Definitivamente la crisis financiera de Costa Rica no la provocó el coronavirus, la pandemia simplemente fue el detonante que materializó de manera exponencial las debilidades fiscales que venían heredándose desde décadas atrás, hasta el punto de generar un contexto tan crítico como el que hemos vivido hasta el día de hoy.
Cabe resaltar, que en el año 2018 con la aprobación de la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), se generó una convulsión social acompañada de una contracción en el consumo privado, debido a la incertidumbre infundada por la aprobación de dicha normativa, así mismo, las proyecciones para el año 2020 y 2021 reflejaban una reducción media del consumo privado del 0.29% y del 0.61% del PIB respectivamente.
Pero no solo se contrajo el consumo privado, ya que para el año 2019 las deficiencias en las finanzas del país continuaban acrecentándose, donde el endeudamiento llegaba al 58.5% del PIB, mientras el crecimiento del déficit fiscal en el mismo periodo llegaba al 6.7% del PIB.
Estos números dejan claro que la situación fiscal del país se encontraba en un proceso de deterioro, donde el endeudamiento y el déficit fiscal se mantenían en constante crecimiento, aunado a que el consumo privado sufrió una contracción que trajo consigo un menor dinamismo en la economía nacional.
Además, es importante indicar que para finales del año 2019 e inicios de 2020, se comenzó a dilucidar una economía que levemente parecía recobrarse, con lo cual las proyecciones del Banco Central de Costa Rica en el Programa Macroeconómico 2020-2021 reflejaban una recuperación de la economía del 2.5% del PIB para el 2020 y de un 3.0% del PIB para 2021.
Es indudable que la población tuvo que ajustarse a la reforma tributaria incorporada en la Ley 9635, por lo que al pasar los meses la economía del país reaccionó de una forma muy lenta; pero positiva, por lo que se dilucidaba un muy leve aumento de la actividad económica ante el atenuante crecimiento del endeudamiento y el déficit fiscal.
No es hasta el 6 de marzo de 2020 que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y Costa Rica ya venía padeciendo un gran deterioro en su situación financiera, por lo que el virus pandémico no fue el causante de la situación fiscal del país, simplemente fue el detonante de un cúmulo de deficiencias que expusieron el escenario real al cual se enfrentaba el país desde hace varias décadas, nada más que a niveles inéditos en la historia reciente de nuestro país.
Esta emergencia sanitaria cambió totalmente las proyecciones económicas, a tal punto que para diciembre de 2020 la actividad económica decayó cerca del 4.5%, aunado a que para el mismo periodo el déficit fiscal llegó al 8.1% del PIB, producto principalmente de ingresos tributarios que no superaron el 12.1% del PIB y de gastos primarios e intereses que alcanzaron el 16.7% del PIB en el mismo periodo, según lo citado en el Programa Macroeconómico 2021-2022.
Es tal la afectación de la pandemia, que el nivel de desempleo para diciembre 2020 en comparación con los números de diciembre 2019 aumentó un 57.6%, mientras que el nivel de pobreza aumentó a un 26.2% en julio 2020 en comparación con el 21.0% de julio 2019.
Ya ha pasado casi un año de esta situación tan crítica y los proyectos de reactivación económica no se perciben y aunque poco a poco las restricciones sanitarias se han suavizado, esto no ha generado el impulso que requiere el sector productivo nacional que ha sufrido niveles tan altos de deterioro.
La recuperación de Costa Rica será parcial y gradual dice la OCDE, donde el PIB crecerá un 2% en 2021 y un 3.8% en 2022; pero esto dependerá de las exportaciones impulsadas por la demanda estadounidense, el consumo privado, además de la relajación de las medidas de confinamiento.
Y a pesar de que son datos halagadores; aún Costa Rica no sale del letargo y la dinamización económica parece caminar a pasos muy lentos en una forma muy desigual, ya que mientras el sector de regímenes especiales creció un 5.3%, el régimen definitivo disminuyó 2.5%,
A pesar de la debacle, el Gobierno ha planteado una alternativa con la cual buscar la estabilidad macroeconómica que se requiere ante la coyuntura actual, propuesta que busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; en donde se incluye dentro de otros aspectos, soluciones estructurales y de política económica, para la reducción del gasto primario corriente del 16.45% del PIB al 13% del PIB en cinco años.
Es evidente que el panorama nacional es muy complicado y ante la brecha de acción que se hace cada día más estrecha, es importante que todos los recursos se manejen de una forma más eficiente, realizando acciones como el cambiar deuda cara por deuda barata, atacar la evasión fiscal, efectuar políticas económicas sectoriales y generar un Estado de bienestar, en donde el ciudadano no sea tan afectado por las políticas económicas extremadamente restrictivas, para generar la confianza que se requiere para reactivar los sectores productivos que han sido tan golpeados en los últimos años.
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