El Programa de Alimentación y Nutrición a Escolares y Adolescentes (PANEA), del Ministerio de Educación Pública (MEP), atiende con el servicio de alimentación complementaria desde los comedores estudiantiles, a 850.500 estudiantes, de 4.500 escuelas y colegios a lo largo del país, en todas las modalidades y ciclos, que son atendidos por más de 7000 mujeres cocineras.

Este programa permite reforzar hábitos de higiene y fortalecer la educación nutricional en la población estudiantil, así como generar vínculos entre las familias de las personas beneficiarias y los centros educativos. Además, ha sido un apoyo importantísimo para los hogares más vulnerables con la distribución de alimentos durante estos meses de pandemia.

De estos alimentos depende, en muchos casos, la única comida saludable para gran cantidad de estudiantes. Es por esta razón que el MEP ha sido diligente en mantener los comedores estudiantiles abiertos en distritos con mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema, tanto en tiempo lectivo, como en tiempo no lectivo. No en balde, la Ley 9435 declara el trabajo de los comedores estudiantiles una labor de interés público.

Pero hay un factor administrativo que requiere toda nuestra atención, pues puede hacer tambalear la continuidad de este servicio, con todo el perjuicio que esto implicaría para el estudiantado y sus familias en términos de equidad, inclusión y prevención del ausentismo en el sistema educativo costarricense.

La contratación de las personas que trabajan en los comedores estudiantiles se da en dos modalidades. Actualmente, de las 7.730 personas cocineras que colaboran con el PANEA, 2.329 fueron nombradas por el MEP, y las otras 5.400, por las juntas de educación y juntas administrativas de los centros educativos.

El problema con esto, es que existen diferencias sustanciales en las condiciones laborales. Las personas cocineras contratadas por las juntas de educación y juntas administrativas están en franca desventaja frente a las que son parte de la planilla del MEP, aunque el origen de los recursos sea el mismo.

Esas diferencias generan situaciones de riesgo, que podrían forzar el cierre de algunos comedores en determinados momentos. Por ejemplo, que en 333 centros educativos la junta de educación o administrativa a cargo de las contrataciones presentan problemas de conformación, lo que no permite hacer transferencias ni asignar servicios designados. A esto debe sumarse el incumplimiento en el pago del salario mínimo del personal de cocina, irregularidades en los nombramientos, despidos injustificados, inestabilidad laboral y demandas laborales en contra del Estado.

En cambio, las personas contratadas por el MEP mediante procedimientos estatutarios del Servicio Civil, gozan de la estabilidad que les brinda el régimen de empleo público, así como las garantías de respeto a sus derechos laborales y a su dignidad como personas trabajadoras.

Una diferencia odiosa e injusta, que el MEP plantea resolver mediante la contratación directa de una parte de este personal; acción fuertemente criticada y desdeñada por algunas fuerzas políticas en días recientes.

Sin embargo, esto responde a la necesidad, no solo de generar estabilidad laboral para este personal, sino también, asegurar que la calidad y continuidad del servicio de alimentación para una cantidad importante de centros educativos, no dependa de factores que el MEP no puede controlar plenamente, al no ser responsable directo de todas las contrataciones. Continuidad que el país debe garantizar en respeto a las garantías laborales de las personas servidoras.

A las juntas de educación y juntas administrativas, siendo órganos ad honórem, este traslado de personal a la planilla del MEP les permitiría reducir decenas de funciones en el manejo de fondos públicos, procesos de contratación administrativa, pagos de servicios, mantenimiento y contabilidad, entre otros; lo que constituye sin duda, un beneficio a considerar.

Valga señalar también, que alrededor del 90% de las personas que trabajan en los comedores estudiantiles son mujeres. Es imperativo atender esta situación de desigualdad, con un enfoque de género. Estamos hablando de garantizar estabilidad laboral a mujeres, muchas de ellas madres o jefas de hogar, cuyo salario ya está subsidiado por el MEP.

Nos encontramos en una coyuntura que nos obliga como país a repensar acciones innovadoras, efectivas e inclusivas, que nos permitan dar soluciones duraderas a la situación fiscal que enfrentamos.

En este esquema, es necesario reflexionar sobre aquellas inversiones que más réditos dejan al país en lo social y lo económico. Las contrataciones del MEP, para garantizar la continuidad del servicio de comedores estudiantiles y la estabilidad laboral de las personas cocineras, es una de esas inversiones estratégicas de las que el país no puede prescindir.

Como legisladora, envío mi solidaridad, compromiso y un profundo agradecimiento a todas las personas que, desde los comedores estudiantiles brindan un valioso servicio a las y los estudiantes, las familias y las comunidades, aún en tiempo de pandemia. Ustedes merecen las garantías laborales del sector público, y el país requiere seguir contando con la gran labor que aportan al desarrollo integral de casi un millón de niñas, niños y adolescentes, en cuyas manos está el futuro de este país.

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