La Contraloría General de la República realizó una auditoría en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) evaluando el servicio de atención de situaciones de emergencia para la seguridad ciudadana donde peligra la integridad física de las personas o sus bienes, y uno de sus principales hallazgos fue que en esas situaciones el tiempo promedio de respuesta para que llegaran oficiales al lugar, desde el traslado del 9-11 a la Dirección General de Fuerza Pública, fue de 38,25 minutos. La Contraloría destacó que, para este tipo de situaciones, los tiempos promedio de respuesta deberían estar entre los 7 y 9 minutos.

Otro de los hallazgos encontrados fue que se identificaron debilidades en la cadena de custodia de evidencia, la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública, en 16 Fiscalías del Ministerio Público. Según recordó la Contraloría, esta situación “puede poner en riesgo la integridad de elementos que podrían ser utilizados como prueba en procesos judiciales”.

Adicionalmente, la Contraloría realizó un control sobre una muestra de 149 informes policiales de 66 delegaciones, en los cuales encontró que 48 informes carecían de alguna de las características relevantes que debían contener. Además, en 94 casos, se encontró que los informes no se apegaron a la estructura definida por Seguridad, por lo que la Contraloría indicó que en esos casos “de requerir su uso, las autoridades judiciales se ven en la necesidad de efectuar un ejercicio de interpretación, para tratar de comprender a qué corresponde lo anotado”.

Dato D+: Los informes policiales son utilizados para comunicar y trasladar pruebas a las autoridades judiciales, y deben cumplir con siete requisitos: concisión, precisión, coherencia, estilo impersonal, objetividad, imparcialidad y confiabilidad.

El informe señala que las situaciones encontradas “potencian el riesgo de que la eficacia de las intervenciones policiales del MSP, sea en la atención de incidentes o en acciones policiales previamente planificadas, se vea disminuida; y puede limitar el margen de aplicación del marco jurídico por parte de las autoridades judiciales. Al tiempo que pone en riesgo la confianza y la credibilidad pueda tener la ciudadanía, sobre ambas autoridades”.

Como parte de la auditoría se dispuso solicitar al Ministro de Seguridad Pública y al Director General de la Fuerza Pública, que se establezcan “objetivos, metas e indicadores de desempeño, para impulsar y evaluar el servicio de atención de incidentes de emergencia para la seguridad ciudadana; y girar instrucciones para que se designen y establezcan controles, para que los funcionarios a cargo de la gestión de ese servicio, tengan la formación requerida”.

Adicionalmente, se le indicó a las autoridades de Seguridad que deben “integrar en programas de formación continua, la renovación periódica de conocimientos relativos a la cadena de custodia, la manipulación, entrega y empaque, de objetos que podrían estar relacionados con delitos, y la redacción de los informes policiales”.

Dato D+: Las disposiciones de la Contraloría son de acatamiento obligatorio para las autoridades.

El informe de auditoría completo puede ser leído en este enlace.