, situación que no sólo alcanza el espectro económico, sino también, el social y el político, poniendo en una gran incertidumbre el rumbo de nuestro país y el bienestar de las y los costarricenses.
Son varias las causas y consecuencias de esta crisis, según algunos analistas concuerdan, que la pandemia del SARS-Cov 2 no hizo más que evidenciar la compleja situación por la que estamos atravesando, a la vez que potenció algunos indicadores como el desempleo en un 24%, la pobreza en un 26.2%, la desigualdad (según el coeficiente de Gini) a 0.513 pts y el déficit fiscal al 8.3%. Pero hay una situación que acoge a la población más joven, me refiero al desempleo juvenil.
Para el mes de enero del presente año la Organización Mundial de Trabajo (OIT) arrojó algunos indicadores alarmantes, siendo Costa Rica el país latinoamericano con mayor índice de desocupación juvenil en el primer trimestre del 2020; alcanzando el 42,1% según encuestas elaboradas por la entidad. Por lo que cabe preguntarse: ¿cuáles son las razones de esta situación y cómo remediarla? Para dar una respuesta a esto, primeramente, pongamos sobre la mesa algunos otros indicadores en relación a la materia del desempleo juvenil tanto a nivel nacional como regional.
En lo que respecta a nuestro país, datos de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (2020) presentaron que para el II trimestre del 2020, 154 mil personas jóvenes entre 15 y 24 años se encontraban en condición de desempleo (48%), de las cuales el 53% eran hombres. Además, se identificó que la población desempleada joven se concentra en el área urbana (77%), específicamente en la zona central. Por su parte, el porcentaje del subempleo es de 20,7%, similar al indicador nacional.
Ahora bien, en lo que respecta a los afectados por el desempleo como consecuencia específicamente de la pandemia, el 68,5% de los jóvenes cuentan con un nivel educativo de secundaria incompleta o menos, lo que conduce a que en su mayoría se dedicaran a empleos de tipo informal (72,5 %). Por lo que estas condiciones limitan las oportunidades laborales, especialmente para empleos de calidad en los que se reconozcan los derechos laborales. Entre las principales actividades a las que se dedicaban estas personas, corresponden a comercio, hotelería y restaurantes y construcción; en un 20,1%, 18,6% y 12% respectivamente.
El informe a nivel regional de la OIT evidencia como el desempleo ha perjudicado alrededor de 9,4 millones de jóvenes de América Latina y el Caribe, y más de 30 millones sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad. Además, el 21,7% del total de jóvenes están dentro del grupo de los “Ninis” (jóvenes que no estudian, no trabajan y ni reciben entrenamiento), una tasa que también ha experimentado una leve pero persistente alza desde el año 2000, cuando era de 20,1%. En general, la región latinoamericana tiene grandes retos en la materia, y es claro que Costa Rica no es la excepción. Incluso México que fue colocado como el mejor puntuado en el informe, posee poco más de 6.9 millones (21.7%) de jóvenes que no estudian ni trabajan, 9.5 millones estudian y no trabajan. De los 15 millones que trabajan, más de 85% (12.8 millones) no estudian. Entre los que trabajan y no estudian, 45.7% laboran en pésimas condiciones y cerca del 47% de ellos no tiene prestaciones laborales; esto a pesar de las diferentes políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano en la última década.
Ahora bien, ¿se tratan estos indicadores de un fenómeno coyuntural o responden a una problemática que se ha ido acrecentando a través de los años?
Como se ha expuesto anteriormente, la COVID-19 ha supuesto un duro golpe para las diferentes economías del globo, causando diversas complicaciones y dejando a simple vista algunas deficiencias particulares, por lo que entendiendo la gravedad del desempleo juvenil y los diferentes datos a través de los años en la región se puede inferir que corresponde a una problemática que no se origina de la pandemia, pero cabe recalcar que esta si la agravó y la está llevando a números escandalosos.
En Costa Rica, más allá del desempleo juvenil, el gobierno ha olvidado a este sector de la población, desatendiendo muchas de las necesidades e ignorando los clamores de estos. En la reciente Asamblea Nacional de la Persona Joven, algunos integrantes de la misma hicieron notar la imperiosa necesidad que el gobierno dirija su atención al cumplimiento de diversos acuerdos y considere en su agenda pública y política a esta población tan olvidada en los últimos años.
El gobierno y las corporaciones municipales deben generar las estrategias y fortalecer los mecanismos macroeconómicos que generen oportunidades de empleo productivo adecuado para las próximas generaciones de trabajadores, por medio de políticas integradas y eficaces que impulsen la oferta (capacitación y formación) de mano de obra calificada para diversas empresas multi y transnacionales, o con las habilidades blandas y duras, para lograr emprender de forma exitosa. Además, la educación debe entenderse como una pieza fundamental para la generación de empleos, por lo que es vital que el estado logre extender sus “brazos” hasta aquellos rincones del país en donde a las personas jóvenes les resulta casi imposible alcanzar un grado de educación superior. Es urgente el diseño de estrategias que logren formalizar la economía informal a fin de garantizar los derechos laborales. Se debe implantar medidas de empoderamiento de las mujeres jóvenes, cerrando diversas brechas como son las salariales por el simple hecho de género.
Es necesario que las políticas públicas sean construidas a partir de una visión de largo plazo, que contemple los diversos factores sociales y económicos de los jóvenes del futuro. Se deben establecer alianzas con diversas organizaciones internacionales como la OIT, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros, a fin de impulsar a nivel nacional y regional el cuarto, octavo y décimo séptimo objetivo de desarrollo sostenible (Educación de Calidad, Trabajo decente y crecimiento económico y Alianzas por los objetivos) establecidos en el Acuerdo de París del 2016.
La población joven necesita la atención del gobierno, que el estado implemente políticas públicas articuladas por las diferentes instituciones públicas que le competen el empleo juvenil, donde más que generar plazas en una empresa, logren gestar nuevas oportunidades para las nuevas y futuras generaciones. Ya se ha comprobado en las últimas dos décadas que la política de la inacción no ha funcionado, se requieren decisiones, voluntad política y principalmente interés por los más jóvenes y su futuro.
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