Los cinco rectores de la Universidades Públicas, enviaron un pronunciamiento en el que manifestaron la oposición del Consejo Nacional de Rectores (Conare) a la redacción del proyecto de reforma al empleo público (expediente 21.336) que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Dato D+: Los cinco rectores son Gustavo Gutiérrez Espeleta (UCR), Luis Paulino Méndez Badilla (TEC), Rodrigo Arias Camacho (UNED), Emmanuel González Alvarado (UTN) y Francisco González Alvarado (UNA) quien además es actualmente el presidente de Conare.

El comunicado señala que el Conare “se opone y se opondrá a un proyecto de ley” que:

  • Se aparte e ignore las necesidades del desarrollo de la institucionalidad pública nacional y los propósitos fundamentales que inspiraron nuestra Constitución Política.
  • Implique un desmantelamiento del Estado Social de Derecho.
  • Pretenda generar un simple ahorro económico y contable de las finanzas públicas sin valorar su impacto en la calidad y la inversión permanente que requieren los servicios públicos.
  • Debilite la gobernanza del país en cada uno de los ámbitos del servicio público que han sido descentralizados por disposición constitucional.
  • Atente contra los principios que deben inspirar la concepción, desarrollo y aseguramiento del personal requerido para la existencia de un servicio público altamente capacitado y profesionalizado para poder alcanzar las metas de la agenda nacional en desarrollo sostenible.
  • Atente contra el régimen de independencia y autonomía constitucionales conferido a las universidades estatales.
  • No resulte de procesos de diálogo social entre los sectores de gobierno y de las organizaciones de funcionarios públicos que genere la convicción nacional en cuanto a la necesidad de cualquier reforma y de sus alcances, sin perder las oportunidades ni los valores propios del ser costarricense.

El comunicado de Conare señala que “el Estado podrá ser redimensionado o reestructurado con miras a una mayor eficiencia y eficacia, pero nunca podrá alcanzar los mejores estándares de la institucionalidad pública a los que se aspiran, si sólo promueve la contratación y conservación de personal poco o mediocremente capacitado, resultado de un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro y que no responde a los principios de trabajo decente y sostenible”.

De acuerdo con Conare, la imposición de límites que contiene el proyecto de ley 21.336  “condenarán al Estado costarricense a una gran pérdida de potencial profesional en su recurso humano”.

Afectación a universidades públicas

Según indica el comunicado, desde Conare consideran que "las universidades públicas costarricenses han procurado generar condiciones que les permita competir en la atracción, sostenibilidad y relevo de docentes, científicos, técnicos y personal de apoyo a la academia", lo cual les permite formar las nuevas generaciones de profesionales con "el mejor recurso académico posible", y les brinda la posibilidad de contar con institutos de investigación y centros de producción cultural y artística, cuyo aporte al país "se ha reflejado en cada crisis nacional vivida en distintos ambitos".

Conare señaló su preocupación porque, en su criterio, la eventual aprobación de este proyecto de ley implicaría:

  • Quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional.
  • Atentar contra la descentralización de servicios estatales esenciales.
  • Revertir la despolitización del sistema del Servicio Civil defendida en nuestra Constitución Política al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su Director General.
  • Atentar contra la garantía de independencia entre poderes de la República.
  • Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social.
  • Violentar el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
  • Someter a las instituciones descentralizadas al poder centralizado del Poder Ejecutivo mediante la rectoría que en materia de empleo público se les pretende imponer.

Dato D+: El texto actualizado del proyecto establece que la rectoría del empleo público recaerá en el Servicio Civil, cuya dirección sería elegida por la Asamblea Legislativa.

Adicionalmente, el comunicado señala que, a criterio de Conare “cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y de control de legalidad y constitucionalidad de la gestión administrativa”.

En relación a las implicaciones del proyecto para la autonomía universitaria, Conare recordó que la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Política, implica que las universidades públicas deben:

  1. Estar fuera de la dirección del Poder Ejecutivo, de su jerarquía y poseer su propio Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior.
  2. Contar con plenas competencias administrativas y poderes de gobierno para cumplir sus fines.
  3. Gozar de plena potestad de autodeterminación para establecer sus planes, programas, presupuestos, servicios y organización internas.
  4. Tener plena potestad para emitir reglamentos, autónomos y de ejecución, regulando el servicio que prestan.
  5. Ejercer potestad plena para contratar y organizar directa y libremente todos los recursos humanos requeridos para el adecuado cumplimiento de su misión superior de cultura, educación, ciencia, tecnología y demás áreas del conocimiento humano.
  6. Garantizar y regular por medio de su potestad de gobierno el ejercicio de la libertad de cátedra, competencia exclusiva de las autoridades universitarias.

Dato D+: Desde 2019 las universidades públicas presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por considerar que a ellas no les aplica las reformas en temas salariales contenidas en el título III de esa ley. Esa acción está todavía en trámite en la Sala Constitucional.

Conare además señaló que “las naciones no deben escatimar la inversión en capital humano capacitado para el desarrollo de la institucionalidad pública que se requiere para la debida atención de las necesidades de su propio desarrollo”.

Según el criterio de Conare, el régimen de empleo de las personas funcionarias universitarias “no puede quedar sometido al Servicio Civil ni a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales”.

El texto del proyecto ha sido tramitado por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, la cual el día de hoy terminó de tramitar las 301 mociones presentadas el primer día habilitado. El texto ahora pasará al Plenario Legislativo. Si se presentan nuevas mociones antes de que eso suceda, deberá regresar a la Comisión para que las nuevas mociones sean conocidas.