La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa responsabilizó al Ministerio de Educación Pública (MEP) por no garantizar el acceso a tecnologías digitales a más de 300.000 estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema, a pesar de contar con recursos públicos destinados para ello.

Mediante el informe final del expediente 24.593, los legisladores concluyeron que el Estado costarricense incumplió su deber constitucional de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, y recomendaron trasladar el caso al Ministerio Público para que valore la apertura de causas penales por presunto incumplimiento de deberes, así como a la Procuraduría de la Ética Pública, para investigar eventuales faltas éticas o administrativas de los jerarcas y funcionarios del MEP.

Además, la comisión pidió a la Contraloría General de la República una auditoría integral del cumplimiento del programa y a la Defensoría de los Habitantes que emita un informe especial sobre el impacto de la omisión en los derechos de niñas, niños y adolescentes en comunidades vulnerables.

"El Estado de Costa Rica no cumplió con la entrega oportuna de computadoras y conectividad a la población estudiantil en condición de pobreza y pobreza extrema. Esta situación ha impactado el derecho a la educación, profundizado la brecha digital, y constituye una violación a derechos humanos fundamentales", señala el informe aprobado por unanimidad.

Durante la investigación, la comisión determinó que el programa para la entrega de equipos tecnológicos financiado con fondos de Fonatel (administrados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones del Micitt) incurrió en múltiples fallas de ejecución. Aunque se compraron más de 86.000 computadoras y tabletas, una parte significativa nunca fue utilizada, ni entregada a los estudiantes que las requerían.

Según datos obtenidos por la comisión, al menos 12.858 equipos estaban sin uso y otros 15.150 no aparecían registrados en el sistema de préstamo digital TecnoPresta. Además, más del 35% de los dispositivos carecía de conectividad, a pesar de haber sido enviados a centros educativos que supuestamente contaban con acceso a internet.

El programa fue ejecutado en su mayoría durante el periodo de clases virtuales a causa de la pandemia. Sin embargo, los cambios en la estrategia de distribución tras el regreso a la presencialidad en 2022 provocaron que los equipos permanecieran almacenados en bodegas o escuelas, sin llegar a los estudiantes previstos.

La Comisión señaló que durante las comparecencias, la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, argumentó que el rediseño de la entrega obedeció a la necesidad de garantizar el uso adecuado de los dispositivos en entornos educativos presenciales. Además, responsabilizó al SINIRUBE y al IMAS por no contar con bases de datos actualizadas sobre beneficiarios.

Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, afirmó que el Micitt cumplió con su deber al entregar los dispositivos a los centros educativos, y que el seguimiento, préstamo y supervisión del uso correspondía exclusivamente al MEP.

El IMAS, por su parte, señaló que nunca tuvo custodia ni autoridad sobre los equipos, aunque remitió listados de población prioritaria. El SINIRUBE, sistema nacional de información sobre beneficiarios del Estado, recordó que la actualización de datos corresponde a las instituciones usuarias, y no a su oficina.

Otro punto de conflicto fue la finalización del convenio entre el MEP y la Fundación Omar Dengo (FOD). Tras el rompimiento, la FOD informó que una gran cantidad de dispositivos quedaron almacenados sin uso, y advirtió sobre la ausencia de un sistema alternativo eficiente para la trazabilidad y préstamo de los equipos.

La Contraloría General de la República confirmó estas observaciones, señalando que el MEP asumió el control de los dispositivos sin contar con el andamiaje administrativo y tecnológico adecuado para garantizar su correcta utilización.

Breves

— Liberación Nacional estaría anunciando este miércoles su apoyo a la vía rápida al proyecto de ley de jornadas 4x3, en una conferencia de prensa en la que participarán la fracción verdiblanca y su candidato presidencial, Álvaro Ramos Chaves. Durante este martes se vio a Pilar Cisneros (jefa del oficialismo), Oscar Izquierdo (jefe del PLN) y Daniela Rojas (proponente del proyecto, PUSC) conversar en el plenario, lo que levantó especulaciones sobre una posible negociación sobre este tema. Aunque Rojas negó que no se conversó de ningún acuerdo para darle vía rápida a ese proyecto, e Izquierdo afirmó que se conversaron "diferentes temas", sin entrar en detalles, la diputada Cisneros sí reveló que se habló de ese tema en específico.

— Con 40 votos a favor y 1 en contra se aprobó el expediente 24.992 "Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N° 10.620, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, del 6 de diciembre de 2024". 

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.474 "Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, Protocolos I y II, modificado por sus Protocolos de 1978 y 1997, sus anexos y enmiendas".

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el expediente 23.759 "Fortalecimiento del control tributario".

Leyes publicadas

En el Alcance N.º 77 a La Gaceta N.º 115 del 24 de junio de 2025 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes*:

— Ley 10.717 "Adición de un artículo 5 bis a la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y sus reformas, para destinar recursos a los puentes en rutas nacionales y cantonales, para su construcción, rehabilitación, ampliación de carriles, conservación y mantenimiento rutinario y periódico" que se tramitó bajo el expediente 23.562. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 24 de abril de 2025, por lo que transcurrieron 61 días para que fuera publicada en La Gaceta.

— Ley 10.708 "Ley para impulsar políticas públicas a favor de las mujeres a través de los registros administrativos y las investigaciones estadísticas" que se tramitó bajo el expediente 23.590. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 22 de abril de 2025, por lo que transcurrieron 63 días para que fuera publicada en La Gaceta.

— Ley 10.687 "Ley para incorporar al Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares en la distribución del impuesto único por concepto de derecho de salida del territorio nacional, por medio de la reforma al inciso 2 del artículo 2 de la Ley N.º 8316 del 26 de setiembre de 2002" que se tramitó bajo el expediente 24.377. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 1 de abril de 2025, por lo que transcurrieron 84 días para que fuera publicada en La Gaceta. (Rige un mes después de su publicación)*