A un año de las elecciones el panorama político de nuestro país está marcado por una incertidumbre apremiante donde las figuras que emergen del fondo partidista en su mayoría son personas reconocidas por su recorrido, algunas de estas precandidaturas han sido ampliamente cuestionadas por su trayectoria en el pasado. Los partidos políticos más tradicionalistas han dejado en evidencia que el relevo generacional no es una opción dentro sus estructuras, pues apuestan y se aferran en su mayoría a lo que podría llamarse reciclaje político, esto bien podría estar justificado por el poco interés de las personas de postularse a los cargos de elección popular o la poca apertura que tienen estas estructuras a la hora de elegir a las personas participantes de los diferentes procesos que culminaran en una elección nacional.

También, cabe resaltar como es de conocimiento público que muchos partidos políticos piden contribuciones bastante onerosas a sus precandidaturas y candidaturas, esto directamente podría lesionar el principio democrático de participación, en el entendido de que no toda persona que desee postularse cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir una eventual cuota de inscripción. Desde los principios básicos de una vivencia en democracia esto puede ser excluyente, además, también se emite un mensaje al electorado en el sentido de que si no tienes dinero no tienes derecho a ser postulado.

Considero que las estructuras base de cada partido político constituido a lo largo y ancho del país, deberían tomar en cuenta este fenómeno particular del pedir cuotas, pues que sucede con un postulante que no cuente con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo una presentación formal de su precandidatura a un puesto de diputación o presidencia se le dice ¿no? Deben darse cuenta estas estructuras distritales, cantonales, provinciales y nacionales que tienen voz y voto y están en su legítimo derecho de revertir alguna cláusula abusiva que lesione sus derechos de participación democrática en puestos de elección popular.

En consonancia, el Tribunal Supremo de Elecciones debería promover una discusión pública a manera de informar a la ciudadanía sobre las posibles formas de exclusión que lesionen el principio de participación democrática, para ser más preciso dar a conocer: ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el cobro o cuota que hacen algunos partidos políticos a sus precandidaturas y candidaturas y si esto lesiona o no el principio de participación democrática? En el entendido de que todas las personas afiliadas a un partido político tienen derecho a ser postuladas y el dinero no debe ser una limitante.

Amalgamado esto, nuestra constitución política en su artículo (98) estable “Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Aunado a lo anterior, el Código Electoral (8765) en su artículo 12 sobre Atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones estable lo siguiente.

  • e) Garantizar, mediante el recurso de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, la ley, los reglamentos y los estatutos de los partidos políticos para el caso concreto, con motivo de la actividad electoral. El amparo electoral se tramitará según lo dispuesto en este Código y, en su defecto, según el procedimiento establecido en la Ley de la jurisdicción constitucional.
  • f) Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la designación de los integrantes de sus órganos, delegados a las asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, con el fin de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio democrático.

Finalmente, es importante recordarles a las militancias político partidistas y a las estructuras, junto al electorado en general, que vivir en democracia es un derecho que nuestro pueblo se ha ganado a partir de luchas y procesos históricos. Por lo tanto, es nuestro deber y derecho ser vigilantes y generar cambios cuando los intereses de unos pocos lesionen los principios democráticos de las mayorías.

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