El Estado costarricense está a solo días de perder un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el presupuesto nacional 2021 y que le ahorraría 10 millones de dólares al año en intereses de la deuda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank; y a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández Sánchez, alertando que el BID rechazó a Costa Rica una prórroga al plazo para que el Contrato de Préstamo No. 5054/OC-CR sea aprobado por el Congreso y puesto en vigencia como Ley de la República.

José Ramón Gómez, representante del BID en Costa Rica, le informó al Gobierno que por el tipo de crédito que se está otorgando (Financiamiento Especial para el Desarrollo), el plazo establecido para la entrada en vigor es de máximo 180 días contados a partir de la fecha de firma del préstamo. Esas reglas, según Gómez, establecen que dicho plazo no es prorrogable con el fin de garantizar el objetivo de los recursos ($250 millones de dólares) y limitar los plazos de respuesta durante la etapa de emergencia que justifica su otorgamiento (en este caso, la pandemia de COVID-19).

Dato D+: El Financiamiento Especial para el Desarrollo es un instrumento financiero del BID que brinda apoyo a los países para abordar los efectos de crisis macroeconómicas o financieras sobre el desarrollo económico y social.

En su nota al Congreso, Villegas le recordó a los diputados que el Ejecutivo planteó el proyecto de ley desde el 6 de agosto y la Comisión de Asuntos Hacendarios inició su trámite el 19 del mismo mes.

El Gobierno advirtió el 5 de noviembre a los diputados de la fecha fatal para aprobar el crédito, sin embargo, no aceleraron el trámite. Es más: según los registros del Congreso, tras aprobar las audiencias y consultas al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Contraloría General de la República y el Banco Central de Costa Rica, desde el 10 de septiembre no se realiza ningún trámite al expediente en la Comisión de Hacendarios.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio afirmativo sobre el proyecto al señalar que el acceso a fuentes internacionales de financiamiento, distintas a la emisión de títulos valores permite ejercer menos presiones en el mercado interno para la financiación, lo cual se puede considerar como positivo pues se logra una mayor disponibilidad de recursos para la inversión privada.

"La financiación por organismos multilaterales se ha considerado más favorable que otros mecanismos como la colocación de títulos valores, en términos de plazo y tasas de interés. Durante la vigencia de la presente crisis internacional provocada por la pandemia del COVID-19 y la demanda sobre recursos públicos que ésta genera, una baja en las tasas de interés que deba pagar el erario por la utilización de esos recursos para la atención inmediata que genera en el plano económico la emergencia nacional vivida, es cuando asume una mayor relevancia la obtención de financiamiento con condiciones blandas que nos permita el regreso a la sostenibilidad fiscal en el menor plazo posible. Dado que la operación crediticia del presente proyecto se ajusta a estas características, es positivo que se constituya en una fuente de recursos disponible", señaló el ente contralor.

Hacienda respondió el 16 de setiembre que las condiciones financieras del endeudamiento resultan favorables a nivel de mercado y que el crédito constituye en un pilar importante en la estrategia de financiamiento del Gobierno ante la difícil situación fiscal del país y que se ha visto agudizada por el incremento del gasto público generado por la atención de la emergencia sanitaria COVID-19, lo cual impacta las necesidades de financiamiento del Gobierno. Por su parte, el Ministerio de Planificación dio su criterio positivo un día después, el 16 de septiembre.

El ministro de Hacienda hizo este lunes una petición para que el expediente sea tramitado antes del plazo establecido por el BID, ya que los recursos tienen como objetivo apoyar las políticas que el Gobierno está implementando para enfrentar la pandemia del COVID-19, con miras a preservar la estabilidad macroeconómica.

Villegas destacó que la tasa de interés ofrecida por el BID tiene condiciones muy favorables y se estima que generaría un ahorro de intereses en alrededor de $10 millones en forma anual, pues la tasa de interés es de alrededor de un 4% inferior a lo que costaría el mismo financiamiento en el mercado local.

El plazo para aprobar el crédito vence el 6 de enero de 2021, sin embargo, los diputados se irán a vacaciones el 18 de diciembre y volverán hasta el lunes 11 de enero de 2021. De este modo, solo quedan ocho días hábiles para el crédito sea dictaminado, aprobado en primer y segundo debate.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández; su compañera del PLN Ana Lucía Delgado, el diputado del PRSC Otto Roberto Vargas y el diputado Carlos Avendaño Calvo del PRN indicaron a La Nación que no ven posible que el crédito tenga trámite definitivo en lo que queda de este año.