Hoy enfrentamos como sociedad el mayor desafío del siglo XXI: la pandemia, que desborda los límites de la salud pública para generar una crisis económica, de empleo, de calidad de vida y también de orden político, expresado en problemas de gobernabilidad y gobernanza. La muerte y la enfermedad asecha y nadie puede estar al margen, aunque las condiciones de desigualdad otorgan posibilidades diferentes tanto en el contagio de la COVID-19 como en salir delante de la enfermedad. Pero lo cierto es que el tener un Estado de Derecho y una institucionalidad pública consolidada ha evitado que la tragedia sea mayor. No obstante, existen serios riesgos por el déficit fiscal del Estado y por no llegar acuerdos, que atenta contra la posibilidad futura de superar las crisis y reiniciar un despegue económico con desarrollo social.
En este contexto, no falta quien considere que es tiempo de recortar el estado, disminuir la inversión en educación y cultura, junto a mutilaciones de las funciones estatales. Este es un tiempo donde, desde las curules, pueden precipitarse y tomar decisiones contrarias a las requeridas para salir adelante. La historia reciente nos ha demostrado que nuestra mejor ventaja en este mundo globalizado y competitivo ha sido la paz social, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el recurso humano capacitado que el país ofrece, así como nuestra estabilidad política y capacidad de gobierno y gobernanza.
Los logros sobre los que se asentaron nuestro desarrollo ha sido el fruto de los acuerdos que como sociedad hemos alcanzado, aún en momentos tan difíciles como los de una guerra civil o cuando enfrentamos “desastres naturales” en el siglo XX y en la actualidad. Es decir, un estado conciliador fecundado a partir de la lucha fratricida, que logra no solo rediseñar las formas de convivencia social, sino también el modelo de desarrollo económico basado en diversificación de la estructura productiva y en el aporte de la institucionalidad estatal en infraestructura y energía, junto a mecanismos de financiamiento para el emprendimiento desde la banca pública. Todo ello con el aporte de la educación como basamento de una sociedad con oportunidades crecientes; máxime con el papel de las universidades públicas como instrumento social de desarrollo.
Las universidades cumplen un rol estratégico en el crecimiento económico y el desarrollo social al formar profesionales que han permitido al país contar con el conocimiento científico-tecnológico para desarrollar su modernización productiva y, más recientemente, competir en el mundo globalizado para la atracción de inversión y la generación de empleo y riqueza.
Además de crear conocimiento científico-tecnológico, cultural y de pensamiento, las universidades se ha convertido en un mecanismo de movilidad social ascendente, si consideramos que en ellas ingresas estudiantes de los distintos estratos sociales, incluyendo los deciles de menor ingreso, quienes mediante becas apropiadas han logrado graduarse y consolidarse como personas profesionales, que no solo brindan sus oportunos y necesarios servicios laborales, sino que también mejoran sus condiciones económicas de vida para sí y sus familias. Es decir, concreta los principios de oportunidad democrática.
En la condición de crisis actual, es necesario no desmembrar instituciones que son estratégicas para el presente y futuro del país. Vivimos en la “sociedad del conocimiento”, donde las ventajas comparativas de una sociedad a otra radican, en gran medida, en la capacidad y disponibilidad de conocimiento y tecnología. Es indispensable fortalecer y no debilitar las universidades públicas, que en Costa Rica han formado miles de profesionales de alta calidad y que ha generado más del 85% de la investigación y la producción de conocimiento y tecnología.
La superación de la crisis pasa por los acuerdos y la definición de rutas de desarrollo; no obstante, lo que se emprenda requerirá de conocimiento, tecnología, profesionales de alta capacidad y calidad, así como de valores, pensamiento y nuevas investigaciones que las universidades públicas pueden y están desarrollando. La pandemia ha hecho aún más visibles los aportes de las universidades públicas, tanto en lo referido a su investigación como a la tecnología y los aportes de sus graduados profesionales de grado y posgrado.
El país debe fortificar la calidad de la educación superior pública para lo cual debe financiarlas. Las universidades incrementar sus aportes para poder mantener lo mejor de nuestra sociedad para lo cual la resiliencia es una tarea contingente para continuar aportando no solo a la superación de la crisis, sino también para fortalecer la viabilidad de la sociedad costarricense democrática y de la estructura productiva en crecimiento con su propio espacio en el mundo globalizado.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
