El regidor de la Municipalidad de San José, Diego Miranda Méndez, presentó una denuncia en contra de los ministros André Garnier Kruze (Coordinación Sector Privado), Elián Villegas Valverde (Hacienda), y de las ministras Pilar Garrido Gonzalo (Planificación) y Silvia Lara Povedano (Trabajo), así como contra la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), por incurrir en una serie de posibles irregularidades al ser adjudicada por ₡662 millones la compra de canastas de víveres contratada por la Comisión Nacional de Emergencias, en el marco de la pandemia por COVID-19.
Según consta en el expediente del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la adjudicación a AED se realizó a finales de abril del 2020, y como parte de esta se ejecutaron dos órdenes de compra por un total de 10.000 canastas de víveres en ese mismo mes.
La denuncia de Miranda señala que las irregularidades se dieron debido a que, al momento en que se adjudicó la compra tanto la ministra Lara como el ministro Villegas, formaban parte de la Junta Directiva de AED —Lara era la vicepresidenta y Villegas era el Vocal 6—, lo que contraviene lo estipulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).
Dato D+: El artículo 18 de la Ley 8422 señala la prohibición a altos jerarcas de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado.
Según dio a conocer el Semanario Universidad, tanto Lara como Villegas señalaron haber renunciado en ese mismo mes a sus puestos directivos en la AED, pero la denuncia señala que esas renuncias no se dieron ni se registraron en los tiempos que establece la ley, y por lo tanto no resultaban válidas para evitar la prohibición que se mantenía sobre la AED. Así mismo, Miranda indicó que la AED tampoco realizó el trámite para solicitar a la Contraloría General de la República el levantamiento de las prohibición e incompatibilidades.
Dato D+: El artículo 22bis de la Ley 7494 establece que para que se levante la prohibición de contratación en las personas jurídicas donde participen jerarcas, la desvinculación debe darse al menos seis meses antes del nombramiento de las personas en sus puestos.
Adicionalmente, la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) prohíbe que participen como oferentes las personas jurídicas en las que participen los funcionarios que tienen prohibición —que incluye a los jerarcas de los Ministerios— o sus parientes cercanos. La denuncia presentada señala que en la Junta Directiva de la AED, al momento de la contratación, aparecían nombrados Philippe Garnier, hijo del ministro Garnier y Subsecretario de la Junta de AED, y Aurelia Garrido, prima de la ministra Garrido y Vocal 12 de la Junta de AED. Según la información disponible en el sitio de AED; ambos permanecen todavía como miembros de esa directiva, sin embargo, a pesar de haber sido incluida en la denuncia, el grado de consanguinidad entre la ministra Garrido y su familiar no está cubierto por la prohibición que establece la Ley 7494.
Dato D+: Según el artículo 22bis de la Ley 7494 la prohibición de contratación se extiende también a las personas jurídicas donde participe, con un puesto directivo o un 25% de las acciones, los parientes por consanguinidad o afinidad (hasta el tercer grado) de las personas funcionarias cubiertos por la prohibición.
La denuncia presentada también incluye a Olga Marta Sauma Uribe, apoderada legal de la AED, ya que durante el proceso de contratación en Sicop, presentó una declaración jurada —que consta en el expediente público de Sicop— afirmando que no le alcanzaban las prohibiciones ni inhibiciones de ley y firmando a título personal, cuando lo correcto era que, visto que la contratación se hacía a nombre de la AED, esta declaración jurada debía ser a título de la organización (en cuyo caso debía reconocer que sí tenían prohibiciones y limitaciones de ley) y no a título personal.
Adicionalmente, la denuncia también va dirigida en contra del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís Delgado, por el posible delito de prevaricato, al firmar la resolución que dio los supuestos fundamentos legales al contrato para la compra de diarios por parte de la AED.
Sobre otras irregularidades en el procedimiento, Miranda señaló que se omitieron una serie de requisitos a través de una contratación directa y se utilizaron mecanismos de excepción que, según la denuncia, estarían amparados en una interpretación abusiva de la ley.
Miranda confirmó que todas las pruebas ya se presentaron ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública, para que se realicen las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Desde Delfino.cr consultamos a Presidencia en horas de la tarde si había alguna reacción sobre la denuncia presentada, sin embargo, al cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.
Reacción Comisión Nacional de Emergencias
Sobre la denuncia presentada, desde la CNE se envió un comunicado de prensa, en el cual se señaló:
Debido a la denuncia interpuesta por el señor regidor Diego Miranda Mendez sobre la compra de alimentos en el marco de la emergencia sanitaria, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias aclara que todos los procesos de contratación fueron llevados a cabo apegados a la normativa vigente en la Ley de Contratación Administrativa y los reglamentos que operan en los procesos de contratación por emergencia".
Según indicó la CNE en el comunicado no se referirá al tema para que "el proceso que llevan los entes contralores, a partir de dicha denuncia, no se vea interrumpido ni viciado".
