En la jerga popular costarricense es un lugar común hablar de las instituciones públicas que “no sirven”. El veredicto del ciudadano cascarrabias siempre es el mismo: “hay que cerrarlas”. La semana pasada sugerí que Fanal podría convertirse en una planta de procesamiento de aceite de cannabis. Podría entonces procesar aceites esenciales de muchos otros productos naturales. Viene a mi memoria un querido tío que decía que si existiera un perfume de mango lo usaría a diario. Fanal podría también convertirse en una perfumería de calidad mundial.
Hace unos años se popularizó una propuesta del entonces diputado Ottón Solís para cerrar una serie de instituciones que se fusionaran bajo un mismo Ministerio. La misma no prosperó pero sus números eran atractivos: el Estado se economizaría decenas de miles de colones en esa fusión. Sin embargo, parecía que el ejercicio era reactivo: en lugar de buscar cómo crear nuevo valor o mejorar eficiencias se estaba pensando en dejar de perder o en reducir costos.
Seamos claros: es difícil justificar la permanencia de una institución pública donde sus miles de empleados devengan jugosos salarios, pero no se cumple la misión institucional. También es oportuno mencionar que las instituciones no se crean para que sean perpetuas: al cumplir con su ciclo de vida o tornarse obsoletas lo correcto es clausurarlas. También hay instituciones públicas que han existido por décadas y, aunque no destacan por su eficiencia, sí han sido capaces de transformarse y adaptarse a los tiempos. Un caso de éxito es Correos de Costa Rica, y todavía podría mejorar en eficiencia en tiempos en que la logística es una de las claves del éxito del comercio electrónico.
Entonces me pregunto de qué manera podríamos reconfigurar algunas instituciones públicas para renovarles su misión, remozarles la burocracia, actualizarlas con la digitalización, y ponerlas a trabajar al servicio de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XXI. Empiezo por la que provoca más roncha: la refinadora de petróleo que no refina, y que se encuentra a menos de 20 años de ver una migración dramática hacia la movilidad eléctrica. Pensemos que Recope, que ya tiene un mandato para procesamiento de hidrocarburos, pudiera reconvertirse en una autoridad reguladora del hidrógeno, una tecnología de almacenamiento de energías renovables muy prometedora que avanza a pasos acelerados en otras latitudes.
Continúo con otra que es innombrable por muchos: el CNP. Es un hecho que es harto ineficiente centralizar producción agrícola en la capital para luego redistribuírsela a mercados, escuelas y colegios de zonas rurales. Andar paseando frutas y vegetales en nuestras maltrechas carreteras es, además, una desconsideración medioambiental por la contaminación de los camiones que las transportan. Mientras tanto, una de las grandes disrupciones globales que se avecinan es en la producción de alimentos, donde pasaremos del modelo de extracción que le saca valor a la naturaleza, a un modelo de creación por medio de biotecnología, agricultura de precisión y métodos de producción regenerativos de la fertilidad de los suelos. El CNP podría ser la entidad encargada de estimular la transformación en la forma como producimos comida, adónde la producimos, cuánta distancia la trasladamos y por qué medios para llegar al consumidor final.
El ICE podría tener dificultades ante la demanda de electricidad que provocaría una eventual migración de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables para impulsar la flotilla vehicular. También le podría caer pesada la revolución solar en la que cada techo pudiera convertirse en un pequeño productor que ya no necesite comprarle electricidad al Estado. Recordemos lo que pasó cuando surgió Skype: nadie volvió a pagar nunca más por una llamada internacional. O lo que le pasó a los mensajes de texto cuando surgió Whatsapp. Son modelos de negocio de siglo XX que han sido superados. La institución —que debería ser benemérita de la patria— podría reconvertirse en el instituto solar de energía (para que le sigamos diciendo el “ISE”) y que se encargue de la cosecha del sol: energía fotovoltaica, eólica, incluso fotosíntesis. Con la capacidad instalada y la calidad de personal con la que cuenta, yo le encargaría todos los bosques del país existentes y los que están por regenerarse.
El MOPT podría convertirse en una autoridad nacional de infraestructura que se encargue de toda la construcción de obra pública en sentido amplio: carreteras, acueductos, escuelas, aeropuertos, graneros, estanques, qué sé yo. Que tenga mandato de verdadera autoridad con potestad para subcontratar por licitación y entrar en alianzas público-privadas. Hay muchos bienes públicos por construir y muchos otros en avanzado deterioro que requieren atención urgente y nadie parece hacerse responsable ni tener la capacidad de atender esta emergencia infraestructural en la que nos encontramos.
En todos estos casos, y asumiendo que dichas transformaciones fueran deseables, ¿qué se necesitaría? ¿Algunas reformas legislativas? ¿Diferentes prioridades municipales? ¿Inversión de mercados privados de capital? ¿Alianzas público-privadas? ¿Inversión extranjera? En general, me formulo dos preguntas básicas: ¿Nos apetece a los costarricenses estas transformaciones? ¿Tendremos el liderazgo visionario, estratégico y con la capacidad de gestión requerida?
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