Siempre me ha llamado la atención la incapacidad que tenemos los costarricenses para reconocernos como clase trabajadora, a pesar de ser el 95% de la población.
Sorprende aún más saber que si usted gana ¢1.318.000 al mes (ingreso promedio del decil más rico), matemáticamente está más cercano a la pobreza que a los costarricenses más ricos del país, quienes podrían tener ingresos mensuales superiores a los 16 millones de colones[1]. Y no hay nada de malo en sus fortunas, pero cuando la mitad de la población tiene ingresos menores a 400 mil colones, es necesario cuestionar para quién se plantea la política económica en este país “igualitico” que se siente más representado por el empresario que por el trabajador.
La vulnerabilidad de la clase trabajadora. El multimillonario Edgar Bronfman Sr. explica en una frase la vulnerabilidad de la clase trabajadora:
Para que una persona pase de $100 a $110 dólares necesita trabajar, sin embargo que una persona pase de $100 millones a $110 millones es inevitable”.
Para quien posee el capital, su ingreso se multiplica solo; para quien sólo posee trabajo, sin trabajo está condenado a la pobreza. Por eso la OIT advierte sobre el riesgo que enfrentan las familias de caer en la pobreza, manifiesto al ver que solo entre el 2019 y el 2020, 321.874 entraron a la pobreza en Costa Rica.
Ahora bien, el argumento más común consiste en que se debe auxiliar al empresario para que se puedan recuperar empleos. Pero la ecuación está mal formulada, se debe auxiliar primero a los y las trabajadoras, para luego rescatar al empresario. Porque mientras quien tiene capital pierde ganancia, quien pierde trabajo pierde comida. Ahora bien, si esta premisa ética no le convence, usemos una lógica. Quienes más consumen bienes y servicios son los trabajadores, y sin ellos, como bien se lee en el panorama actual, se cae nuestra economía.
Además, ya lo advierte el FMI, la desigualdad de los ingresos ha aumentado desde 1990, influenciado por el poder monopsónico[2] de las empresas en el mercado laboral, debilitando el poder de negociación de los trabajadores que, sumado a las políticas tributarias regresivas, han hecho que los y las trabajadoras estén en desventaja.
Políticas equivocadas
La queja más común de las cámaras son los aparentes elevados salarios debido a las cargas sociales. La respuesta mediocre sería reducir el importe, pero esa ruta no solo sería una traición histórica a las luchas de 1943, sino que sería un disparate en un contexto donde sin salud pública ¿quién sabe cómo sería nuestra mortalidad por el COVID-19?
Otros sugieren extender moratorias fiscales como la generada por la ley 9830, que son los mismos que se escandalizan al sugerir incrementar el impuesto a zonas francas, bajo el argumento de que quienes más crean empleos deben sentirse incentivados para contratar más. Obviando que muchos de los sectores más productivos en el mundo, incluídas las zonas francas de nuestro país, aunque han perdido su crecimiento esperado, se han mantenido dinámicos. Si asumimos la tendencia global como parte de la tendencia global, se puede asumir que los sectores más dinámicos han podido crecer sobre las espaldas de la clase trabajadora, a quienes no se les retribuye por la producción que generan:
Subsidios de empleo, una política ganar-ganar. En otro artículo, hablaba de la oportunidad del modelo Ws/Ps de Carlin y Soskice para argumentar en favor de una política de empleo integrada a una productiva. En otras palabras, una política Ganar-Ganar. Uno de los ejemplos más llamativos durante esta pandemia han sido los subsidios de salario. Políticas que tanto el FMI como la OIT han reconocido su mérito.
“Si como empleador canadiense ha visto una disminución en su ingreso debido al COVID-19, usted podría ser elegible para pagar parte de los salarios de sus trabajadores”, se lee en la página del Ministerio de Hacienda de Canadá. En Portugal, la persona trabajadora recibe la remuneración por las horas trabajadas, y un adicional de hasta 1905 euros correspondiente a una fracción de las horas no trabajadas.
Estas políticas son dos ejemplos de entre varios, donde se pone a la persona trabajadora en el centro. Una diferencia entre esta política, y una como el Bono Proteger, es que un bono sale del presupuesto nacional sin una expectativa de retorno y como vimos recientemente, un bono tiene una vida útil corta. Un incentivo de salario, por otro lado, beneficia al trabajador al mantener un nivel de vida similar, sin perder su empleo. Pero también beneficia al empresario, quien no ve reducida su capacidad productiva al perder mano de obra, ni tampoco su ganancia por mantener dicho salario. A nivel macroeconómico su impacto es mucho más beneficioso para las finanzas públicas, en tanto los trabajadores al perder menos ingreso, afectan en menor medida la disminución de la demanda agregada, que es vital para mejorar la recaudación del Impuesto sobre Bienes y Servicios.
¿Cómo podríamos financiar estas políticas dado el precario contexto fiscal?
Es urgente replantear las políticas “sociales” existentes. Entre comillas, por el hecho de que en este país la política social ha perdido su norte, que debería ser la movilidad social ascendente. En específico las transferencias condicionadas, que luego de varias décadas de existencia no hay evidencia empírica que sea la mejor política para hacer movilidad social ascendente, como bien lo demuestra el (a veces más, a veces menos) 20% de pobreza sostenido desde la década de 1990.
La mejor política social es una política de empleo, porque en una sociedad capitalista, para quienes no tienen capital, el empleo es su única herramienta. En una economía centrada en el crecimiento, la productividad es el principal elemento y por tal, una política que logre sostener crecimiento sin poner el peso sobre las espaldas de los trabajadores será la única que podrá garantizarnos igualdad a largo plazo.
[1] Que es el ingreso más alto por estratos de la ley de Impuesto sobre la Renta para personas físicas con actividades lucrativas (art 15) y además extrapolado de datos de FORBES Centroamérica.
[2] Un monopsonio es el equivalente al monopolio, pero en el lado de la demanda (Diccionario de Economía de Oxford, 1997)
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